NO Y NO

ARTURO HERNÁNDEZ

MUS

El derecho a la fianza se concatena al derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso de ley. Esta trilogía de derechos fundamentales del individuo va dirigida a imponerle freno al Estado y minimiza el abuso del poder absoluto de éste contra los ciudadanos.

El actual gobierno, ante la creciente y sangrienta ola criminal que nos azota y ante el fracaso de su política pública de "mano dura" y guerra contra las drogas, pretende que el pueblo, en un acto sin precedentes, vote para limitarse su derecho a la fianza. Alegan que ello será un arma para combatir la alta ola criminal. La evidencia dice lo contrario. La Sociedad para la Asistencia Legal indica que aproximadamente un 80% de los acusados por tales asesinatos se encuentran presos por no poder prestar fianza. Del 20% bajo fianza apenas un 2% se le revoca la fianza por haber incumplido con alguna condición impuesta.

Ante su propaganda hay que preguntarle al gobernador: ¿donde están los jóvenes detenidos y acusados por estos crueles asesinatos? En la cárcel al no poder prestar fianza.

¿Estaban bajo fianza al cometer estos salvajes asesinatos? No.

¿El Gobierno identificó si eran desertores escolares, desempleados, dependientes de drogas, si tenían problemas de salud mental, e hizo algo por ellos para reinsertarlos en la convivencia social productiva? No.

¿El joven acusado falsamente, encarcelado sin derecho a fianza en la cárcel federal por el asesinato de Dorado, merecía haber estado preso por dos semanas y expuesto a una pena de muerte? No. Pero el sistema federal funcionó a la perfección y así lo hizo.

Finalmente, nos preguntamos si un ciudadano sigue los consejos del superintendente de la Policía y tira a matar...

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