LESIONADAS LAS ARCAS DEL FONDO

Por Wilma Maldonado Arrigoitía

wilma.maldonado@gfrmedia.com

Una investigación sobre las finanzas, contratos y préstamos de la corporación reveló que parte de las aportaciones patronales se han utilizado para fines ajenos a los de ofrecer un seguro que garantice el tratamiento por lesiones físicas o psicológicas que los empleados públicos sufran en el trabajo.

Irónicamente, al mismo tiempo, la gerencia de la CFSE, en su búsqueda de economías presupuestarias, ha recortado importantes partidas concernientes a los servicios que debe prestar esta gran aseguradora gubernamental, en detrimento de trabajadores lesionados.

El Nuevo Día constató que el Gobierno central le ha metido la mano al bolsillo a la millonaria aportación de los patronos y ha convertido a la CFSE en un colosal prestamista y benefactor que no verá de vuelta el dinero que ha salido de sus arcas.

En mayo de 2011, el gobernador Luis Fortuño firmó la Orden Ejecutiva 2011-016 que obligó a la CFSE a transferir $ 15 millones al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para sufragar empleos de verano para jóvenes. Según la orden, la corporación pública tenía que regalarle al DTRH -no fue un préstamo- $ 7.5 millones en el 2011, y la misma suma en el 2012.

La justificación para que la CFSE subvencionara un programa de otra agencia fue que a los jóvenes empleados se les orientaría sobre "los beneficios que están disponibles a través del Fondo del Seguro del Estado ante un accidente ocupacional".

El Gobierno también les echó mano a los fondos de reserva de la CFSE para cuadrar el presupuesto del año fiscal 2012-2013 al aprobar la Ley 134, que compromete a la corporación pública a transferir $ 24 millones para gastos ordinarios de distintas dependencias.

Por disposición de esa ley se creó el Fondo para el Apoyo Presupuestario 2012-2013, que se nutrió de $ 12.5 millones del Fondo de Reserva de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Los $ 36.5 millones sustraídos de las reservas de estas corporaciones públicas se distribuyeron en $ 2.5 millones a la Autoridad Metropolitana de Autobuses para la compra de materiales y suministros, $ 25 millones al Consejo de Educación de Puerto Rico para becas y ayudas educativas establecidas por la Ley 435 del 2004, $ 2.5 millones al Departamento de Hacienda para gastos de funcionamiento de Servicios Legales de Puerto Rico, $ 5 millones para gastos de funcionamiento de la Oficina de Administración de los Tribunales...

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