Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 12 de Mayo de 1982 - 112 D.P.R. 716

EmisorTribunal Supremo
DPR112 D.P.R. 716
Fecha de Resolución12 de Mayo de 1982

112 D.P.R. 716 (1982) VÉLEZ RAMIREZ V. ROMERO BARCELÓ

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

WALTER VÉLEZ RAMIREZ Y OTROS, demandantes y apelantes

vs.

HON. CARLOS ROMERO BARCELO y OTROS, demandados y apelados

Núm. R-79-285, O-79-438

112 D.P.R. 716

12 de mayo de 1982

SENTENCIA de Peter Ortiz, J. (San Juan), que deniega una solicitud de injunction para restituir a un alcalde y paralizar los procedimientos ante la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. Se confirma la sentencia y se remite el caso a la Comisión para Ventilar Querellas Municipales para trámites ulteriores compatibles con lo resuelto.

APOSTILLA

1. DERECHO ADMINISTRATIVO--SEPARACIÓN DE LOS PODERES ADMINISTRATIVOS DE OTROS PODERES--PODERES JUDICIALES-- JURISDICCIÓN--AGOTAMIENTO PREVIO DE LOS REMEDIOS ADMINISTRATIVOS--El balance de poderes que debe existir entre agencias y tribunales, y la necesidad y conveniencia de tener un récord administrativo completo, aconsejan se culminen los procesos administrativos antes del examen judicial.

2. ID.--ID.--ID.--ID.--ID--Para decidir si aplica o no el requi de agotar los remedios administrativos en el contexto de un planteamiento de falta de jurisdicción se deben examinar tres factores: el riesgo de que se ocasione un daño irreparable al afectado si el tribunal pospone su intervención dejando que prosigan los procedimientos, el grado de claridad con que surja la ausencia o presencia de jurisdicción, y la pericia que tenga la agencia para dilucidar las cuestiones pertinentes a su jurisdicción.

3. MUNICIPIOS--CORPORACIONES MUNICIPALES--FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS--FUNCIONARIOS MUNICIPALES--DESTITUCIÓN O REMOCION--PROCEDIMIENTOS --REVISIÓN--La garantía estatutaria que brinda el Art.

37(i), 21 L.P.R.A. sec. 1256(i), de que todo alcalde a quien, previa formulación de cargos, la Comisión para Ventilar Querellas Municipales resuelva destituirlo tiene derecho a obtener revisión judicial directa ante el Tribunal Supremo, minimiza el riesgo de que al alcalde recurrente se le ocasionen daños irreparables por la posposición del examen judicial de la cuestión jurisdiccional.

4.

ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--CAUSAS--NEGLIGENCIA INEXCUSABLE EN DESEMPENO DEL CARGO--Si bien la Comisión para Ventilar Querellas Municipales tiene jurisdicción para ventilar los cargos contra un alcalde, el determinar si los cargos radicados imputan "conducta inmoral o actuaciones ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones" está sujeto a un proceso de interpretación y a la consideración de factores que invitan a ser precisados en su origen por la Comisión.

5.

ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID--Debido a que la Comisión Ventilar Querellas Municipales fue creada específicamente para entender en los procedimientos disciplinarios de los alcaldes, ya que presuntivamente está particularmente facultada para determinar lo que "es conducta inmoral o actuaciones ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos, en el desempeño de sus funciones", debe ser ella, como organismo especialmente creado para adjudicar las querellas contra los alcaldes, la que intervenga y decida en primera instancia.

6. DERECHO CONSTITUCIONAL--INTERPRETACIÓN, EFECTO Y APLICACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES--QUIENES PUEDEN LEVANTAR CUESTIONES CONSTITUCIONALES--EN GENERAL--La impugnación constitucional de actuaciones administrativas está sujeta a la norma de agotar los remedios administrativos.

7. ID.--ID.--ID.--ID--Aunque las agencias administrativas no pueden dilucidar la constitucionalidad de la ley que la crea, sí pueden determinar si su aplicación a los hechos específicos de un caso sería inconstitucional, y por ello la Comisión para Ventilar Querellas Municipales tendría facultad para desestimar o declarar sin lugar una querella al estimar que una destitución por motivo de determinada conducta--ya establecida--sería inconstitucional.

8. ID.--ID.--DETERMINACIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ESTATUTOS--AUTORIDAD Y DEBER DE LOS TRIBUNALES--El señalamiento de que el derecho al voto protegido por el Art. II, Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico no tolera que se prive de su puesto a un alcalde libremente elegido en elección popular, por actos desvinculados con éste, no supera exitosamente la norma de abstención judicial sobre entender en cuestiones constitucionales a menos que sea necesario, ya que no es apropiado explorar esa dimensión hasta que se hayan determinado los hechos y si procede la destitución.

9. ID.--ID.--ID.--ID--Corresponde a los tribunales y no a la Comisión para Ventilar Querellas Municipales determinar si la suspensión sumaria de un alcalde de su cargo y sueldo decretada por el Gobernador viola el debido proceso de ley garantizado en el Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico y las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos.

10. MUNICIPIOS--CORPORACIONES MUNICIPALES--FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS--FUNCIONARIOS MUNICIPALES--DESTITUCIÓN O REMOCIÓN--PROCEDIMIENTOS--CUESTIONES A CONSIDERAR Y RESOLVER-- ejercer la facultad constitucionalmente válida que le confiere el Art. 37 de la Ley Municipal para decretar la suspensión de empleo y sueldo de un alcalde luego de haberle sido formulados cargos, hasta que se diluciden los mismos, el Gobernador está limitado a aquellos casos en que la suspensión sea conveniente a los mejores intereses del municipio y a que al hacerlo no viole el debido proceso de ley.

11. DERECHO CONSTITUCIONAL--DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY--GARANTIAS CONSTITUCIONALES--OPORTUNIDAD DE SER OIDO--Ya qu el debido proceso de ley no requiere que haya una vista previa a toda privación de un derecho o interés propietario, cuando hay una privación temporal basta que en algún momento significativo u oportuno el afectado tenga la oportunidad de defenderse y presentar su caso en un proceso con adecuadas garantías.

12. ID.--ID.--PROPIEDADES Y DERECHOS QUE SE PROTEGEN--PUESTOS PÚBLICOS--PUESTOS PÚBLICOS COMO DERECHO DE PROPIEDAD--Los tr factores que deben ser seguidos para examinar cuándo el debido proceso de ley no permite suspender o destituir a una persona de un puesto sin darle derecho a una vista previa son: los intereses afectados por la acción oficial; el riesgo de una determinación errónea que prive a la persona del interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas; y el interés gubernamental protegido con la acción sumaria, inclusive la función envuelta y las cargas fiscales y administrativas que conllevaría el imponer otras garantías procesales.

13. ID.--ID.--ID.--ID.--ID--La suspensión sumaria de un alcal lo priva de sus derechos de propiedad como son el sueldo y beneficios marginales, además de impedirle ejercer el cargo para el cual fue electo, afectándose el ejercicio de la franquicia electoral de los que por él votaron, siendo todos los anteriores intereses de gran envergadura e importancia.

14. DERECHO ADMINISTRATIVO--PODERES Y PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONARIOS Y AGENTES ADMINISTRATIVOS--VISTA O AUDIENCIA Y ADJUDICACIÓN--EVIDENCIA--SUFICIENCIA--Cuando existe controversia en cuanto a hechos importantes, éstos no deben ser adjudicados, aunque sea provisionalmente, sin conceder a la persona perjudicada la oportunidad de rebatirlos, sobre todo cuando la evidencia en contra del individuo es de naturaleza testifical, ya que existe el riesgo de que dicha adjudicación se haga en forma errónea.

15. ID.--REVISIÓN JUDICIAL DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS-- ALCANCE DE LA REVISIÓN--LIMITACIÓN DEL ALCANCE O EXTENSIÓN DE LA REVISIÓN--Toda vez que a la suspensión de empleo y sueldo--siendo un trámite accesorio al procedimiento principal, supeditado a éste y condicionado para ser válido y tener efecto desde su origen a que ocurra una destitución válida, final y firme--le aplica la doctrina de agotar los remedios administrativos, el Poder Judicial debe ceder para que el foro administrativo dilucide y adjudique si un alcalde ha incurrido o no en conducta prohibida por la Ley Municipal, que amerite su destitución.

Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Miguel Pagán, Víctor Cruz Ojeda y Eunice Sein Llompart del Departamento de Justicia, abogados de los demandados apelados.

Pedro Ortiz Álvarez, José L. Lebrón Velázquez, Carlos J. Córdova y Sergio Peña Clos, abogados de los demandantes apelantes.

OPINIÓN DEL JUEZ NEGRÓN GARCÍA

El 9 de enero de 1975 Walter Vélez Ramírez, entonces Director de Obras Públicas del Municipio de Lajas, [P719]

reclamó ante el Fondo del Seguro del Estado por un accidente sufrido mientras ejercía funciones de su cargo. Alegó que el 6 de enero, al bajar de un jeep en un lugar donde se realizaban unas obras de instalación de tuberías en el sector Playa Rosada, resbaló y se lesionó una pierna. El Fondo dio curso a la reclamación y Vélez Ramírez comenzó a recibir tratamiento y los beneficios económicos dispuestos en la Ley.

En noviembre de 1975 Vélez fue nombrado Alcalde de Lajas en sustitución del incumbente que renunció. En las elecciones de 1976 postuló su candidatura por el Partido Popular Democrático. Durante la campaña fue tema y objeto de señalamiento y debate por sus adversarios que la lesión no había ocurrido en el ejercicio de sus funciones oficiales, sino mientras jugaba béisbol el 6 de enero en el parque José Basora de Lajas. Vélez fue electo alcalde. El 7 de noviembre de 1977, ya siendo alcalde recibió su último cheque del Fondo por la cantidad de $720. En total recibió beneficios en exceso de $1,900.

Posteriormente, el 28 de julio de 1977 el representante José Granados Navedo denunció lo ocurrido mediante carta al Fondo. Acompañó declaraciones juradas de testigos que vieron a Vélez sufrir un accidente durante el mencionado partido de pelota. La agencia inició una investigación.

El 20 de abril de 1978 Vélez prestó declaración jurada ante un auditor del Fondo. Negó haber jugado...

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