Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Septiembre de 1984 - 115 D.P.R. 643
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 115 D.P.R. 643 |
| Fecha de Resolución | 17 de Septiembre de 1984 |
115 D.P.R. 643 (1984) MARRERO V.
MUNICIPIO DE MOROVIS
demandantes y recurridos
vs.
MUNICIPIO DE MOROVIS y HON. ÁNGEL ROSARIO, ETC.,
Núm. R-84-363
115 D.P.R. 643
17 de septiembre de 1984
SENTENCIA de Luis Raúl Cruz Jiménez, J. (Arecibo), que declara con lugar cierta acción sobre injunction
preliminar y permanente. Confirmada.
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ELECCIONES E INSCRIPCIONES--LEY ELECTORAL--USO DE AUTOMÓVILES DEL GOBIERNO PARA FINES POLITICO--PARTIDISTAS--
INCONSTITUCIONALIDAD--El Art. 3.011 de la Ley Electoral es inconstitucional en cuanto autoriza el uso irrestricto de los automóviles del Gobierno para fines político-partidistas, en violación de la prohibición constitucional del uso de fondos o propiedad pública para fines no públicos. Tal disposición de ley es también nula en cuanto crea una clasificación legislativa que favorece únicamente a los funcionarios incumbentes.
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ID.--ID.--ID.--ID.--No existe vínculo racional justificativo de trato desigual para distinguir entre candidatos incumbentes y aspirantes, y autorizar a los incumbentes el uso de los vehículos oficiales del Gobierno para hacer campaña política.
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ID.--ID.--ID.--ID.--El concepto de igualdad económica con relación a la distribución de fondos públicos en el proceso electoral impide la validez de un estatuto que permite a los funcionarios incumbentes el uso de vehículos del Gobierno para hacer campaña política.
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ESTATUTOS, COSTUMBRES Y EQUIDAD--INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY--REGLAS GENERALES DE INTERPRETACIÓN--EN GENERAL--No puede salvarse la validez de un estatuto impugnado bajo la igual protección de las leyes mediante una interpretación extensiva que conceda los beneficios a la clase excluida, cuando tal interpretación resulte injusta para el erario.
Luis Muñoz Rivera, abogado de la parte recurrente.
Raúl Barrera Morales, Procurador General Interino, abogado del interventor Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
José Javier Colón Moura, abogado de los recurridos.
OPINION DEL HON. JUEZ SEÑOR NEGRÓN GARCIA
Se impone sin reservas un decreto de inconstitucionalidad del Art. 3.011 de la Ley Electoral que autoriza el uso irrestricto para fines político-partidistas de los automóviles de gobierno. Únicamente así, cumplimos con la encomienda [P644] de "pasar juicio sobre la legalidad, a distinción de la sabiduría" del desembolso de unos fondos públicos. P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590, 599 (1978).
I El Alcalde de Morovis, Ángel Rosario, colocó en el automóvil propiedad del Estado, oficialmente asignádole, tres insignias políticas correspondientes al Partido Popular Democrático (P.P.D.). Varios ciudadanos y la Unión de Desempleados de Morovis, Inc., solicitaron en su contra un injunction al amparo de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. sec. 3524. En síntesis alegaron que dicha actuación era inconstitucional por constituir un uso ilegal e impermisible de fondos públicos que permitía "d[i]seminar un determinado mensaje ideológico con el que el ciudadano no necesariamente tiene que coincidir". Ap., pág. 14. En su apoyo invocaron el Art. VI, Sec. 9 de la Constitución,1 su jurisprudencia interpretativa y varios reglamentos sobre control de gastos. Finalmente adujeron que "de generalizarse el uso de propiedad pública para fines de proselitismo político partidista...
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