Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 10 de Agosto de 1973 - 101 D.P.R. 552
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 101 D.P.R. 552 |
| Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 1973 |
101 D.P.R. 552 (1973)
CAMARENO MALDONADO V. TRIBUNAL SUPERIOR
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
JOSÉ
CAMARENO MALDONADO, peticionario
vs.
TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO, SALA DE SAN JUAN,
HON. VICENTE LÓPEZ PÉREZ, JUEZ, demandado;
EL PUEBLO DE PUERTO RICO, interventor
Núm. O-73-64
101 D.P.R. 552
10 de agosto de 1973
PETICIÓN DE CERTIORARI para revisar una RESOLUCIÓN de Vicente López Pérez, J. (San Juan) declarando sin lugar un escrito titulado "Moción solicitando se dejen sin efecto las sentencias dictadas contra el peticionario: Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal." Anulado el auto expedido y confirmada la resolución dictada.
1.
REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL--FALLO O SENTENCIA-- SENTENCIA EN GENERAL--ADVERTENCIAS--EN GENERAL-- Examinado el récord en el caso de autos, el Tribunal concluye que carece de base y resulta peregrina la afirmación del peticionario de que la "inacción" de su abogado defensor durante el acto de alocución privó al peticionario de una efectiva y eficaz asistencia de abogado.
2.
ID.--ID.--ID.--ID.--ID.-- Es la intervención del abogado defensor exponiendo los fundamentos para que no se pronuncie sentencia contra un condenado lo que da eficacia al acto de alocución.
3.
ID.--ID.--ID.--CAUSA PARA NO DICTAR--INCAPACIDAD MENTAL-- No existe impedimento alguno para que un juez, en el ejercicio de su sana discreción, dicte la correspondiente sentencia a un convicto--quien alegó en el acto de alocución estar pensionado por incapacidad mental--cuando éste no solicitó que no se dictara sentencia y mucho menos demostró--según lo exige la Regla 168 de las de Procedimiento Criminal--haber desarrollado alguna incapacidad mental con posterioridad a haberse rendido el veredicto o pronunciado el fallo, máxime cuando dicho convicto--a quien tres especialistas en psiquiatría le encontraron procesable--no hizo planteamiento alguno sobre su incapacidad mental durante el juicio ni en la correspondiente apelación de la sentencia.
4.
PALABRAS Y FRASES-- Incapacidad Mental de Acusado.-- A los fines de las Reglas 169 y 240 de las de Procedimiento Criminal, el término incapacidad mental del acusado --que justifica el no dictar sentencia contra un convicto--significa, no aquella incapacidad mental que justifica la existencia de una pensión en las Fuerzas Armadas si no, si el acusado, en el momento en que es llamado para dictarle sentencia, es incapaz de comprender la naturaleza y propósito de los procedimientos y de participar en el acto de imposición de sentencia con plena consciencia de su significado, y con oportunidad de expresarse sobre las razones que a su juicio impidan que se dicte sentencia.
5.
REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL--FALLO Y SENTENCIA-- SENTENCIA EN GENERAL--CAUSA PARA NO DICTAR--INCAPACIDAD MENTAL-- Dictaminado por un tribunal de peritos que un acusado estaba en condiciones de ser procesado--quien, primeramente, había sido declarado no procesable por otro tribunal de peritos--salvo demostración en contrario, se presume que continuaba en esas condiciones al momento de ser llamado para escuchar sus sentencias.
6.
ID.--DISPOSICIONES GENERALES--ACUSADO--CAPACIDAD MENTAL-- DETERMINACIÓN Y EFECTO--EN GENERAL-- Es un acto discrecional del juez sentenciador la determinación--bajo las disposiciones de la Regla 240(a) de las de Procedimiento Criminal--de si hay base razonable para creer que el acusado no está mentalmente capacitado para escuchar la sentencia a serle impuesta.
7.
ID.--PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA CONVICCIÓN-- NOTIFICACIÓN Y VISTA-- Un juez sentenciador no viene obligado a celebrar una vista para considerar una moción radicada por un convicto y sentenciado al amparo de las disposiciones de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal cuando dicha moción y los autos del caso concluyentemente demuestran--como en el caso de autos--que dicho convicto no tiene derecho a remedio alguno.
Santos P. Amadeo y José
Enrique Amadeo, abogados del peticionario.
J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Adolfo J. Vilá, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor.
OPINIÓN EMITIDA POR EL JUEZ IRIZARRY YUNQUÉ
El peticionario fue acusado conjuntamente con otras tres personas de tres infracciones a la Ley de Narcóticos de 1959, 24 L.P.R.A. secs. 973 y siguientes. Se imputó a los acusados que para el 5 de febrero de 1970, en Santurce, Puerto Rico, actuando en concierto y de común acuerdo (a) tenían en su posesión y dominio, (b) ocultaron y transportaron, y (c) vendieron la droga narcótica conocida como heroína.
Surge de los autos originales del caso que al ser llamado para vista el 4 de noviembre de 1970, el aquí peticionario solicitó, por mediación de su abogado, que se nombrara un tribunal de peritos médicos que la examinara a los fines de determinar si estaba en estado procesable. El tribunal de instancia accedió y designó a los doctores José Luis Valderrábanos [P554] y Fernando Tejedor para que practicaran el examen solicitado. Así lo hicieron. El 25 de enero de 1971, a base del informe del Dr. Tejedor al efecto de que el acusado no se encontraba en estado procesable, se ordenó por el tribunal de instancia que fuera recluido en el Hospital de Psiquiatría para recibir tratamiento.
El 11 de febrero de 1971 tres médicos especializados en psiquiatría, los doctores Fernando Tejedor, William Galíndez Antelo y Alfredo Hurtado De Mendoza, examinaron nuevamente al peticionario y determinaron que se encontraba capacitado para ser sometido a proceso. Con vista de dicho dictamen el tribunal de instancia señaló el caso para juicio, que se celebró los días 7, 8 y 13 de abril de 1971 ante un jurado. El peticionario no hizo planteamiento alguno respecto de su condición mental ni antes de iniciarse ni en momento alguno durante el juicio. Por razones que no viene al caso mencionar, dos de las personas acusadas conjuntamente con el peticionario no fueron juzgadas con él. El peticionario y la coacusada Antonia Torres Robles fueron juzgados en el mismo juicio. El jurado rindió veredicto de culpabilidad contra ambos por los mencionados cargos imputádosles.
El 26 de abril de 1971, es decir, trece días después de rendido el fallo condenatorio, se llamó el caso ante el tribunal de instancia para pronunciamiento de sentencias. Ocurrió el incidente que transcribimos a continuación:
"SRA.
SECRETARIA:
(Llama los casos para Pronunciamiento de Sentencia)
HON.
JUEZ:
¿Está preparado el compañero?
SR.
ABOGADO:
Así es, Vuestro Honor, estamos listos.
HON.
JUEZ:
Estos casos se ventilaron el 7, el 8 y el 13 de abril de 1971. Se le imputaba a estos acusados, José Camareno Maldonado y Antonia Torres Robles, tres cargos relacionados con tres Infracciones a la Ley de Drogas y Narcóticos de Puerto Rico. Los [P555] acusados comparecieron representados por su abogado.
Reiteraron su alegación de no culpable, anunciaron que estaban preparados para vista del caso y se procedió a la desinsaculación de un Jurado. Este Jurado luego de oír la prueba pertinente y recibir la instrucción del Tribunal, regresó con un veredicto declarando a estos acusados culpables de los tres cargos que se le imputaban.
El Tribunal luego de aceptar los veredictos, pronunció su fallo declarando a estos acusados culpables de los tres cargos que se le imputaban, que eran ocultación y transportación, posesión y venta de la droga narcótica conocida como heroína y a petición de la Defensa, se señaló el pasado 8 de abril para el Pronunciamiento de Sentencia, no, digo, el pasado 19 de abril para el Pronunciamiento de Sentencia. En dicha ocasión no se pudo traer al acusado y a petición de la Defensa se señaló el día de hoy para el Pronunciamiento de Sentencia.
En el día de hoy han comparecido ambos acusados representados por su abogado. Así mismo, está presente el señor Fiscal y el Tribunal pregunta primero al compañero de la defensa, si cree que existe algún impedimento en el día de hoy por lo cual no se le pueda dictar sentencia en el día de hoy.
SR.
ABOGADO:
No existe ninguno, Su Señoría.
HON.
JUEZ:
Le pregunto a la acusada, Antonia Torres Robles, si ella cree que existe algún impedimento por lo cual no se le pueda dictar sentencia en el día de hoy.
SRA.
TORRES ROBLES:
R.
¿Cómo?
P.
¿Usted cree que existe alguna razón por la cual no se le pueda dictar sentencia?
R. No.
HON.
JUEZ:
Le pregunto al acusado, José Camareno Maldonado, si él cree que existe alguna razón por la cual no se le pueda dictar sentencia en el día de hoy.
R.
Tendría que hablar primero con el papá mío un momentito.
Que se acerque acá. Pase acá el padre, si está presente en sala.
[P556]
PADRE DEL ACUSADO:
R. No, está bien.
HON.
JUEZ:
No existe impedimento alguno para el pronunciamiento de sentencia.
Le pregunto si usted quiere decir algo, manifestar algo al Tribunal antes de que se dicte sentencia.
SR.
JOSÉ CAMARENO MALDONADO:
...
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