Hora cero para la nueva Ley de Armas

El trámite legislativo del proyecto que establece la nueva Ley de Armas debe finalizar esta tarde -en el último día de esta sesión legislativa- cuando los comités de conferencia creados ayer para atender diferencias en la medida se pongan de acuerdo en cuanto a su lenguaje.El proyecto de Ley de Armas, cuyo trámite legislativo arrancó en abril de 2017 bajo otra versión de la medida, no tiene garantizado su paso a convertirse en ley ante reiteradas expresiones del gobernador Ricardo Rosselló, quien ha dicho que no firmará ningún proyecto que facilite la obtención de armas en Puerto Rico.La propuesta reduce el costo y el período de obtención de una licencia para portar un arma de fuego.Ayer no fue posible obtener una reacción de La Fortaleza sobre la versión más reciente de la medida.El autor del proyecto, el senador novoprogresista Nelson Cruz Santiago, dijo que solamente impulsará una medida para definir lo que es el concepto de "historial de violencia". Ese lenguaje significaría una de las instancias en que el Estado podría denegar una licencia de armas."Es cuestión de establecer la definición. Me imagino que nos reuniremos hoy (ayer)", señaló Cruz Santiago.Durante la sesión de hoy domingo, la última de la Quinta Sesión Ordinaria, se debatirá en el Senado el presupuesto del país y el propuesto nuevo Código de Incentivos.Mientras, el Senado aprobó ayer el informe de comité de conferencia sobre una resolución que reparte $22.6 millones entre municipios y agencias para obra permanente. Esta es una de cinco resoluciones conjuntas sobre desembolso de dinero que la Junta de Supervisión Fiscal ha prometido serán invalidadas.De otra parte, el Proyecto del Senado 218, que regula los Proveedores de Servicios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) continúa sufriendo enmiendas. Una versión del entirillado, objetado por organizaciones como la Cooperativa de Farmacias de la Comunidad, dejaba en manos del Departamento de Asuntos del Consumidor la responsabilidad de regular los PBM, que son intermediarios que negocian los costos de medicamentos entre las compañías farmacéuticas y terceros pagadores tales como el gobierno, las compañías de seguros, las empresas y los pacientes que pagan directamente. Sin embargo, el senador penepé Ángel "Chayanne" Martínez dijo a El Nuevo Día que la versión más reciente del proyecto coloca esa responsabilidad en el Departamento de Salud.Todavía sigue en el aire otra enmienda que busca que la Administración de Seguros...

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