Diez acusados podrían enfrentar la pena capital
Por Daniel Rivera Vargas
daniel.rivera@gfrmedia.com
Un listado de casos preparados por la organización identifica entre los acusados que podrían encarar la pena de muerte a figuras como Juan Enrique Seary Colón, apodado Ricky Diablo y vinculado a múltiples crímenes, y a los presuntos responsables del asesinato del publicista José Enrique Gómez Saladín, cuyo trágico secuestro y posterior asesinato conmocionó al país en tiempos recientes.
Estos son casos elegibles a la pena de muerte, pero que no fueron certificados como tal, ya sea por decisión de la fiscalía, decisión judicial u otras razones.
En el caso de Aurea Vázquez, acusada de matar a su esposo, un comerciante canadiense, la fiscalía federal no ha anunciado una posición, pero ya el juez Daniel R. Domínguez les exhortó que no debían buscar la pena capital.
El listado incluye casos identificados por la Coalición hasta el 1 de septiembre de este año, un día después que la fiscalía federal anunciara que no iba a buscar la pena capital contra supuestos miembros del grupo autodenominado Organización de Narcotraficantes Unidos (ONU), quienes están acusados por varios asesinatos, según el documento enviado por Edgardo Román, miembro de la Coalición.
"La determinación de la fiscalía federal de no solicitar la pena de muerte en ese caso (ONU) no fue objeto de explicación. No obstante, resulta importante destacar que a la fecha y, luego de siete intentos, la fiscalía federal no ha logrado su objetivo de obtener un veredicto de muerte en Puerto Rico. Las manifestaciones de repudio frente a la corte federal, así como las expresiones en contra de las pretensiones de la fiscalía federal son, sin duda, parte de los factores que explican por qué no se solicitó la pena de muerte en ese caso. Habrán otras, pero no puede descartarse que la oposición a la pena de muerte en Puerto Rico ha sido consistente", expresó Román en un escrito a miembros de la Coalición al que tuvo acceso este diario.
La pena de muerte fue abolida en Puerto Rico en 1928 y prohibida en la Constitución en 1952. Sin embargo, en virtud de la ley federal de pena de muerte de 1994, en Puerto Rico se celebran juicios de pena capital, aunque en ninguno de los siete casos celebrados en la Isla se ha avalado ejecutar al acusado.
El proceso judicial de un caso de pena de muerte inicia cuando la fiscalía federal en Puerto Rico hace una determinación inicial de que un acusado cometió un delito con agravantes que lo cualifican o es "elegible"...
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