Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 26 de Abril de 1990 - 126 DPR 191

126 D.P.R. 191 (1990) ADORNO QUILES V. HERNÁNDEZ

MARIBEL ADORNO QUILES, demandante y recurrente

v.

ANGEL HERNANDEZ, también conocido como ANGEL 'PELAYITO'

HERNANDEZ, demandado y recurrido.

Número: RE-87-348

Resuelto: 26 de abril de 1990

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico

1. DERECHO ADMINISTRATIVO--PODERES Y PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS, FUNCIONARIOS Y AGENTES ADMINISTRATIVOS--EN GENERAL--FACULTADES O PODERES DE LAS AGENCIAS--

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES-- COMISION DE BOXEO PROFESIONAL.

La Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico puede emitir remedios o sanciones tales como las multas administrativas, las órdenes para cesar y desistir, y la cancelación, revocación o suspensión de cualquier autorización o licencia concedida en virtud del reglamento. No provee dicho reglamento facultad para proveer un remedio resultorio de un contrato.

2.

CONTRATOS--EN GENERAL--INTERPRETACION--REGLAS GENERALES DE INTERPRETACION-- EN GENERAL.

Como regla general, la facultad para interpretar los contratos es una cuestión de derecho que le corresponde resolver a los tribunales.

3.

DERECHO ADMINISTRATIVO--SEPARACION DE LOS PODERES ADMINISTRATIVOS DE OTROS PODERES--PODERES JUDICIALES--JURISDICCION- -AGOTAMIENTO PREVIO DE LOS REMEDIOS ADMINISTRATIVOS.

Como regla general, hay que agotar los remedios administrativos antes de acudir a los tribunales. Las agencias administrativas deben dilucidar en primera instancia las controversias, ya que poseen pericia o expertise en la materia. Sin embargo, al evaluar los casos es necesario distinguir entre cuestiones de interpretación estatutaria en la que los tribunales son especialistas y cuestiones propias para la discreción o pericia administrativa. (Febres v. Feijoó, 106:676, seguido.)

4.

ID.--ID.--ID.--ID.--ID.

Se puede omitir el trámite administrativo cuando una agencia claramente no tiene jurisdicción, y la posposición conlleva un daño irreparable al afectado, o el asunto es estrictamente de derecho y por lo tanto no requiere unos conocimientos especiales de la agencia administrativa.

SENTENCIA DE Nellie Ortiz Torres, J. (San Juan), que desestima cierta demanda sobre la validez de un contrato. Revocada.

Francisco Valcárcel Mulero y Neftalí Fuster González, abogados de la recurrente; Gabriel I. Peñagarícano, abogado del recurrido.

EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR ORTIZ EMITIÓ LA OPINIÓN DEL TRIBUNAL.

Maribel Adorno Quiles, demandante y recurrente, es manejadora de boxeadores. Suscribió un contrato con Angel Hernández, conocido como 'Pelayito' Hernández, el 28 de enero de 1985. Mediante ese contrato, Hernández se obligó a prestar servicios de boxeador a la demandante de manera exclusiva por un período de cuatro (4) años. Transcurridos más de dos (2) años desde que se otorgó ese contrato, Hernández solicitó a través de su abogado que la manejadora lo liberara del contrato por razón de que la señora Adorno no había cumplido con su obligación de realizar sus oficios y ejercer sus conocimientos boxísticos a los fines de conseguirle encuentros de importancia económica y competitiva.

Hernández acudió a la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico (en adelante Comisión) para que ésta invalidara el contrato. La Comisión citó a una vista administrativa ante un oficial examinador. En la vista estuvieron presentes la señora Adorno, el señor Hernández, el Sr. Héctor Rivera y el Lcdo. Walter Alomar, abogado de la señora Adorno. Poco tiempo después de iniciada la vista compareció el Lcdo. Francisco Valcárcel, quien acudió a la vista en representación de la señora Adorno conjuntamente con el licenciado Alomar. Para el momento en que llegó el licenciado Valcárcel, el querellante había brindado su propio testimonio y el de un testigo. El licenciado Alomar había contrainterrogado a los testigos y presentado prueba en refutación de las alegaciones del querellante.

El licenciado Valcárcel, luego de identificarse como abogado de la señora Adorno, impugnó la jurisdicción de la Comisión para adjudicar la querella.

El día siguiente a la vista administrativa, 27 de marzo de 1987, la señora Adorno presentó demanda en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Civil Núm.

87-167(905), para que se declarara válido y vigente el contrato otorgado entre las partes.

'Pelayito'

Hernández solicitó que se desestimara la acción por ser prematura en cuanto a su persona y por falta de jurisdicción para adjudicar la controversia, por estar la misma ante la consideración de un organismo administrativo a cuya jurisdicción se había sometido la demandante.

El tribunal desestimó la demanda. Señaló en su sentencia que la demandante se había sometido a la jurisdicción de la Comisión, que se debían agotar los remedios antes de recurrir al foro judicial y que la demandante no alegó que la gestión administrativa es inútil, inefectiva, que no ofrece remedio adecuado o que habrá de causarle un daño irreparable o inminente. Expedimos el auto para revisar la sentencia.

A tenor con lo dispuesto en el Art. 7(f) y (j) de la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980 (3 L.P.R.A. sec. 442f(f) y (j)), se le confiere al Secretario de Recreación y Deportes (en adelante Secretario) ciertas facultades, entre ellas:

(f)

Resolver querellas en torno a asuntos deportivos, que conforme a este Capítulo y los reglamentos adoptados en virtud del mismo sean de su jurisdicción . . . .

. . . . . . . . (j)

Delegar en funcionarios subalternos las funciones que este Capítulo le confiere, excepto la de nombrar personal y de aprobar, enmendar o derogar reglas y reglamentos.

El Secretario creó la Comisión mediante el Reglamento de Boxeo Profesional (en adelante Reglamento). Éste enumera los actos sobre los cuales le ha sido conferida la jurisdicción a la Comisión. Entre otras, se le confirió la facultad para promover, supervisar y administrar el deporte de boxeo profesional en Puerto Rico. La Comisión tendrá, a su vez, facultad para entender y resolver asuntos relacionados con la cualificación, participación, aplicación de reglas, sanciones y derechos de los atletas respecto del deporte boxístico (Art. XXII, Sec. 3); para intervenir en la contratación de encuentros boxísticos, y para aprobar programas de boxeo (Art. V, Sec. 1).

Los contratos que se otorgan entre los boxeadores y apoderados se notifican y se presentan en la Comisión. El Art. XVIII del Reglamento exige a todo apoderado que tenga la autorización y licencia requerida por la Comisión para ejercer como tal y que registre ante la Comisión copia del contrato otorgado entre boxeador y apoderado.

Dentro de los deberes y responsabilidades de la Comisión se encuentra mediar en la solución de las controversias surgidas entre los boxeadores, promotores, apoderados y padrinos o entrenadores (Art. V, Sec. 1(e)).

[1-2] Por otro lado, el Art. XXVIII del Reglamento enumera los remedios o sanciones que puede emitir la Comisión. Ellas son las multas administrativas, las órdenes para cesar y desistir, y la cancelación, revocación o suspensión de cualquier autorización o licencia concedida en virtud del Reglamento. En los remedios citados no se menciona el intervenir o dejar sin efecto los contratos privados entre boxeador y apoderado. Existe una ausencia de facultad para proveer un remedio resolutorio de un contrato. Estamos ante una controversia contractual de naturaleza privada. El Art. III(5) del Reglamento nos define 'apoderado'

como: 'Una persona natural que represente a un boxeador mediante contrato privado entre ambos el cual está aprobado por la Comisión y a quien se le haya expedido una licencia por ésta para actuar. ' (Énfasis suplido.) El propio artículo establece la naturaleza privada del contrato entre apoderado y boxeador. Como regla general, la facultad para interpretar los contratos es una cuestión de derecho que le corresponde resolver a los tribunales. La intervención de la Comisión y la facultad que se le confiere no se extiende hasta el punto de entrar a resolver si hubo incumplimiento contractual. Por lo tanto, la Comisión no posee jurisdicción para dilucidar este tipo de controversia.

El tribunal sentenciador determinó que la señora Adorno se había sometido a la jurisdicción de la Comisión y que no hubo desistimiento posterior.¹ No le asiste la razón. En primer lugar, el desistimiento de una acción le corresponde a la parte promovente. Por lo tanto, no es la parte promovida la que desiste de una causa de acción. En segundo lugar, el que se haya presentado un caso ante una agencia administrativa y se haya celebrado parte de una vista no conlleva que se otorgue jurisdicción a una agencia cuando ésta no posee la facultad para dilucidar la controversia. Por otro lado, el procedimiento ante la agencia no se encontraba en una etapa avanzada que resultara en un choque contra la equidad el despojarla de su poder adjudicativo.

Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978).²

[3] En variedad de ocasiones hemos expresado que como regla general hay que agotar los remedios administrativos antes de acudir a los tribunales. Vda. de Iturregui v.

E.L.A., 99 D.P.R. 488 (1970); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982); Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988).

Esta regla tiene como propósito que sean las agencias administrativas las que...