Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 29 de Marzo de 1979 - 108 D.P.R. 604

EmisorTribunal Supremo
DPR108 D.P.R. 604
Fecha de Resolución29 de Marzo de 1979

108 D.P.R. 604 (1979) RIVERA V. SAMARITANO & CO.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MANUEL A. RIVERA, demandante y recurrido

vs.

SAMARITANO & CO., INC., peticionaria

Núm. O-77-375

108 D.P.R. 604

29 de marzo de 1979

PETICIÓN DE CERTIORARI para revisar una RESOLUCIÓN de Edwin Meléndez Grillasca, J. (Bayamón) declarando no haber lugar a desestimar una demanda de impugnación de cierto laudo arbitral instada por el recurrido Manuel A. Rivera. Se devuelve el caso al tribunal de instancia para que se continúen los procedimientos sobre la impugnación del laudo.

APOSTILLA

1. OBLIGACIONES--CREACIÓN, EXISTENCIA Y EFECTO--NACIMIENTO Y FUENTES--CONTRATOS Y CUASICONTRATOS.

Es un principio fundamenta en el derecho de obligaciones la norma de derecho establecida en el Art. 1044 del Código Civil a los efectos de que un contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes.

2. ARBITRAJE--SUMISION--

PROCEDIMIENTO--EN GENERAL."

El arbitraje comercial está regulado, no por las normas jurisprudenciales del arbitraje obrero patronal, sino por las disposiciones de la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951.

3. ID.--ADJUDICACIÓN, DECISIÓN O LAUDO--NATURALEZA Y ELEMENTOS INTERVENCIÓN DE LOS TRIBUNALES.

Surgiendo tanto el arbitraje obrero-patronal como el comercial de un convenio entre partes, un árbitro viene obligado a respetarlo. De no ser respetado, los tribunales tienen facultad para intervenir y dar vigencia a la voluntad de las partes.

4. ID.--SUMISION--COMPROMISOS ARBITRALES--EN GENERAL.

El arbitral contractual puede surgir de una cláusula accesoria a un contrato principal mediante la cual las partes acuerdan someter a arbitraje sus desavenencias futuras o puede surgir de un convenio por escrito para resolver una controversia existente.

5. ID.--ID.--PROCEDIMIENTO--EN GENERAL.

Principios generales que rigen el arbitraje contractual son: ( a) que en los asuntos sometidos a arbitraje las partes tienen amplia libertad para incorporar en el convenio de sumisión las cualificaciones que consideren propias al caso y el árbitro viene obligado a darles cumplimiento; ( b) el convenio de sumisión es el que confiere la facultad decisional al árbitro y delimita su esfera de acción; y, ( c)

es nulo un laudo si se excede de los poderes delegados en el convenio de sumisión correspondiente.

6. ID.--ADJUDICACIÓN, DECISIÓN O LAUDO--NATURALEZA Y ELEMENTOS INTERVENCIÓN DE LOS TRIBUNALES.

Un tribunal tiene facultad para revisar los méritos jurídicos de un laudo si las partes en el correspondiente convenio de sumisión dispusieron que los asuntos sometidos a arbitraje fueran resueltos con arreglo a derecho.

7. ID.--ID.--IMPUGNACIÓN, ANULACIÓN Y DEJAR SIN EFECTO EL LAUDO.

Un tribunal, al revisar un laudo de arbitraje por razón de que el mismo no fue resuelto conforme a derecho, no debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo a menos que efectivamente el mismo no haya resuelto la controversia con arreglo a derecho según lo pactaron las partes, debiendo tener presente el tribunal que una discrepancia de criterio con el laudo no justifica su intervención.

Mario Canales Delgado, abogado de la peticionaria.

César A. Hernández Colón y Fernando Barnes Vélez, abogados del recurrido.

OPINIÓN EMITIDA POR EL JUEZ SR. TORRES RIGUAL

[1] Con frecuencia surgen conflictos que pueden ser fácilmente dirimidos por la aplicación de principios generales de derecho, pero que se demoran en el trámite y disposición final del caso porque una de las partes honestamente sigue un enfoque equivocado. Tal es el caso que hoy confrontamos. El principio de derecho que dispone del mismo es uno fundamental en el derecho de obligaciones y aparece preceptuado en el Art.

1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994, al efecto de que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes.1

Se trata de la impugnación de un laudo de arbitraje sobre la interpretación de varias cláusulas de un contrato de construcción a la luz de los motivos de revocación establecidos por la Ley de Arbitraje Comercial, Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. sec. 3222.2

[P606] El peticionario Samaritano & Co., Inc., solicitó en instancia la desestimación de la demanda de impugnación de laudo instada por el recurrido Manuel A. Rivera fundándose en que el tribunal no tenía facultad para determinar si el laudo se adjudicó conforme a derecho ya que el Art. 22 de la ley que regula los convenios de arbitraje comercial, supra,

preceptúa los motivos de revocación de un laudo y no incluye entre ellos el error de derecho. Sostiene el peticionario que ello es así aun cuando en el Pacto de Sumisión las partes hayan acordado que los asuntos sometidos a arbitraje se resolverán "con arreglo a derecho" pues es preciso atenerse al texto del mencionado Art. 22 que limita la revisión judicial a los motivos de revocación allí señalados. Es decir, que la voluntad de las partes libremente expresadas en el Pacto de Sumisión es superflua, ineficaz y carente de fuerza vinculante. Por supuesto, el tribunal de instancia no admitió el argumento, y, en consecuencia, denegó la desestimación de la demanda y se reservó la facultad de considerar los méritos jurídicos del laudo para darle así vigencia a la propia voluntad de las partes.

[2--3] Es cierto que no se trata aquí de un arbitraje obrero-patronal regido por normas jurisprudenciales, según la doctrina establecida en Junta v. New York & Puerto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949), sino de un arbitraje [P607] comercial regulado por la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, supra. Pero tal distinción en la fuente de reglamentación no altera la común naturaleza contractual de ambas instituciones. Tanto el arbitraje obrero-patronal como el comercial surgen de un convenio y, en uno y en otro, los árbitros vienen obligados a respetarlo. En su defecto, queda franca la vía judicial para dar vigencia a la voluntad de las partes.

El arbitraje convencional estuvo en sus orígenes regulado por los Arts. 1719 y 1720 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

secs. 4841 y 4842, aunque en forma muy sobria porque dichos artículos remitían el contrato de compromiso al capítulo del mismo Código relativo al régimen de los contratos de transacción, 31 L.P.R.A. secs. 4821--4830;3 y en cuanto al modo de proceder y a la extensión y efectos de estos a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Arts. 204--211, Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (derogados por Regla 72 de las de Procedimiento Civil, 1958).

Un ilustre procesalista español denomina el arbitraje como un contrato de solución o de liquidación propiamente regulado en España en el libro IV del Código Civil dedicado a las obligaciones y contratos. Guasp, Ignacio: El Arbitraje en el Derecho Español, pág.

27.

El derecho común anglo-americano también considera el arbitraje de naturaleza contractual. Eager, Samuel: The Arbitration Contract & Proceedings, pág. 3 (Dennis & Co. Inc. Buffalo, N.Y., 1971);...

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