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En peligro el derecho a la fianza

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Vincent

Aunque su revisión es esencial ante las transformaciones que ha experimentado el sistema jurídico a través de los años, algunos de los cambios propuestos a las Reglas de Procedimiento Criminal -como los relacionados con la fianza- son cuestionados por expertos, al advertir sobre las posibles violaciones de derechos constitucionales.Una de las enmiendas propuestas en junio -como parte del análisis realizado por un comité asesor permanente del Tribunal Supremo- es la confiscación de la fianza ante la incomparecencia de la persona imputada en cualquier etapa del proceso o por el incumplimiento de las condiciones de libertad provisional.En síntesis, la propuesta establece que, en aquellas circunstancias "extremas" en que la persona imputada incumpla con la condición o condiciones impuestas, el tribunal podrá modificar la fianza o las condiciones o emitir alguna otra orden para garantizar su cumplimiento."El derecho a la fianza está protegido por la Constitución de Puerto Rico… lo puedes renunciar, pero no te lo pueden quitar", señaló el licenciado Juan Carlos Vélez Santana, de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y Abogadas, al evaluar la propuesta.Históricamente, explicó Vélez Santana, el propósito del derecho a la fianza ha sido garantizar la comparecencia de la persona imputada. No obstante, jueces han utilizado el mecanismo desde una visión punitiva, "predicando la premisa errada de que se trata de un delito aberrante", pero bajo este alegato, advirtió, "se atenta y da al traste con la presunción de inocencia"."Realmente es un ejercicio de futilidad. El querer confiscar una fianza atenta contra ese principio constitucional", sostuvo el abogado Arturo Hernández, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, al sostener que el ordenamiento vigente establece otros mecanismos, como la imposición de una fianza adicional por el nuevo delito imputado.De hecho, esta controversia sobre el monto de las fianzas y si es o no equivalente al delito imputado al acusado ha vuelto a ser parte de la discusión pública tras el asesinato de Arellys Mercado.A Jensen Medina Cardona, acusado del asesinato de la joven de 34 años, se le impuso -en principio- una fianza de $300,000, que le permitió mantenerse en libertad bajo supervisión electrónica. Ayer, sin embargo, se le aumentó a $1,150,000 y, al no prestarla, sería ingresado a prisión.Según el Informe de Reglas de Procedimiento Criminal, tres de los 10 miembros del Comité Asesor Permanente se...

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