Junta Fiscal busca atajar conflictos de interés

En un plazo de tres a seis meses, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tendrá un procedimiento para identificar y atender la apariencia o existencia de conflicto de interés por parte de miembros o funcionarios, informó la oficial de Ética del organismo, Andrea Bonime-Blanc.

Entre otras cosas, dichos procedimientos requerirán a los miembros y funcionarios elegibles de la JSF disponer de inversiones o activos relacionados con Puerto Rico y que podrían afectarse por las decisiones del ente fiscal. Si no lo hacen, tendrán que inhibirse de participar en el análisis, rechazo o aprobación de las medidas que incidan en tales activos o inversiones.

“Este es un rol súper nuevo y no tiene antecedente. Estamos inventándolo a medida que vamos desarrollándolo. Tenemos la ley, el reglamento (de la JSF) y lo que yo diría son las mejores prácticas”, dijo Bonime-Blanc, dedicada al desarrollo de programas de ética, cumplimiento y manejo de riesgo en grandes empresas estadounidenses y europeas e, incluso, ha provisto asesoría en el tema a ciertos programas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“La junta es un grupo único, pero, al mismo tiempo, son directores que están sirviendo sin ser pagados, que fueron nombrados por el presidente de los Estados Unidos y tienen algunas obligaciones de preocuparse por conflictos, pero, cuando hicieron su reglamento, ellos decidieron que irían más allá de la ley”, explicó la ejecutiva.c

El pasado 13 de marzo, la Junta contrató a la empresa de Bonime-Blanc -GEC Risk Advisory- para procurar que los miembros del organismo y los oficiales sujetos a la ley federal PROMESA cumplan con la radicación de informes financieros trimestrales y anuales, al tiempo que se identifiquen, eviten o corrijan instancias de conflicto de interés o la apariencia de estos.

El pasado 28 de febrero, los integrantes de la JSF, el representante del Gobierno en el organismo y otros funcionarios divulgaron datos de sus inversiones, ingresos y otros activos, pero no se dio información precisa.

Bonime-Blanc prestará sus servicios por dos años, a razón de $750 por hora, según el contrato divulgado por la JSF.

PROMESA exige a los miembros y oficiales de la JSF divulgar sus intereses financieros según lo establece la ley de Ética federal, pero al crear la entidad jurídica, sus miembros adoptaron un código de ética y crearon el cargo que ocupa Bonime-Blanc.

La definición de conflicto

Según Bonime-Blanc, la JSF es una estructura híbrida. A pesar de que fue...

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