Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 31 de Enero de 1992 - 129 D.P.R. 888
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 129 D.P.R. 888 |
| Fecha de Resolución | 31 de Enero de 1992 |
Núm. CI-91-312
129 D.P.R. 888 (1992)
31 de enero de 1992
Revisión
OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL HON. JUEZ HERNÁNDEZ DENTON
La ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 1988, ¿aplica a los procedimientos de la Comisión Industrial? Esta interrogante surge en el recurso en que el Sr. Antonio Pagán Ramos, cuestiona la decisión de la Comisión Industrial de que era un patrono no asegurado. Su contestación requiere examinar particularmente el alcance de dicha Ley a las agencias cuyas decisiones son revisadas directamente por este Tribunal.
I
Con el propósito de abrir una zanja e instalar una acometida para suplir agua a su residencia, localizada en los altos de su negocio de panadería, Pagán Ramos fue al cementerio municipal para averiguar si alguno de los excavadores podía hacerle el trabajo. Habló con el sepulturero municipal y éste acordó con los señores Fabio Báez Pagán y Félix Castro, que por cuenta propia lo harían después de concluir sus trabajos en el cementerio.
A esos efectos, entre las 9:00 y 9:30 A.M., el sepulturero los llevó a la panadería y uno de los empleados de Pagán Ramos les indicó dónde tenían que excavar. El sepulturero regresó al cementerio y ellos comenzaron a romper el pavimento de la carretera. Después de trabajar por alrededor de hora y media, Báez Pagán sintió un fuerte dolor, "se agarró el pecho... cayendo arrodillado y luego de boca en la zanja donde estaba trabajando". (Resolución Comisión Industrial, pág. 2.) Su compañero lo llevó a un hospital cercano y en ambulancia fue trasladado al Centro Médico de la región de Mayagüez, donde falleció de "ataque cardíaco agudo del miocardio".
Por la tarde, otra persona contratada por Pagán Ramos concluyó la excavación y posteriormente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados instaló el tubo conectado el contador.
Inicialmente, ante los reclamos de la viuda del obrero muerto, Pagán Ramos se negó a informar el accidente al Fondo, señalando que el obrero fallecido no había trabajado. Luego de la investigación correspondiente, el Administrador concluyó que Pagán Ramos era patrono no asegurado y el obrero muerto su empleado. Pagán Ramos apeló a la Comisión Industrial.
Previa vista, el 23 de abril de 1991 la Comisión notificó su decisión confirmatoria.
El 1 de mayo Pagán Ramos solicitó reconsideración. La Comisión Industrial no actúo. Entonces, el 20 de mayo Pagán Ramos acudió ante nos en revisión. Sostiene que el obrero fallecido estaba realizando una labor accidental o casual no comprendida dentro de su negocio de panadería, lo cual lo eximía de la obligación de asegurarse bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.
Concedimos al Administrador término para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar porque "al momento del accidente el obrero fallecido estaba realizando una labor incidental o casual no comprendida dentro del negocio o industria del patrono, lo cual lo eximía a éste de su obligación de asegurarse en virtud de la excepción dispuesta por el Artículo dos (2) de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo".
En su comparecencia el Administrador sostiene que no tenemos jurisdicción porque el recurso nos fue presentado antes de que la Comisión Industrial resolviese la moción de reconsideración. Dirijimos nuestra atención al estado procesal del caso.
II
La Ley Núm. 170 de 12 de gosto de 1988 estableció un procedimiento administrativo uniforme para el Estado Libre Asociado y derogó la única ley de procedimientos que existía en Puerto Rico, la Ley de Reglamentos de 1958. 3 L.P.R.A. sec. 2101. El propósito de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante Ley Núm. 170) fue fijar un cuerpo de reglas mínimas que proveyeran uniformidad al proceso decisorio de la administración pública:
La medida sistematiza y crea un cuerpo uniforme de reglas mínimas que toda agencia deberá observar al formular reglas y reglamentos que definan los derechos y deberes legales de una clase particular de personas. Contiene, además, otro cuerpo de normas distintas para gobernar las determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir, una orden o resolución que define los derechos y deberes legales de personas específicas. Exposición de Motivos, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988; véase también Informe Conjunto sobre el P.
del S. 350 de las Comisiones de Gobierno Estatales, Asuntos Municipales y de lo Jurídico, abril 1987.
Del historical legislativo se desprende que su aprobación fue producto de un largo proceso y de una intensa discusión que comenzó en 1968, en la que participaron representantes tanto del gobierno como de las facultades de derecho y entidades privadas. Inspirada en la experiencia en los Estados Unidos con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, A.P.A.) desde el 1946, la Ley Núm. 170 acogió muchas de las doctrinas de la A.P.A. También tomó en consideración el desarrollo del derecho administrativo en el foro federal y en los estatales, y la experiencia de algunos estados con el Model State Administrative Procedures Act. Véase Informe Conjunto de P. del S. 350 de las Comisiones de Gobierno Estatal, Asuntos Municipales y de lo Jurídico del Senado, abril 1987.
Por último, partiendo de la premisa de que la jurisprudencia de nuestros tribunales fijaba en contenido jurídico de las reglas fundamentales del derecho administrativo, también codifica esas normas.
Su ámbito es abarcador: "se aplicará a todos los procedimientos administrativos conducidos ante todas las agencias que no estén expresamente exceptuadas por esta ley". 3 L.P.R.A. sec. 2103. (Énfasis suplido.) La ley también aclara que un procedimiento administrativo incluye la formulación de reglas y reglamentos y "la adjudicación formal de toda controversia o planteamiento ante la consideración de una agencia". 3 L.P.R.A. sec. 2102 (k). Además comprende los procedimientos de otorgación de licencias y "cualquier proceso investigativo que inicie una agencia dentro del ámbito de su autoridad legal", Id.
Al definir el término "agencia", la Asamblea Legislativa utilizó su acepción más dilatada para incluir "cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación pública, comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier...
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