Familia desatendió 35,000 denuncias

Por Ricardo Cortés Chico

rcortes@elnuevodia.com

La decisión de cerrar los casos fue impartida presuntamente por la propia titular de la agencia en la pasada administración, Yanitsia Irizarry, durante una reunión con los jefes regionales de la Administración de Familias y Niños (Adfan), varios días después de la vista de transición gubernamental en la que la exfuncionaria fue criticada duramente por los miembros del equipo del recién juramentado gobernador, Alejandro García Padilla, indicaron fuentes.

La designada titular de la agencia, Idalia Colón Rondón, señaló ayer que ya ha sido informada del cierre de los casos desatendidos y que entre las primeras gestiones que realizará estará verificar las denuncias y ordenarle a la nueva jefa de Adfan, Vanessa Pintado, que cada uno de estos casos cerrados o atrasados se investigue.

"Esto es una emergencia social que no puede esperar. No quiero ni imaginar cómo esto pudo pasar... Que el país tenga la certeza de que esos casos que fueron cerrados, y los que están en atraso, se van a investigar", señaló Colón Rondón.

"De ser cierto, estos funcionarios abdicaron a las funciones del cargo. Es un escándalo porque esa es la función de ser de la agencia", dijo, por su parte, Reynaldo Alegría, presidente de la Comisión de Derechos de los Niños del Colegio de Abogados.

La semana pasada, Audry Ortiz, coordinadora de la Unidad de Rápida Respuesta (URR) del DF, señaló desconocer sobre la reunión en la que Irizarry les impartió verbalmente la orden a los jefes regionales. Ayer, los intentos por obtener una reacción de la exsecretaria fueron infructuosos.

Colón Rondón explicó que todas las denuncias de maltrato, aun las que parezcan frívolas, deben ser investigadas, puesto que pueden ser la única señal que reciban del riesgo de daños físicos y mentales a los que pueden estar expuestos los menores.

"Toda querella tiene detrás un potencial de riesgo", dijo la funcionaria.

Según fuentes, la preocupación por los cerca de 35,000 casos atrasados presuntamente atribulaba a Irizarry, al punto que mantenía con cuidadosa secretividad las estadísticas oficiales de la agencia que dirigió desde el 2009.

Ya en noviembre de 2010, la agencia tenía problemas para mantenerse al día con el creciente número de denuncias de maltrato contra menores. Para entonces, se estimaban en 14,600 las querellas sin atender o bajo investigación. Esta cifra era equivalente al promedio de denuncias que recibían en un mes.

Los atrasos respondieron a...

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