Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 3 de Diciembre de 1975 - 104 D.P.R. 436
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 104 D.P.R. 436 |
| Fecha de Resolución | 3 de Diciembre de 1975 |
104 D.P.R. 436 (1975) E.L.A. V. HERMANDAD DE EMPLEADOS DEL NEGOCIADO DE SEGURIDAD DE EMPLEOS
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y OTROS, demandantes y apelados
vs.
HERMANDAD DE EMPLEADOS DEL NEGOCIADO DE SEGURIDAD DE EMPLEOS Y OTROS, demandados y apelantes
Núm. O-75-407
104 D.P.R. 436
3 de diciembre de 1975
SENTENCIA de Héctor A. Colón Cruz, J. (San Juan) declarando con lugar una solicitud de Injunction Preliminar y Permanente con la Hermandad de Empleados del Negociado de Seguridad de Empleos y otros, prohibiéndoles montar un piquete residencial frente al hogar de un funcionario público. Confirmada.
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DERECHO CONSTITUCIONAL--DERECHOS PERSONALES, CIVILES Y POLITICOS--DERECHO A LA PRIVACIDAD--Opera ex proprio vigore --sin que se necesite ley que la complemente--la Sec. 8 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico.
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DERECHO LABORAL--DISPUTAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS--NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD--PIQUETES--RESIDENCIALES--El derecho a la protección de la vida privada o familiar de un funcionario público, bajo las circunstancias en el caso de autos, prevalece sobre las libertades de expresión, petición y asamblea de una organización laboral de empleados públicos del departamento que dirige el funcionario público y priva a dicha organización de todo derecho a organizar un piquete residencial frente al hogar de dicho funcionario.
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DERECHO CONSTITUCIONAL--PRIVILEGIOS E INMUNIDADES Y LEGISLACIÓN DE CLASES--INVIOLABILIDAD DE LA MORADA--Los servidores públicos no tienen menos derecho a la tranquilidad de su hogar que los ciudadanos privados.
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DERECHO LABORAL-- Injunctions --NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL REMEDIO--DISPUTAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS--PIQUETES--PIQUETES RESIDENCIALES--Procede la expedición de un injunction --no siendo imprescindible recurrir a sanciones criminales o civiles de otro género--para atender las violaciones de ley alegadamente cometidas por manifestantes que participan en un piquete residencial frente al hogar de un funcionario público.
Manuel E. Moraza Choisne y Javier Rosa Silva, abogados de los apelantes.
Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General,
y Mario L. Paniagua, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
OPINIÓN EMITIDA POR EL JUEZ TRÍAS MONGE
Los derechos y deberes de los seres humanos no constituyen usualmente imperios de fronteras precisas e inmutables. Chocan a menudo entre sí, por el contrario, e importa definir sus lindes y efectuar acomodos, situación a situación, conforme a los postulados y valores de una sociedad cambiante. El caso presente ilustra un ejemplo de las posibilidades de conflicto entre el derecho a la libre expresión, junto a otras libertades, y el derecho a que se proteja a los individuos contra ataques abusivos a su vida privada o familiar. La controversia se da en el contexto de un piquete frente al hogar de un funcionario público.
La apelante, Hermandad de Empleados del Negociado de Seguridad de Empleos, es una agrupación de empleados públicos del Departamento del Trabajo de Puerto Rico y los coapelantes [P438] son miembros de la Hermandad. Desde hace cierto tiempo, la Hermandad ha venido solicitando del Secretario del Trabajo, Dr.
Silva Recio, que negocie colectivamente con ella. El Secretario del Trabajo le comunicó a la Hermandad y su directiva que no existe autoridad en ley para acordar tal convenio. En consecuencia, los apelantes les remitieron una comunicación a sus miembros para que en determinado día se personaran en la residencia del Dr. Silva Recio para llevar a cabo allí una protesta mediante piquetes.
El señor Secretario del Trabajo tiene constituido su hogar en una urbanización relativamente lejana a la sede del Departamento que encabeza. Convive allí con su esposa, dos hijas, de 10 y 14 años de edad y un varón de 17. Conforme a las conclusiones de hecho del tribunal de instancia, a la hora señalada llegaron varios automóviles, sonando sus bocinas. Los ocupantes, alrededor de treinta, se bajaron y comenzaron a caminar por la acera frente a la residencia del señor Secretario, portando cartelones. Utilizaron a la vez altoparlantes para hacer manifestaciones alusivas al señor Secretario, repetidas a coro. El ruido de los altoparlantes y de las personas en el piquete, así como su actitud militante, creó alarma en la residencia del Dr. Silva Recio y en las de sus vecinos. Se alteró sustancialmente el sosiego del vecindario y el ritmo de trabajo del referido funcionario público, quien se vio impedido de realizar labores oficiales que necesitaba cumplir dicha noche. El Dr. Silva Recio, preocupado por las expresiones de los manifestantes de que regresarían al día siguiente, optó finalmente por abandonar su residencia junto a sus familiares, trasladándose al hogar de unos parientes.
En atención a estos hechos, el tribunal de instancia declaró con lugar la solicitud de Injunction Preliminar y Permanente radicada por los apelados--se había dictado antes una Orden de Entredicho Provisional--y ordenó a la Hermandad y a su directiva "que se abstengan de incitar a piquetear o piquetear la residencia particular del demandante, Dr. Luis F. Silva [P439] Recio, o en cualquier otra forma y manera, menoscabar o invadir la privacidad o propiedad privada y particular de éste y su familia, o alterar la paz y tranquilidad de éstos en su residencia privada...."
Se apela de esta sentencia a base de que constituye una violación a la libertad de expresión y asamblea.
Examinemos las raíces de los derechos aquí en pugna para luego proceder al análisis y ponderación de los intereses en juego.
El derecho a la protección de la vida privada o familiar--el derecho a la intimidad--tiene un historial distinto en Puerto Rico a su evolución en Estados Unidos. Dicho derecho adquiere rango constitucional en Puerto Rico mucho más temprano que en la Unión Americana. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone desde 1952 que "Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar." (Art. II, Sec. 8). Esta disposición es una copia exacta del Art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, La Nueva Constitución de Puerto Rico, Ed. U.P.R. 1954, pág. 236, y entronca también con el Art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dispone que:
"Nadie será objeto de ingerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ingerencias o ataques." ( Op. cit., 246.)
El reconocimiento del derecho a la intimidad en la Constitución de...
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