Sentencia/Opinión disidente nº 123 de Tribunal Supremo, 16 de Julio de 1999

Actor:ADM DE TERRENOS
Demandado:UNION INDP.
Fecha de Resolución:16 de Julio de 1999
Emisor:Tribunal Supremo
CONTENIDO

99TSPR123

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Administración de TerrenosPeticionaria

V.

Unión Independiente de Empleados de la Administración de Terrenos

Recurrido

 Certiorari

99 TSPR 123

 

Número del Caso: CC-1998-0227

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Amelia Fortuño Ruiz

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Jaime E. Cruz Alvarez

Agencia Administrativa:

Junta de Relaciones del Trabajo

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I San Juan

Juez Ponente:

Hon. Giménez Muñoz

Fecha: 7/16/1999

Materia: Revisión de Decisión Administrativa

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Administración de Terrenos

Peticionaria

v.

Unión Independiente de Empleados

de Administración de Terrenos CC-1998-227

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 1999.

La peticionaria, Administración de Terrenos de Puerto Rico (en lo

sucesivo "la Administración"), recurre ante nos mediante certiorari,

solicitando que revisemos la resolución dictada por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones denegando la expedición del recurso de revisión de una decisión emitida por

la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (en lo sucesivo "la Junta").

En esta resolución el tribunal apelativo confirmó la decisión de la Junta a los efectos

de incluir el puesto de Secretaria Ejecutiva Gerencial de la Administración en la unidad

apropiada de negociación colectiva representada por la Unión Independiente de Empleados

de la Administración (en lo sucesivo "la Unión").

Luego de examinar y analizar los autos, así como los alegatos de las

partes, procede revocar la resolución del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Concluimos

que el puesto de Secretaria Ejecutiva Gerencial debe ser excluido de la unidad apropiada

de negociación colectiva representada por la Unión.

El 16 de noviembre de 1995, la Unión presentó ante la Junta una

petición para la clarificación de unidad apropiada de negociación colectiva

representada por dicho grupo laboral. Solicitó que se incluyera un total de cinco puestos

en la unidad apropiada, entre los cuales se encontraba el de Secretaria Ejecutiva

Gerencial.

Para realizar la correspondiente determinación, la Junta asignó el

caso a un jefe examinador, quien comenzó una investigación mediante entrevistas e

interrogatorios al personal pertinente, además del estudio de evidencia documental. El 5

de septiembre de 1996, el jefe examinador rindió un informe con su recomendación. En

cuanto al puesto de Secretaria Ejecutiva Gerencial, recomendó que debía permanecer

excluido de la unidad apropiada, ya que la persona que ocupaba este puesto recibía

instrucciones directas del Director de la División de Servicios Generales y tenía acceso

inmediato a información gerencial confidencial. Recomendó la inclusión de otros

puestos, no pertinentes al caso ante nos, en la unidad apropiada.

En reacción a esta recomendación, tanto la Unión como la

Administración presentaron escritos de excepciones. El 17 de octubre de 1996, la Junta,

luego de examinar y analizar el informe y los referidos escritos, resolvió la

controversia parcialmente en cuanto a algunos de los puestos. En lo concerniente a los

puestos de Secretaria Ejecutiva Gerencial y de Oficial de Recursos Humanos I, determinó

que un juez administrativo debería presidir una audiencia pública con el objeto de

dilucidar las dudas que presentaba el informe rendido por el oficial examinador y estudiar

a fondo la controversia específica en cuanto a estos cargos.

Cumpliendo con la determinación de la Junta, el juez administrativo

celebró una audiencia pública y el 28 de mayo de 1997 rindió su informe y

recomendación a la Junta. En cuanto al puesto de Secretaria Ejecutiva Gerencial,

recomendó que se incluyera en la unidad apropiada objeto de clarificación ya que según

éste, la prueba aportada por el patrono no demostró que dicho puesto tuviera acceso a

documentos y comunicaciones sobre asuntos de naturaleza laboral.

El 12 de agosto de 1997, la Junta adoptó la recomendación del juez

administrativo y emitió decisión y orden incluyendo el puesto de Secretaria Ejecutiva

Gerencial en la unidad apropiada de negociación colectiva que representa la Unión.

Oportunamente, la Administración presentó recurso de revisión ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones, alegando que la Junta había errado al incluir el

puesto en controversia en la unidad apropiada de negociación. El foro apelativo emitió

resolución el 30 de enero de 1998 confirmando las actuaciones de la Junta. Fundamentó su

determinación en que la decisión administrativa estuvo basada en el récord y que éste

tendió a probar que el puesto de Secretaria Ejecutiva Gerencial no está unido a los

puestos que formulan política obrero patronal, ni tiene conocimiento de esa política. La

Administración solicitó reconsideración de dicha determinación, la cual fue declarada

no ha lugar mediante resolución del 23 de febrero de 1998, archivada en autos el 2 de

marzo de 1998.

Inconforme, el 1 de abril de 1998 la Administración recurrió ante nos

mediante certiorari, aduciendo la comisión del siguiente error:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al confirmar la

decisión de la Honorable Junta de Relaciones del Trabajo de incluir el puesto de

Secretaria Ejecutiva Gerencial en la unidad apropiada que representa la recurrida a pesar

de que la prueba aportada justifica su exclusión toda vez que la empleada tiene acceso a

información confidencial relacionada a asuntos obrero patronales por lo que cae dentro de

la definición de empleado confidencial. La decisión de la Junta de Relaciones del

Trabajo no está sostenida por evidencia sustancial en el récord.

El 30 de abril de 1998 la Unión presentó su alegato en oposición a

que se expidiera el auto de certiorari. Examinados tanto el recurso como el alegato

en oposición, expedimos mandamiento de certiorari el 5 de junio de 1998.

Contando con el favor de la comparecencia de las partes estamos en

posición de resolver.

El procedimiento de

clarificación de unidad apropiada que rige en la actualidad en nuestra jurisdicción es

un calco del mecanismo federal que se utiliza para añadir a una unidad apropiada ciertos

empleados que al momento de formularse la petición no forman parte de ésta, pero que

debían pertenecer a la misma ya que comparten una misma comunidad de intereses. Pérez

Maldonado v. Junta, 132 D.P.R. 972 (1993); N.L.R.B. v. Magna Corp.,

734 F. 2d 1057 (1984). Así, la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A.

§61 et seq. (1995), le encomienda a la Junta la determinación de unidad apropiada

pero no dispone de un procedimiento para la clarificación de ésta.

En cuanto a este asunto expresamos en Pérez

Maldonado v. Junta, supra, que todo lo relacionado a la clarificación de las

unidades apropiadas se ha desarrollado por fiat administrativo, sin que la ley lo

establezca directa o expresamente.

La jurisprudencia ha identificado

principalmente el procedimiento de clarificación de unidad apropiada en cinco

situaciones, en algunas de las cuales no es menester consultar a las personas que ocupan

los empleos en cuestión, porque se presume que como dichos empleos son iguales a los que

están incluidos en la unidad apropiada contratante, todos los empleados comparten el

mismo interés en la representación. Asímismo, la doctrina establece que en la

determinación de la unidad apropiada, el factor clave es el identificar una comunidad de

intereses que comparten los empleados:

The touchstone of appropriate unit determinations is whether the

unit’s members have a recognizable community of interest sufficiently distinct from

other employees to warrant their inclusion in a single unit. In determining whether the

unit petitioned for in a particular case is appropriate, the NLRB has, with court

approval, traditionally looked to such factors as homogeneity and distinctness of units,

previous bargaining history in the company and the industry, similarity of jobs and

functions performed by employees, relationship of the proposed unit to the employer’s

organization, whether the employees are interchanged with other employees, the extent of

common supervision, the area bargaining pattern, the geographic proximity of the various

parts of the employer’s operation, differences in methods of compensation, hours of

work, and employment benefits, the amount of working time spent away from the plant, and

the degree of contact with other employees.(...) (Citas omitidas).

Los factores, entre otros, se pueden resumir en los siguientes:

1)comunidad de intereses, 2) grado de organización de los empleados, 3) historial de

negociación colectiva, 4) la categoría de los empleados envueltos, 5) términos y

condiciones de empleo que disfrutan los trabajadores, 6) la política patronal referente a

lo laboral.

Al hacer la determinación de qué empleados están incluidos en la

unidad apropiada la Junta tiene que tener en cuenta que la Ley de Relaciones del Trabajo, supra,

excluye de su definición de "empleado" a los ejecutivos y supervisores. Así

también la casuística ha incorporado otras categorías exceptuadas como los

"empleados íntimamente relacionados a la gerencia" y los "empleados

confidenciales".

La exclusión de "empleado confidencial" fue adoptada de la

jurisdicción federal y se discutió en el caso de Fábrica de Muebles Dimas. El

término "confidencial" únicamente incluye a aquellos empleados que actúan y

asisten en una capacidad confidencial a personas que desempeñan funciones de gerencia en

el campo de las relaciones obrero-patronales. La doctrina se refiere a aquel tipo de

trabajo que está relacionado con la información y conocimiento sobre las relaciones

obreras y la negociación colectiva. Cuando el empleado tiene que manejar documentos y

participa en reuniones y gestiones de las cuales se desprende la política laboral de la

empresa, efectúa el trabajo confidencial que lo excluye de la definición de

"empleado". Esta definición fue ampliada en Autoridad de las Fuentes

Fluviales, de manera que incluye a ciertas personas que si bien, no son ejecutivos ni

supervisores, en el conjunto de las tareas que realizan, atienden asuntos confidenciales

relativos a asuntos obrero-patronales, o están en una relación confidencial con las

personas que formulan o establecen las normas, directrices o la política obrero-patronal

de una empresa, o que como parte de sus funciones tienen acceso y/o conocimiento de la

política a seguir por la gerencia en cuanto a la manera de formular y administrar las

relaciones obrero-patronales. Dentro de esta categoría se encuentran también los

empleados que aunque no asisten personal que realiza funciones empresariales en el curso

de las relaciones obrero-patronales, sí tienen regularmente acceso a información

confidencial relacionada con posibles cambios futuros que pueden resultar de las

negociaciones colectivas.

Recapitulando, tenemos dentro de la clasificación de empleados

confidenciales los siguientes:

aquéllos que asisten en una capacidad confidencial a personas que

desempeñan funciones de gerencia en el campo de las relaciones obrero-patronales;

aquéllos que manejan documentos y tienen que verse involucrados en

reuniones y gestiones de las cuales se desprende la política laboral de la empresa;

aquéllos que están en una relación confidencial con las personas que

formulan o establecen las normas, directrices o la política obrero-patronal;

aquéllos que como parte de sus funciones tienen acceso y/o

conocimiento de la política a seguir por la gerencia en cuanto a la manera de formular y

administrar las relaciones obrero-patronales; y

aquéllos que aunque no asisten personal que realiza funciones

empresariales en el curso de las relaciones obrero-patronales, sí tienen regularmente

acceso a información confidencial relacionada con posibles cambios futuros que pueden

resultar de las negociaciones colectivas.

A pesar de que la Ley de Relaciones del Trabajo, supra, no

dispone procedimiento alguno para la clarificación de una unidad apropiada, la Junta

tiene que tomar en consideración todos los factores mencionados con anterioridad y

atender las exclusiones que hace la ley de la definición de empleados. Esto así para que

no se incluyan en una unidad apropiada puestos que no son compatibles con los propósitos

de la unidad. Para ésto tiene que hacer una investigación administrativa, llevar a cabo

vistas y tomar una decisión basada en el expediente del caso.

En el caso ante nos, la Junta determinó que el puesto de Secretaria

Ejecutiva Gerencial de la Administración debía incluirse en la unidad apropiada de

negociación colectiva representada por la Unión. Llegó a esta conclusión basándose

esencialmente en el testimonio de la secretaria y de sus supervisores inmediatos y en

prueba documental. La Junta tomó esta determinación a pesar de que el jefe examinador

recomendó no incluir dicho puesto en la unidad apropiada de negociación.

La recomendación del jefe examinador a los efectos de que no se

incluyera el puesto en controversia en la unidad apropiada, estuvo basada en entrevistas

con los incumbentes de los puestos, sus supervisores inmediatos y sus compañeros de

trabajo. Además, analizó e investigó el contenido de las opiniones escritas de las

partes, así como evidencia documental contenida en el expediente.

En dicho informe el jefe examinador analizó el puesto de Secretaria

Ejecutiva Gerencial. Determinó que dicho puesto estaba bajo la supervisión del Sr.

Edelmiro Rojas Negrón, Director de la Oficina de Servicios Generales. De conformidad con

la carta de deberes de este puesto, las funciones de la incumbente que ocupa el puesto son

las siguientes:

Tomar dictado y transcribir cartas, memorandos, informes de naturaleza

rutinaria o confidencial en español e inglés.

Mecanografiar, gestionar firmas y coordinar entrega de memorandos y

cartas de índole disciplinario.

Contestar correspondencia de índole rutinaria y sencilla para la firma

del Director o Ayudante Especial, según sea delegado.

Llevar el calendario de citas, actividades o reuniones de su supervisor

asegurándose de los seguimientos o recordatorios correspondientes.

Atender llamadas y querellas por teléfono; originar llamadas

telefónicas.

Cursar citaciones y coordinar entrevistas con empleados o visitantes.

Recibir, cotejar, sellar y registrar correspondencia y distribuirla

luego de haber sido revisada por el Director de la Oficina.

Cotejar tarjetas de asistencias (sic) de empleados, preparar hoja de

trámite y procesar.

Crear, organizar y mantener al día archivos de expedientes rutinarios,

confidenciales o investigaciones sobre asuntos de personal.

Reproducir, compaginar y distribuir documentos de índole confidencial.

Tomar y transcribir minutas de reuniones o visitas administrativas.

Custodiar y mantener al día el archivo particular de su supervisor.

Dar seguimiento y hacer recordatorios a asuntos pendientes.

 

Además, entre las tareas marginales de la Secretaria Ejecutiva

Gerencial, se encuentra la de participar en la planificación y ejecución o desarrollo de

planes de contingencia en casos de huelgas decretadas por la unidad apropiada.

Por otro lado, del Informe del Juez Administrativo de 28 de mayo de

1997, surge que la Secretaria Ejecutiva Gerencial es la asistente personal del Director de

Servicios Generales. El Director de esta área produce una serie de documentos

confidenciales relacionados con nombramientos de empleados y acciones disciplinarias, los

cuales son manejados y transcritos exclusivamente por su secretaria.

Surge también de la recomendación suscrita por el Juez Administrativo

que la incumbente en el puesto de secretaria en controversia prepara cartas de

amonestación a algunos de los empleados unionados, y que ésta sabe primero que nadie lo

que van a hacer con un compañero de trabajo. Esto incluye trabajos relacionados con

nombramientos, traslados y ascensos de empleados.

Aún así, el Juez Administrativo entendió que la persona que

desempeñaba este puesto no atiende asuntos confidenciales sobre relaciones

obrero-patronales o que como parte de sus funciones deba tener conocimiento de la

política a seguir por la gerencia en cuanto a la manera de formular y administrar las

relaciones obrero patronales. Así también, concluyó que los deberes y funciones

asignados al puesto en controversia no establecían en qué forma pudiera afectarse el

status de otros empleados al emitir un criterio de juicio discrecional, por lo cual este

puesto tampoco era uno íntimamente ligado a la gerencia.

Es un principio del derecho administrativo que las determinaciones

que realiza una agencia tienen que estar sustentadas por evidencia sustancial que obre en

el expediente. Las determinaciones de hecho que hace el organismo administrativo tienen

que descansar exclusivamente en evidencia y otras materias oficialmente admitidas en la

audiencia celebrada. Si dicha determinación no está sostenida por la prueba, la misma

estará sujeta a ser revisada por los tribunales apelativos. Dicha revisión judicial

está regulada por la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3

L.P.R.A. §2175 (1992), la cual dispone:

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el

peticionario tiene derecho a un remedio.

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán

sostenidas por el Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo.

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por

el Tribunal. (Enfasis nuestro).

Se entiende como evidencia sustancial aquélla evidencia relevante que

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. En Hilton

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1954), incorporamos a la

doctrina de "evidencia sustancial" dos ingredientes: (1) considerar otra prueba

en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia hasta el

punto de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir que la evidencia sea

sustancial, en vista de la totalidad de la prueba presentada, incluyendo aquella que sea

contraria al punto de vista de la agencia y hasta el punto de que se demuestre claramente

que la decisión de ésta no está justificada por una evaluación justa del peso de la

prueba; y (2) examinar la totalidad de la prueba presentada ante la agencia, o sea, que la

determinación de la agencia esté basada en la totalidad del récord.

Hemos resuelto, además, que aunque la revisión judicial está

condicionada por la deferencia que merece el organismo administrativo, esta deferencia no

otorga grado alguno de inmunidad a la actividad administrativa. Por lo tanto, las

determinaciones de una agencia administrativa estarán sujetas a ser revisadas

judicialmente si el foro apelativo se encuentra ante una actuación

arbitraria, ilegal o irrazonable o ante determinaciones huérfanas de prueba sustancial

en la totalidad del récord pertinente.

En el caso ante nos, enfrentamos una determinación de la Junta, que

luego de un exhaustivo examen y análisis, concluimos no estuvo basada en prueba

sustancial según la totalidad del récord.

De la totalidad del expediente del caso surge que la Secretaria

Ejecutiva Gerencial se desempeña como asistente personal del Director de Servicios

Generales, quien es un empleado gerencial, y que éste como parte de sus responsabilidades

recomienda acciones de asuntos obrero-patronales, tales como despidos, aumentos y

traslados de empleados, entre otras. Que para asistirlo en estas tareas la Secretaria

Ejecutiva Gerencial tiene acceso directo e inmediato a todos los documentos confidenciales

que se preparan en torno a estos asuntos. Así, ésta se encarga de mecanografiar y

coordinar la entrega de memorandos y cartas de índole disciplinario, custodia un archivo

confidencial con expedientes e investigaciones sobre asuntos de personal, y conoce de

antemano las medidas que se tomarán para con determinado empleado. Inclusive, los

documentos relacionados con la política laboral provenientes de la Oficina del Director

Ejecutivo y de la Oficina del Director de Recursos Humanos se le entregan a ella

exclusivamente para hacerlos llegar a su supervisor. Adicionalmente, ésta participa en la

planificación y ejecución de planes de contingencia en caso de huelgas decretadas por la

unidad apropiada.

A base de los hechos expuestos con anterioridad es forzoso concluir que

debido a la relación directa de la Secretaria Ejecutiva Gerencial con el Director del

Departamento de Servicios Generales y como consecuencia de las tareas que realiza, ésta

debe considerarse como una "empleada confidencial" a la luz de la doctrina

discutida. Por lo cual, dicho puesto no puede incluirse en la unidad apropiada de

negociación como solicita la Unión.

Por entender que la decisión de la Junta y la resolución del Tribunal

de Circuito de Apelaciones que la confirma no están justificadas por una evaluación

razonable de la totalidad del expediente y la evidencia sustancial, revocamos.

Se dicta sentencia revocando la resolución del Tribunal de Circuito de

Apelaciones de 30 de enero de 1998 y se deja sin efecto la Decisión y Orden de la Junta

de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico de 12 de agosto de 1997 en lo que respecta al

caso ante nuestra consideración. Se dispone que el puesto de Secretaria Ejecutiva

Gerencial de la Administración de Terrenos de Puerto Rico está excluido de la unidad

apropiada de negociación representada por la Unión Independiente de Empleados. Se

devuelve el caso a la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para que proceda de

conformidad con lo aquí dispuesto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente con opinión escrita. El Juez

Presidente señor Andréu García no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Administración de Terrenos

Peticionaria

vs. CC-1998-227 Certiorari

Unión Independiente de Empleados

de Administración de Terrenos

Recurrida

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER

BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 1999.

La norma que determina el alcance de la facultad judicial para revisar

las decisiones de las agencias administrativas es bien conocida y está expresamente

dispuesta en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Conforme a la norma

referida, las conclusiones de derecho en tales decisiones son "revisables en

todos sus aspectos por el tribunal". En cambio, las determinaciones de hechos "serán

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial...". 3

L.P.R.A. sec. 2175.

Reiteradamente hemos resuelto, en relación a la norma referida, que el

alcance de nuestra función revisora en cuanto a las cuestiones de derecho es muy distinto

al de nuestra facultad respecto a las cuestiones de hecho. En cuanto a las cuestiones de

derecho, tenemos la autoridad para revisarlas a fondo en todos sus extremos. Sin embargo,

en cuanto a las determinaciones de hechos, nuestra autoridad está claramente

limitada: podemos intervenir sólo si tales determinaciones no están apoyadas por

evidencia sustancial; es decir, podemos intervenir si la determinación de la

agencia es arbitraria, o tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. Reyes

Salcedo v. Policía de P.R., op. de 13 de mayo de 1997, 143 D.P.R. ___, 97 JTS 58; Fuertes

v. A.R.P.E., op. de 17 de diciembre de 1993, 134 D.P.R. ___, 93 JTS 165; Murphy

Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975). En efecto, de manera expresa y

muy deliberada hemos resuelto que "la norma de la evidencia sustancial,

aplicable a las determinaciones de hechos, persigue evitar la sustitución del

criterio del organismo administrativo... por el criterio del tribunal revisor".

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., supra. También hemos resuelto que "debemos

ser cautelosos al intervenir con dichas determinaciones [de hechos]", Metropolitana

S.E. v. A.R.P.E., op. de 10 de abril de 1995, 138 D.P.R. ___, 95 JTS 39; Fuertes v.

A.R.P.E., supra; Viajes Gallardo v. Homero Clavel, 131 D.P.R. 275

(1992); que se presumen correctas, Méndez & Co., Inc. v. D.A.C.O.,

104 D.P.R. 707 (1976). Basta que tengan una base racional para que dichas determinaciones

sean concluyentes para el foro judicial. D. Fernández, Derecho Administrativo y la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme, Editorial Forum, 1993, pág. 529.

En el caso de autos, una mayoría de este Tribunal se aparta de la

normativa referida. Por su propia admisión, dicha mayoría dice que realizó "un

exhaustivo examen y análisis" del expediente administrativo, para, a base de

tal examen y análisis, sustituir su juicio por el de la Junta de Relaciones del

Trabajo de Puerto Rico. Se trata claramente de una actuación ultra vires

de la mayoría de este Foro. No le corresponde a este Tribunal escudriñar de tal manera

supuestamente exhaustiva el expediente administrativo para formular sus propias

determinaciones de hechos. Lo único que nos compete es verificar si las

determinaciones de la Junta tienen apoyo sustancial en el expediente administrativo.

Al aplicar aquí la norma de revisión judicial referida, es evidente

que la mayoría comete un claro error en su dictamen. En la vista administrativa celebrada

en este caso por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, el juez examinador

interrogó al funcionario para quien trabajaba la secretaria cuyo puesto nos concierne.

Ese funcionario testificó: (1) que él no tenía participación como tal en los asuntos

sobre la política obrero-patronal de la agencia; (2) que no le correspondía, ni se le

había delegado, tarea confidencial alguna relacionada con asuntos obrero-patronales; y,

(3) que tales asuntos le correspondían a la Oficina de Recursos Humanos, y no a la

Oficina que él dirigía, que era la de Servicios Generales. Junto a este testimonio, el

juez examinador también consideró el de la propia secretaria cuyo puesto aquí nos

concierne. Esta testificó igualmente que ella no había redactado a maquinilla ni

archivado documentos confidenciales relacionados con la política obrero-patronal de la

agencia. Con arreglo a estos dos testimonios cruciales, el juez examinador

determinó como cuestión de hecho que la secretaria aludida no atendía asuntos

confidenciales sobre relaciones obrero-patronales. La propia Junta acogió esta

determinación.

Como puede observarse, la referida determinación de la Junta estuvo

claramente fundamentada en evidencia sustancial. No hay manera lógica alguna que este

Tribunal pueda concluir que la aludida determinación de hecho del juez examinador, que

interrogó los testigos aludidos y recibió los testimonios mencionados antes, fue

arbitraria y sin base racional.

En resumen, pues, una mayoría del Tribunal descarta por puro fiat

una bien fundada determinación de hecho de la Junta, y se aventura por su propia cuenta a

formular una determinación contraria a ésta a base de un supuesto "examen

exhaustivo" del expediente administrativo. Como no puedo estar conforme con un

dictamen tan contrario a las normas jurídicas aplicables, que además es en detrimento de

los derechos de un trabajador, disiento.

 

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

 

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