NC***Fusté impone sentencia de 12 años a sujeto que mantuvo como rehenes a familia
NC***Fusté impone sentencia de 12 años a sujeto que mantuvo como rehenes a familia
Mariana Cobián
mariana.cobian@gfrmedia.com
Carmelo R. González Román, quien en diciembre de 2014 mantuvo a una familia de Luquillo como rehén por horas, mientras llevaba a uno de sus miembros por distintos bancos retirando dinero, fue sentenciado a 12 años de cárcel a nivel federal.
Fue el juez federal José A. Fusté quien el 9 de julio pasado, lo sentenció a 12 años de cárcel y cinco años de libertad supervisada, y emitió un memorando apoyando la pena impuesta porque fue por encima a los 10 años sugeridos por las partes en el acuerdo de culpabilidad. Debido a que el hoy convicto puede apelar la sentencia, el juez presentó el escrito para apoyar su determinación.
González Román fue acusado a nivel federal el 21 de enero pasado por cargos de carjacking, robo a mano armada y violaciones de armas. El 24 de marzo pasado hizo alegación de culpabilidad solamente por el último cargo con una sentencia sugerida por el fiscal Nicholas Warren y la abogada Yasmín Irizarry, de la Oficina del Defensor Público federal de 10 años de cárcel, a cumplirse concurrentemente con cinco años a los que fue sentenciado a nivel estatal por un caso aparte de armas.
El juez se fue por encima de la sentencia sugerida al tomar en consideración el macro del caso, "que era necesario por los detalles horrorosos de este crimen".
"Un juez federal puede seguir los acuerdos y dejar que las partes sean las que impongan el tono del proceso de sentencia. Esa es una ruta fácil. No hay apelación, no hay riesgo de amenazas en contra el juez y, por supuesto, que todos estén felices, tanto el acusado, como fiscales y abogado de defensa. Sin embargo, entendemos que la sentencia es una función integral del proceso judicial y, al ejecutar la difícil tarea, no podemos rendir nuestras convicciones honestas sobre los efectos del crimen solo para complacer a otros y evitar discordias. Esta corte no está dispuesta a dar por sentado su obligación, algo que ha plagado el sistema de justicia criminal estatal en Puerto Rico en detrimento de la calidad de vida y de las comunidades donde vivimos", lee el memo del juez.
Destacó que aunque se declaró culpable solamente por el caso de armas, "no podemos evaluar el caso con gríngolas como la abogada propuso, hay que considerar la conducta completa".
Los cinco años a nivel estatal fueron impuestos el 7 de marzo pasado en el Tribunal de Bayamón...
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