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Choque de visiones sobre el rol de la Junta

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Vincent

WASHINGTON.- El Tribunal de Reclamaciones Federales determinó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es una entidad federal, con lo que contradice a la jueza de bancarrota Laura Taylor Swain en un caso en el que firmas de bonistas del gobierno de Puerto Rico sostienen que el gobierno de Estados Unidos también tiene responsabilidad sobre la deuda pública de la isla.La decisión no solo choca con la opinión de la jueza Swain, sino que, según expertos, pudiera tener el efecto de, por lo menos, retrasar o complicar los planes para lograr reestructurar este año la deuda de más de $70,000 millones de Puerto Rico.En términos concretos, el Tribunal de Reclamaciones Federales, con base en Washington D.C. y su propio circuito de apelaciones, rechazó desestimar una demanda de firmas de bonistas que sostienen que Estados Unidos tiene responsabilidad en el manejo de la deuda pública de Puerto Rico, y que la JSF, que controla las finanzas públicas de la isla, es su representante.Para esas firmas de inversiones, entre ellas Glendon Capital y Oaktree Capital Management, la Junta puede estar confiscándole dinero sin el debido proceso de ley, uno de los derechos fundamentales que bajo la Constitución de EE.UU. aplican en Puerto Rico.Al decidir que la JSF es una entidad federal, la jueza presidenta del Tribunal de Reclamaciones Federales, Susan Braden, determinó además que el caso presentado por fondos de cobertura de riesgo debe quedar paralizado en espera de que se decidan las impugnaciones constitucionales de la Ley Promesa presentadas por la firma Aurelius y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) ante la jueza Swain.La decisión de la jueza Braden fue emitida el pasado viernes, el mismo día en el que la jueza Swain -nombrada por el juez presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts, a dirigir el proceso judicial de bancarrota del gobierno de Puerto Rico-, resolvió, en respuesta a una moción de Aurelius, que los nombramientos hechos a la JSF son constitucionales.Bajo el criterio de la jueza Swain, el poder del Congreso es tan amplio para legislar sobre los territorios, quitar y dar poderes, que las siete designaciones a la JSF no tenían que cumplir con la cláusula constitucional por la cual los nombramientos hubiesen tenido que ser hechos por el presidente y ser...

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