Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Marzo de 1985 - 116 D.P.R. 197

116 D.P.R. 197 (1985) PUEBLO V.

PÉREZ ZAYAS

EL PUEBLO DE PUERTO RICO, apelado

vs.

GILBERT PÉREZ ZAYAS, acusado y apelante

Núm. CR-83-73

116 D.P.R. 197

13 de marzo de 1985

SENTENCIA de Jorge A. Busigó Cifre, J. (Bayamón), que condena al acusado por robo e infracción al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Modificada, y se confirma.

1. REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL--FALLO Y SENTENCIA--SENTENCIA EN GENERAL--CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O AGRAVANTES--EN GENERAL--Las disposiciones de la Regla 171 de Procedimiento Criminal son complementarias a las del Art. 60 del Código Penal, con relación a las circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.

2. ID.--ID.--ID.--ID.--ID--El establecimiento de un método para ponderar los criterios relativos a las circunstancias agravantes y atenuantes, a los fines de la imposición de la pena, es función que corresponde al proceso legislativo, y no al Poder Judicial en su función adjudicativa.

3. ID.--ID.--ID.--ID.--ID--En el ejercicio de su función adjudicativa y al amparo de la Sec. 12 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, los tribunales deben velar porque no se impongan castigos crueles e inusitados.

4. DERECHO PENAL--CASTIGO Y PREVENCIÓN DE DELITOS--CASTIGOS CRUELES E INUSITADOS--EN GENERAL--La disposición de la Sec. 12 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, que prohíbe los castigos crueles e inusitados, requiere penas proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, no arbitrarias; requiere en fin, la imposición de la pena menos restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone.

5. ID.--ID.--ID.--ID--Aunque normalmente el Tribunal Supremo no interviene con el ejercicio de la discreción del juez de instancia en la imposición de la pena, en ocasiones puede intervenir para moderar la pena, bajo los corolarios de la prohibición constitucional contra castigos crueles e inusitados.

   Elías González Mathews, abogado del acusado.

   Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Lirio Bernal de González, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.

   PER CURIAM

   El apelante fue convicto tras juicio por [P198] jurado del delito de robo y de dos infracciones a la Ley de Armas. Se le impuso una sentencia de veinte años por el delito de robo y de cinco años por cada una de las infracciones a la Ley de Armas. Las sentencias habrían de cumplirse en forma consecutiva. El procesado ha acudido en alzada ante este foro, donde argumenta que el tribunal de instancia debió haber estimado su moción sobre atenuantes y no dictar sentencia con agravantes.

   El acusado le señaló al tribunal de instancia los hechos siguientes en calidad de atenuantes:

1. El acusado nunca había sido convicto de delito alguno.

2. El acusado tiene 22 años de edad.

3. El acusado es padre de familia con un hijo de cuatro años de edad a quien tiene que sostener económicamente.

4. El acusado es estudiante universitario en el Recinto de Cupey de la Universidad Interamericana.

5. Ninguna persona resultó herida en el curso de la comisión de los delitos ni se disparó arma de fuego alguna por el acusado.

   Es incuestionable que algunos de estos hechos constituyen circunstancias atenuantes bajo las disposiciones de la Regla 171 de Procedimiento Criminal,¹ complementaria [P199] *200 del Art. 60 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3284.²

   Del otro lado, el Ministerio Público estableció la existencia de las circunstancias agravantes siguientes, todas mencionadas específicamente en la Regla 171:

1. Se trató de un robo a mano armada, con el consiguiente peligro para la vida de los asaltados, empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vega Baja. Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716, 739--740 (1981).

2. El delito envolvió la apropiación de una gran cantidad de dinero. La suma envuelta en este caso montó a $44,280.17.

3. El acusado mintió durante el juicio. La mentira consistió en haberse presentado prueba documental falsificada para alegar que el día en que se cometieron los hechos se [P201]

   encontraba en la biblioteca de la Universidad Interamericana en Hato Rey examinando un libro para una asignación. El fiscal adujo prueba indicativa de que el sello de la tarjeta del referido libro no correspondía al de tal Universidad.

   [1] Se ha expresado que el legislador no ha provisto un sistema objetivo de referencia contra el cual evaluar los criterios del Art. 60 ni los complementarios de la Regla 171. D.

   Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Hato Rey, Ed. Ins. Desarrollo del Derecho, 1983,...