Protección para religiosos señalados
Por Limarys Suárez Torres
lsuarez1@elnuevodia.com
Así lo asegura una demanda federal de la víctima de un sacerdote pederasta que oficiaba en una parroquia de la diócesis arecibeña, presentada contra el pasado obispo de Arecibo, Iñaki Mallona, y el cura imputado de pederastia José Luis García. El Nuevo Día obtuvo copia del recurso legal presentado ante el Tribunal Federal en Puerto Rico.
Según la demanda, desde 1962 el Vaticano impartió una directriz a todos sus obispos y líderes religiosos de mantener en secreto y fuera del alcance de las autoridades civiles los casos de bestialismo y abuso sexual de sacerdotes pederastas. El obispo Mallona siguió esas órdenes en la Diócesis de Arecibo, de acuerdo con el documento.
La directriz titulada "La Instrucción" ordenaba a la curia a ser diligente con el almacenamiento de archivos confidenciales en una especie de sistema de clasificación, a fin de restringir el acceso a las autoridades civiles.
"La Instrucción contiene directrices precisas sobre cómo los obispos y los líderes religiosos procederían en los casos en los que sacerdotes se involucraran en conducta sexual con menores de edad o bestialismo. (La Instrucción) indica que transferir a los sacerdotes pedófilos a diferentes iglesias era la forma apropiada para tratar con el problema", reza la demanda federal.
"Si los líderes de la Iglesia consideran que las acusaciones carecen de fundamento tienen la obligación de destruir todos los documentos. Sin embargo, si las acusaciones tienen fundamento, el obispo y los líderes de la Iglesia deben mantener los documentos pertinentes en expedientes secretos... La Instrucción identifica como los peores crímenes cualquier acto obsceno, externo, gravemente pecaminoso perpetrado en modo alguno por un sacerdote con jóvenes de cualquier sexo o bestialismo", subraya la demanda.
Este demanda, radicada el 23 de junio de 2010 y que atendió la jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo, culminó con una transacción extrajudicial que firmó el actual obispo de Arecibo, monseñor Daniel Fernández Torres, quien es eje de denuncias de actos lascivos.
El acuerdo secreto alcanzado entre la víctima y la Iglesia Católica, según el sistema electrónico del Tribunal Federal de Puerto Rico, se finiquitó el 14 de octubre de 2011 y las partes solicitaron que el caso se cerrara, lo que ocurrió el 19 de octubre de 2011.
Ayer, este diario solicitó una reacción al obispo Fernández Torres a través de su portavoz Vivian Maldonado, pero al...
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