Sentencia nº 55 de Tribunal Supremo, 28 de Marzo de 2000

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2000TSPR55

EN

EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

 

In re:

 

Nicolás

Nogueras Cartagena

 

 

 

Querella

 

2000

TSPR 55

Número

del Caso: CP-1996-0002

Fecha:

28/03/2000

Oficina

del Procurador General: 

Lcda.

Ivonne Casanova Pelosi

Abogado

de la Parte Querellado:  

Por

Derecho Propio

 

Materia: 

Conducta Profesional

Este

documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto

a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial

de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

 

En el

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In

re:

Nicolás

Nogueras Cartagena       

CP-96-2

 

PER

CURIAM

San

Juan, Puerto Rico, 28 de marzo de 2000

 

En

las postrimerías de 1991, el Lcdo. Nicolás Nogueras Cartagena, en representación

de sesenta y ocho (68) residentes de Villa Panamericana, presentó una demanda

en daños y perjuicios contra la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda

(“CRUV”). Para esa fecha, el Lcdo. Nogueras Cartagena también fungía como

Senador en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

La

acción instada por el Lcdo. Nogueras Cartagena, luego de ser consolidada con

otra análoga, quedó ante la consideración del antiguo Tribunal Superior de

Puerto Rico, Sala de San Juan.

El 5

de agosto de 1992, el Gobernador Interino, Dr. Salvador M. Padilla, nombró al

Lcdo. y C.P.A. José L. Cotto Ramos como Síndico liquidador de la Oficina para

la Liquidación de Cuentas de la CRUV (“OLCCRUV”). Luego de varias

gestiones, el 14 de diciembre de 1992, el Lcdo. Cotto convocó a una reunión

con los demandantes para auscultar la posibilidad de que éstos llegasen a un

acuerdo con la CRUV. A esos fines, se ofreció a cada uno de los demandantes la

compra de sus viviendas por $37,000 y la concesión de la suma de $8,000 por

concepto de daños y perjuicios. En esta reunión no estuvieron presentes ni los

representantes legales del mencionado Síndico ni el Lcdo. Nogueras Cartagena.

El

Lcdo. Nogueras Cartagena representó a los demandantes en los conversaciones

subsiguientes. Así las cosas, el 29 de diciembre de 1992, el Lcdo. Nogueras

Cartagena y el Síndico, José L. Cotto, suscribieron un acuerdo

transaccional para disponer del pleito en cuanto a los clientes del Lcdo.

Nogueras Cartagena. En el mismo, se acordó que los demandantes recibirían

$45,000 y que su representante legal, Lcdo. Nogueras Cartagena, recibiría el

15% como honorarios.[1]

Cabe señalar que la representación legal del Síndico no participó en el

acuerdo suscrito.[2]

Presentada

la mencionada estipulación ante el tribunal de instancia, dicho foro dictó

sentencia parcial el 13 de enero de 1993. En dicho dictamen, el tribunal

incorporó la estipulación suscrita por las partes y dictó sentencia, dando

por desistido con perjuicio el pleito. Los días 2 y 3 de febrero de 1993, el

Lcdo. Nogueras Cartagena envió dos cartas al Síndico solicitando se

satisficieran sus honorarios de abogado, esto es, el 15% del total a recibir por

sus clientes como resultado de la estipulación. A raíz de dicho requerimiento,

el Síndico emitió el cheque núm. 2150 por la cantidad de $200,000 en concepto

de pago parcial al Lcdo. Nogueras Cartagena.

Transcurrido

poco más de un mes, luego de emitida la sentencia, los nuevos

representantes legales del Síndico comparecieron al tribunal e informaron que

las estipulaciones suscritas requerían más estudio[3].

En específico, los abogados interesaban indagar si todos los demandantes eran

acreedores de los beneficios de la transacción. Para ello, los nuevos abogados

del Síndico solicitaron que se dejase sin efecto la finalidad de la sentencia

hasta tanto concluyeran el estudio. Es de notar que, para esa fecha, tanto el término

establecido en la estipulación para el pago total a los demandantes, como el

plazo para solicitar reconsideración o apelar la sentencia, habían concluido.

Ante

el pedido de los nuevos representantes del Síndico, ese mismo día, el tribunal

emitió una orden para paralizar, por cuarenta y cinco (45) días, los pagos

ordenados por la sentencia en la que habían aprobado la estipulación.

Asimismo, el tribunal citó a las partes para una vista a celebrarse el 15 de

marzo de 1993. Al momento de la emisión de la orden de paralización, se había

efectuado el cierre de 15 contratos de compraventa con motivo de la estipulación

y la sentencia aprobando la misma.

La

paralización decretada por el tribunal, y el monto de los honorarios recibidos

por el abogado querellado, adquirieron notoriedad pública. Una de las voces que

cuestionaba la transacción fue el nuevo Síndico, Lcdo. Antonio Cabrero. Así

pues, el 4 de marzo de 1993, el Lcdo. Nogueras, como Vicepresidente del

Senado, suscribió dos comunicados de prensa exhortando al nuevo Síndico a

que cumpliera con las estipulaciones acordadas.

El 12

de marzo de 1993, el Lcdo. Cabrero presentó una Moción de Relevo de Sentencia

al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Planteó en la misma que la

estipulación aprobada por el Síndico anterior (Lcdo. Cotto) era nula por no

haber sido ratificada por la Junta Ratificadora de la Oficina del Síndico para

la Liquidación de la C.R.U.V. Eventualmente, el tribunal de instancia dejó sin

efecto la sentencia anteriormente dictada. El relevo de sentencia advino final y

firme.

Uno de

los residentes de Villa Panamericana[4]

se quejó ante este Tribunal de la conducta observada en este caso por el Lcdo.

Nogueras Cartagena. Remitimos el asunto a la Oficina del Procurador General de

Puerto Rico para la correspondiente investigación e informe. Recibido el mismo,

instruimos al Procurador General para que radicara la correspondiente querella,

lo cual hizo. En la querella se le imputan dos cargos al Lcdo. Nogueras

Cartagena, a saber: (1) violación al Canon 14 de Ética Profesional por

emitir un comunicado de prensa comentando un asunto que se encontraba

sub-judice; y (2) infringir el Canon 38 de Ética Profesional pues su conducta,

al negarse a devolver los honorarios concedidos en virtud de la estipulación

dejada sin efecto, tuvo la apariencia de ser impropia.

El

Lcdo. Nogueras Cartagena contestó la querella. En síntesis, planteó que, al

suscribir el comunicado de prensa ya no era el abogado del caso --pues la nueva

representante legal era la Lcda. Rosa Nogueras[5]--,

y que el Procurador no estableció que se le diera curso público al comunicado.

Además, arguyó que, de todas formas, “una exhortación pública de esa

naturaleza no interfiere con la función judicial, ni con el caso ni es

publicidad indebida del mismo, ni era su opinión como abogado sobre un pleito

pendiente.” Por ello, a su juicio, la expresión está amparada en el manto

constitucional de libertad de expresión tanto como ciudadano y como

legislador. En cuanto al asunto de la devolución de los honorarios, el

querellado  indicó que, tanto él

como la sociedad legal de gananciales, compuesta por su esposa y él, habían

adquirido un interés propietario en la cantidad pagada; que el pago efectuado

era el pago total de una Sentencia que por sus propios términos debía ser

satisfecha en su totalidad. Por último, planteó que el asunto se encuentra

sometido ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia donde las

partes litigarían, con todas las garantías del debido proceso de ley, la

controversia.

Luego

de varios trámites, designamos al ex-Juez Superior, Lcdo. Ramón Gómez Colón,

para que actuara como Comisionado Especial. Así las cosas, las partes le

informaron al Comisionado Especial que la controversia era una de...

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