Incierta la creación de empleos
Por Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
La información trascendió en el tercer día de vistas públicas del proceso de transición, una jornada donde funcionarios del Departamento del Trabajo y Recursos (DTRH) y de las agencias públicas relacionadas con el fomento del empleo en Puerto Rico ofrecieron cifras incongruentes, tanto de los fondos que administraron, como de los empleos que pudieron retener o crear en cuatro años.
Por un lado, el DTRH destacó que entre los años 2009 y 2012 invirtió unos $ 165 millones en incentivos salariales a través de la Ley de Seguridad en el Empleo (Ley 52). La cifra propició la creación o retención de 16,135 puestos de trabajo, lo que implica que el Gobierno invirtió por cada uno de esos empleos unos $ 10,226.
La secretaria interina del DTRH, Elvira Cancio, destacó también los avances en la producción de estadísticas laborales -un señalamiento hecho por las autoridades federales que le expuso a la pérdida de fondos- y aquellos en la prestación de servicios a patronos y desempleados. Estos últimos recibieron $ 42 millones del Seguro por Desempleo.
De igual forma, se resaltó la asignación de unos $ 23.5 millones al programa de Fomento al Empleo, lo que se hizo con un préstamo al Fondo del Seguro Choferil, todavía por pagarse, pero no se indicó cuántos empleos se crearon por tales iniciativas.
Mientras, cuando Aurelio González Cubero, jefe de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), ofreció detalles de los fondos federales por la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA, por sus siglas en inglés), este solo reseñó las cifras del año fiscal en curso. En el año fiscal 2012-2013, la ADL recibió unos $ 58 millones por ese concepto.
La cifra actual, explicó, es mucho menor de lo recibido en años anteriores, pero el funcionario no precisó cuántas personas se beneficiaron de estos ni cuántas otras participaron de otro $ 1 millón asignado al Programa de Mujeres Empresarias.
Por otra parte, el equipo saliente no pudo asegurar que los pagos hechos a los contratistas Platinum Advisors y Tornasol, entre otros, se tradujeron en servicios o en un nuevo empleo para miles de trabajadores desplazados.
Al inicio del cuatrienio, tales empresas recibieron contratos del Gobierno para atender a unas 23,000 personas que perdieron sus empleos en el sector público y privado. El pago por cada desplazado fue de unos $ 1,200 por cabeza para un total de unos $ 27.6 millones.
Asimismo, y a preguntas del Comité de...
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