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Firme en pedir exención de Ley Jones para la isla

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Vincent

El sector empresarial cerró filas a favor de que se pida al gobierno federal que exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje en el Plan para la Recuperación de Puerto Rico, pero no es la única voz, pues la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) hizo lo propio antier ante el Congreso.En las últimas semanas ha habido presiones para que el gobierno local retirara del plan la recomendación de la exención del estatuto, supo El Nuevo Día. Esto obligó a las principales organizaciones empresariales del país a moverse para contrarrestar cualquier intento de eliminar la petición e insistir en que la misma tenía que ser incluida en el plan.La preparación del documento estuvo a cargo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (CRRO, por sus siglas en inglés), establecida por orden ejecutiva en octubre de 2017 y adscrita a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. La CRRO tuvo el apoyo de FEMA y de RAND Corporation -empresa que tiene contrato con Homeland Security-, así como representantes de agencias estatales y federales, y del sector privado.Al cierre de esta edición, la CRRO continuaba "trabajando los últimos ajustes", en el documento final que enviaría al Congreso, según la portavoz de prensa de dicha oficina; por lo que se desconoce si finalmente incluyó la recomendación de la exención del estatuto federal o si la eliminó.Este diario le preguntó la pasada semana al Primer Ejecutivo si mantendría la recomendación en el documento final, como le ha pedido el sector privado, o si terminaría eliminándola. Ricardo Rosselló no fue categórico en su respuesta y sostuvo que ese tema trasciende Puerto Rico, ya que "hay mucha discusión en Washington desde hace tiempo" sobre si las leyes de cabotaje son necesarias o no. No obstante, tildó de "alarmante" el que no se tenga información clara sobre si el estatuto encarece los costos de transportación en la isla. "Hay informes que dicen una cosa de un lado y dicen una cosa de otro, y uno tiene que evaluar. Es imperativo que nosotros determinemos si tiene un impacto nefasto en la economía", contestó.La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) apoyó que se incluyera la derogación de la Ley Jones en el plan. Su presidente Kenneth Rivera, le cursó una carta a Omar Marrero, director ejecutivo de la CRRO, con copia al gobernador, el pasado 26 de julio en la que le reitera lo perjudicial que es el estatuto para Puerto Rico. "El elevado costo de transporte afecta...

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