Frente a frente Justicia y la Iglesia
Por Limarys Suárez Torres
lsuarez1@elnuevodia.com
En una demanda de 25 páginas, la Diócesis de Arecibo, representada por Frank Torres-Viada y José Andréu Fuentes, solicitó al tribunal que emita una sentencia declaratoria que dictamine como inconstitucional los cuatro subpoenas diligenciados en su contra por Justicia y el fiscal de distrito de Arecibo, Wilson González Antongiorgi.
En la demanda, la Diócesis alega que Justicia intenta violar la cláusula de libertad de culto y el derecho de la Iglesia Católica de proteger la dignidad de las víctimas que voluntariamente decidieron acudir ante los procesos eclesiásticos para hacer sus denuncias por abuso sexual perpetrados por sacerdotes pederastas.
Asimismo, la Iglesia pide en la demanda que el juez superior de San Juan, Ángel Pagán Ocasio, que preside la sala 904 de recursos extraordinarios, le conceda un injuntion preliminar y permanente para que Justicia cese y desista de toda investigación que exija papeles confidenciales de la Iglesia Católica.
También piden un cese y desista para que Justicia deje de interferir indebidamente con los asuntos eclesiásticos y de gobierno interno de la Iglesia y puntualizan que las víctimas, al momento de querellarse con la Iglesia, ya eran adultos.
El secretario interino de Justicia, César Miranda, fue emplazado ayer cerca del mediodía. La vista para atender esta demanda quedó pautada para el viernes 21 de febrero a las 10:00 a.m.
"La Iglesia está reclamando inmunidad y eso no puede ser. Al final de la jornada, el juez tiene que hacer un balance de los intereses y tendrá que decir si la Iglesia, cuando investiga estos asuntos de abuso sexual de sus clérigos, es un asunto que las autoridades civiles no debe intervenir", sostuvo Carlos Ramos González, catedrático de Derecho Constitucional.
Según la demanda incoada por la Diócesis de Arecibo y su obispo, el obligar a la Iglesia a violar sus normas internas y divulgar al Estado la identidad de las víctimas coloca en peligro su capacidad para investigar futuros casos de abuso sexual y eso atenta contra su política institucional de erradicar este tipo de conducta sexual del clero.
Asimismo, la Diócesis de Arecibo y su obispo Fernández Torres alegan en la demanda que como parte de las investigaciones eclesiásticas que culminaron con la expulsión de seis sacerdotes, la Iglesia Católica le garantizó a las víctimas de abuso sexual la confidencialidad, privacidad y su dignidad. Los sacerdotes expulsados desde el 2011...
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