A Fortaleza cambios al Código Penal
El proyecto de ley que enmienda cerca de una veintena de artículos del Código Penal, algunos vinculados a la libertad de expresión, pasó ayer el cedazo de la Cámara de Representantes y está listo para la firma del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Una vez el mandatario convierta en ley la medida sometida por el propio Ejecutivo, la normativa cobraría vigencia de forma inmediata.
Al cierre de esta edición, la legislación todavía no había salido del Capitolio, por lo que Yennifer Álvarez Jaimes, secretaria de Prensa de La Fortaleza, confirmó a El Nuevo Día que no sería firmada anoche.
La medida recibió los votos a favor de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y contó con la oposición de los representantes de las minorías popular e independentista. “Una vez más, el patrón de penalizar e intimidar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos democráticos queda consagrado en estas malas enmiendas al Código Penal”, señaló el representante popular Luis Vega Ramos.
Con las enmiendas impulsadas, en Puerto Rico, será delito interrumpir las labores en centros educativos, pegar pasquines sobre las paredes de los edificios, obstaculizar actividades turísticas, entre muchas otras conductas exhibidas en manifestaciones.
El proyecto, igualmente, restituye la llamada “Ley Tito Kayak”, que sanciona la obstrucción o paralización de obras de construcción públicas o privadas, e impone una pena de reclusión por un término fijo de tres años a cualquier persona que utilice un disfraz, una máscara o cualquier cosa que lo cubra parcial o completamente al cometer un delito en su modalidad agravada.
El vicepresidente cameral, José “Pichy” Torres Zamora, dijo estar complacido con el resultado de las enmiendas propuestas, y adelantó cambios adicionales en la próxima sesión que podrían ir dirigidos a elevar las penas a los narcotraficantes y a no penalizar con cárcel una primera intervención por el uso y posesión de marihuana para consumo individual.
Pero el representante independentista, Denis Márquez, criticó la medida porque considera que fue diseñada “con todo el sentido de venganza contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR)”, y criminaliza a las familias que están protestando frente a las escuelas públicas cuyo cierre fue anunciado en días recientes.
Adelantó que el estatuto sería retado en los tribunales. “Estoy convencido que va a haber cuestionamientos de su constitucionalidad, desde la Regla 6 (vista de causa para arresto)...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba