La Policía fija su posición ante el tribunal

El término impuesto por el juez federal Gustavo Gelpí para que la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal presentaran sus posiciones sobre la creación del Departamento de Seguridad Pública y su impacto sobre la reforma del cuerpo policial venció ayer.

En mayo pasado, el monitor de la Policía, el coronel Arnaldo Claudio, manifestó que la creación de dicho Departamento podría afectar la Reforma. Dichos reparos se presentaron en un informe confidencial de 22 páginas que fue compartido con las partes cuando aún no se había convertido en ley el proyecto que creó el Departamento de Seguridad Pública.

Para el licenciado Alfonso Orona, asesor legal del gobernador Ricardo Rosselló, el que la Policía presentara una posición sobre el impacto de la recién creada agencia sobre la reforma resulta redundante puesto que la Policía y el Departamento de Seguridad Pública son agencias del Gobierno de Puerto Rico.

“Las partes en el pleito son el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal. Al ser el Departamento de Seguridad Pública una agencia del gobierno, no es necesario incluirla porque ya el gobierno de Puerto Rico se comprometió a hacer las reestructuraciones necesarias y a cumplir con los requisitos del acuerdo. La parte es el gobierno de Puerto Rico que ya está cumpliendo con la reforma”, indicó Orona a El Nuevo Día.

La Reforma de la Policía fue pactada luego de que dicha agencia fuera objeto de múltiples demandas a nivel estatal y federal por violación de derechos civiles en eventos relacionados mayormente con el manejo de la fuerza al momento de intervenir en manifestaciones y protestas ciudadanas durante la incumbencia del recién designado secretario del Departamento de Seguridad...

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