Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 10 de Agosto de 1973 - 101 D.P.R. 552
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 101 D.P.R. 552 |
| Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 1973 |
101 D.P.R. 552 (1973)
CAMARENO MALDONADO V. TRIBUNAL SUPERIOR
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
JOSÉ
CAMARENO MALDONADO, peticionario
vs.
TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO, SALA DE SAN JUAN,
HON. VICENTE LÓPEZ PÉREZ, JUEZ, demandado;
EL PUEBLO DE PUERTO RICO, interventor
Núm. O-73-64
101 D.P.R. 552
10 de agosto de 1973
PETICIÓN DE CERTIORARI para revisar una RESOLUCIÓN de Vicente López Pérez, J. (San Juan) declarando sin lugar un escrito titulado "Moción solicitando se dejen sin efecto las sentencias dictadas contra el peticionario: Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal." Anulado el auto expedido y confirmada la resolución dictada.
1.
REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL--FALLO O SENTENCIA-- SENTENCIA EN GENERAL--ADVERTENCIAS--EN GENERAL-- Examinado el récord en el caso de autos, el Tribunal concluye que carece de base y resulta peregrina la afirmación del peticionario de que la "inacción" de su abogado defensor durante el acto de alocución privó al peticionario de una efectiva y eficaz asistencia de abogado.
2.
ID.--ID.--ID.--ID.--ID.-- Es la intervención del abogado defensor exponiendo los fundamentos para que no se pronuncie sentencia contra un condenado lo que da eficacia al acto de alocución.
3.
ID.--ID.--ID.--CAUSA PARA NO DICTAR--INCAPACIDAD MENTAL-- No existe impedimento alguno para que un juez, en el ejercicio de su sana discreción, dicte la correspondiente sentencia a un convicto--quien alegó en el acto de alocución estar pensionado por incapacidad mental--cuando éste no solicitó que no se dictara sentencia y mucho menos demostró--según lo exige la Regla 168 de las de Procedimiento Criminal--haber desarrollado alguna incapacidad mental con posterioridad a haberse rendido el veredicto o pronunciado el fallo, máxime cuando dicho convicto--a quien tres especialistas en psiquiatría le encontraron procesable--no hizo planteamiento alguno sobre su incapacidad mental durante el juicio ni en la correspondiente apelación de la sentencia.
4.
PALABRAS Y FRASES-- Incapacidad Mental de Acusado.-- A los fines de las Reglas 169 y 240 de las de Procedimiento Criminal, el término incapacidad mental del acusado --que justifica el no dictar sentencia contra un convicto--significa, no aquella incapacidad mental que justifica la existencia de una pensión en las Fuerzas Armadas si no, si el acusado, en el momento en que es llamado para dictarle sentencia, es incapaz de comprender la naturaleza y propósito de los procedimientos y de participar en el acto de imposición de sentencia con plena consciencia de su significado, y con oportunidad de expresarse sobre las razones que a su juicio impidan que se dicte sentencia.
5.
REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL--FALLO Y SENTENCIA-- SENTENCIA EN GENERAL--CAUSA PARA NO DICTAR--INCAPACIDAD MENTAL-- Dictaminado por un tribunal de peritos que un acusado estaba en condiciones de ser procesado--quien, primeramente, había sido declarado no procesable por otro tribunal de peritos--salvo demostración en contrario, se presume que continuaba en esas condiciones al momento de ser llamado para escuchar sus sentencias.
6.
ID.--DISPOSICIONES GENERALES--ACUSADO--CAPACIDAD MENTAL-- DETERMINACIÓN Y EFECTO--EN GENERAL-- Es un acto discrecional del juez sentenciador la determinación--bajo las disposiciones de la Regla 240(a) de las de Procedimiento Criminal--de si hay base razonable para creer que el acusado no está mentalmente capacitado para escuchar la sentencia a serle impuesta.
7.
ID.--PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA CONVICCIÓN-- NOTIFICACIÓN Y VISTA-- Un juez sentenciador no viene obligado a celebrar una vista para considerar una moción radicada por un convicto y sentenciado al amparo de las disposiciones de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal cuando dicha moción y los autos del caso concluyentemente demuestran--como en el caso de autos--que dicho convicto no tiene derecho a remedio alguno.
Santos P. Amadeo y José
Enrique Amadeo, abogados del peticionario.
J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Adolfo J. Vilá, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor.
OPINIÓN EMITIDA POR EL JUEZ IRIZARRY YUNQUÉ
El peticionario fue acusado conjuntamente con otras tres personas de tres infracciones a la Ley de Narcóticos de 1959, 24 L.P.R.A. secs. 973 y siguientes. Se imputó a los acusados que para el 5 de febrero de 1970, en Santurce, Puerto Rico, actuando en concierto y de común acuerdo (a) tenían en su posesión y dominio, (b) ocultaron y transportaron, y (c) vendieron la droga narcótica conocida como heroína.
Surge de los autos originales del caso que al ser llamado para vista el 4 de noviembre de 1970, el aquí peticionario solicitó, por mediación de su abogado, que se nombrara un tribunal de peritos médicos que la examinara a los fines de determinar si estaba en estado procesable. El tribunal de instancia accedió y designó a los doctores José Luis Valderrábanos [P554] y Fernando Tejedor para que practicaran el examen solicitado. Así lo hicieron. El 25 de enero de 1971, a base del informe del Dr. Tejedor al efecto de que el acusado no se encontraba en estado procesable, se ordenó por el tribunal de...
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