La Junta justifica su tesis
Puerto Rico necesita derogar la Ley 80 porque la reforma laboral que aprobó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hace un año fue insuficiente, y porque adoptar el empleo a voluntad junto con el crédito por ingreso devengado (EITC, en inglés), entre otras medidas, ha servido para que otros países y jurisdicciones puedan ser más competitivos y crecer.
Eso, en esencia, ha planteado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en un memorando explicativo acerca de la reforma laboral con el que busca –utilizando literatura científica en el tema– evidenciar que en lugar de afectar a los trabajadores, “flexibilizar” las reglas que aplican en las relaciones obrero-patronales se traducirá en más inversión y mejores empleos.
La JSF divulgó el memorando el pasado lunes y lo envió a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, justo el día antes de que Rosselló Nevares enviara a la Legislatura el proyecto de administración A-77 y que, de aprobarse, pondría fin al marco legal que ha prevalecido en la contratación de empleados en el sector privado desde 1976.
El cabildeo en la Legislatura
Hasta ayer, las negociaciones entre La Fortaleza y los legisladores de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para lograr la eliminación de la Ley 80 estaban avanzadas, al punto de que en la Cámara de Representantes, Rosselló Nevares había conseguido el endoso de 23 representantes.
Fuentes de El Nuevo Día aseguran que los tres votos restantes para aprobar la pieza se van a conseguir en el camino.
Fuentes aseguraron que el apoyo se conseguiría a pesar de la férrea oposición a eliminar la ley de los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló, José “Quiquito” Meléndez y Urayoán Hernández.
El escenario en el Senado es otro. Allí, dos fuerzas mayores mueven fichas para ambos extremos: el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, y el gobernador.
Rivera Schatz, por ejemplo, se opone tenazmente a la medida. En la Cámara alta, se necesitan 16 votos a favor.
Las delegaciones del Partido Popular Democrático y del Partido Independentista Puertorriqueño han expresado que votarán en contra.
La visión de la junta
“A menos que Puerto Rico aumente sustancialmente la participación de su fuerza laboral y el empleo, los ingresos continuarán cayendo por debajo de aquellos en los estados continentales y la migración continuará alejando a los puertorriqueños de su lugar de nacimiento”, reza el memorando explicativo de unas 35 páginas más sobre 2,000...
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