Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Marzo de 1985 - 116 D.P.R. 197
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 116 D.P.R. 197 |
| Fecha de Resolución | 13 de Marzo de 1985 |
116 D.P.R. 197 (1985) PUEBLO V.
PÉREZ ZAYAS
EL PUEBLO DE PUERTO RICO, apelado
vs.
GILBERT PÉREZ ZAYAS, acusado y apelante
Núm. CR-83-73
116 D.P.R. 197
13 de marzo de 1985
SENTENCIA de Jorge A. Busigó Cifre, J. (Bayamón), que condena al acusado por robo e infracción al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Modificada, y se confirma.
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REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL--FALLO Y SENTENCIA--SENTENCIA EN GENERAL--CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O AGRAVANTES--EN GENERAL--Las disposiciones de la Regla 171 de Procedimiento Criminal son complementarias a las del Art. 60 del Código Penal, con relación a las circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.
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ID.--ID.--ID.--ID.--ID--El establecimiento de un método para ponderar los criterios relativos a las circunstancias agravantes y atenuantes, a los fines de la imposición de la pena, es función que corresponde al proceso legislativo, y no al Poder Judicial en su función adjudicativa.
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ID.--ID.--ID.--ID.--ID--En el ejercicio de su función adjudicativa y al amparo de la Sec. 12 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, los tribunales deben velar porque no se impongan castigos crueles e inusitados.
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DERECHO PENAL--CASTIGO Y PREVENCIÓN DE DELITOS--CASTIGOS CRUELES E INUSITADOS--EN GENERAL--La disposición de la Sec. 12 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, que prohíbe los castigos crueles e inusitados, requiere penas proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, no arbitrarias; requiere en fin, la imposición de la pena menos restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone.
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ID.--ID.--ID.--ID--Aunque normalmente el Tribunal Supremo no interviene con el ejercicio de la discreción del juez de instancia en la imposición de la pena, en ocasiones puede intervenir para moderar la pena, bajo los corolarios de la prohibición constitucional contra castigos crueles e inusitados.
Elías González Mathews, abogado del acusado.
Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Lirio Bernal de González, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
PER CURIAM El apelante fue convicto tras juicio por [P198] jurado del delito de robo y de dos infracciones a la Ley de Armas. Se le impuso una sentencia de veinte años por el delito de robo y de cinco años por cada una de las infracciones a la Ley de Armas. Las sentencias habrían de cumplirse en forma consecutiva. El procesado ha acudido en alzada ante este foro, donde...
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