Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 6 de Noviembre de 1992 - 131 DPR 965

EmisorTribunal Supremo
DPR131 DPR 965
Fecha de Resolución 6 de Noviembre de 1992

131 D.P.R. 965 (1992) PUEBLO V. MUÑOZ SANTIAGO

El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario,

v.

Julio Muñoz Santiago, Carmen González Nazario, Oscar Colón Maldonado,

Eliodoro Ocasio Torres y Amilce Vélez Ramos, demandados y recurridos.

Números: CE-88-623 CE-88-756 CE-89-780

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.

Resueltos: 6 de noviembre de 1992
  1. Reglas de Procedimiento Criminal--Disposiciones Generales--Orden de Allanamiento--Fundamentos para su Expedición.

    En Puerto Rico el requisito de causa probable para que se pueda expedir una orden judicial de registro o allanamiento es de naturaleza constitucional (Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1), y está ampliamente regulado (Reglas 229-234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II). Las normas constitucionales o reglamentarias van dirigidas a proteger la intimidad de la persona.

  2. Íd.--Mociones antes del Juicio y Alegación--Mociones--En General.

    Aparte de la exigencia de que exista causa probable para que se pueda expedir una orden de allanamiento, el acusado que entienda haber sido sometido a un allanamiento ilegal puede solicitar mediante moción previa al juicio la supresión judicial de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento. Además, el acusado tiene varias ocasiones posteriores en el procedimiento criminal en las cuales puede cuestionar una orden de allanamiento que sea ilegal. Así, pues, (1) puede solicitar la revisión mediante certiorari de cualquier resolución judicial denegando la supresión de evidencia que haya solicitado antes; (2) puede en apelación plantear otra vez como error el que el tribunal de instancia no haya suprimido la evidencia, y (3) claro está, en el propio acto del juicio puede insistir en la supresión de la evidencia obtenida ilegalmente. Este último remedio, reconocido en Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511 (1982), se puede utilizar en aquellos casos en que de la prueba de cargo surja la ilegalidad del registro o en los que la defensa cuente con prueba adicional y la fundamente.

  3. Derecho Constitucional--Debido Procedimiento de Ley--Registros, Incautaciones y Allanamientos Irrazonables.

    La cláusula constitucional y las Reglas de Procedimiento Criminal relacionadas con la expedición de una orden de registro protege la inviolabilidad de la persona. Los miembros de la Asamblea Constituyente estaban conscientes de que el hogar, los muebles, los utensilios, los libros y los papeles son una prolongación de la persona y que una intromisión en ese círculo equivale a una violación de la personalidad. La garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables protege fundamentalmente a las personas y no lugares específicos. La cuestión central es si dentro de las circunstancias del caso específico, la persona tiene una expectativa razonable de que su intimidad se respete. Los valores centrales que interesa proteger la garantía contra registros y allanamientos son la intimidad del ser humano y su dignidad innata.

  4. Reglas de Procedimiento Criminal--Íd.--Íd.--Requisitos--Causa Probable.

    Para armonizar el derecho a la intimidad que tiene todo individuo con el fundamental interés del Estado de poner en vigor las leyes penales, se le encomienda a la autoridad judicial determinar cuándo puede el Estado legítimamente intervenir con el ámbito de intimidad del individuo; la causa probable define el punto en que tal intervención es permisible.

  5. Íd.--Disposiciones Generales--Orden de Allanamiento--Requisitos--Causa Probable.

    El criterio o la medida para juzgar si existe causa probable no puede expresarse en términos rígidos y absolutos; la cuestión estriba en determinar si los hechos y las inferencias que se derivan de los mismos, a juicio de una persona prudente y razonable, bastan para creer que se está cometiendo o se ha cometido el delito por el cual la ley autoriza la expedición de una orden de allanamiento. Aunque meras sospechas no constituyen causa probable, tampoco es necesario que el juez quede convencido fuera de toda duda razonable de que se está violando la ley.

    6.

    Íd.--Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

    La causa probable para expedir una orden judicial de allanamiento se rige por criterios de probabilidades. No se trata de cuestiones técnicas, se trata de consideraciones prácticas y reales que surgen en la vida cotidiana a base de las cuales actúan hombres prudentes y razonables, y no técnicos del derecho.

  6. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.--En General.

    La determinación de causa probable para expedir una orden de allanamiento puede estar fundamentada en los hechos percibidos por el declarante, por información recibida de un tercero, o por una combinación de ambos. En los casos de declaraciones juradas fundamentadas parcialmente en el testimonio de un informante anónimo, el magistrado debe ser sumamente cauteloso al expedir órdenes de registro que tomen en cuenta dicha información, ya que la persona que provee la misma no está disponible para que el magistrado lo examine y pueda determinar si su testimonio merece credibilidad y es confiable.

  7. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

    Los criterios establecidos en Pueblo v. Díaz Díaz, 106: 348, para determinar la existencia de causa probable en el contexto de arrestos sin orden --cuando han mediado confidencias-- son también aplicables en el contexto de registros y allanamientos.

  8. Íd.--Íd.--Íd.

    En el ámbito de causa probable para expedir una orden de registros y allanamientos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no está obligado a seguir al pie de la letra todas las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el particular, sino sólo aquellas decisiones que señalan el contenido mínimo requerido por la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal. No obstante, ello ni impide que el Tribunal Supremo de Puerto Rico adopte una interpretación que se ajuste a la realidad jurídica y social de Puerto Rico y que al mismo tiempo cumpla con el estándar mínimo requerido por la Constitución Federal.

  9. Íd.--Íd.--Íd.--Requisitos--En General.

    La corroboración es un mecanismo efectivo que permite evaluar las fuentes de conocimiento del confidente, su credibilidad y la confiabilidad de la información provista. El uso de este mecanismo no excluye que se pueda determinar que la información provista por el confidente es confiable por otros medios. Por ejemplo, una confidencia puede contener suficientes detalles que describan la actividad criminal del acusado. Los detalles dan lugar a una inferencia de que el informante descansa en algo más que en un rumor.

  10. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

    Al evaluar la suficiencia de una declaración jurada parcialmente fundamentada en confidencias, y que se tomó en cuenta en la expedición de una orden de registro o allanamiento, deben considerarse los siguientes criterios, establecidos anteriormente en Pueblo v.

    Díaz Díaz, 106: 348 (1977): (1) que el confidente previamente ha suministrado información correcta; (2) que la confidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; (3) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes, y (4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos o en proceso de cometerse. Se requiere en cualquiera de los casos que la información provista por el confidente haya sido corroborada por el agente, ya sea mediante observación personal o por información de otras fuentes. El magistrado deberá cerciorarse que de la faz de la declaración jurada parcialmente fundamentada en confidencias surja información lo suficientemente detallada para determinar que no se trata de declaraciones estereotipadas e insuficientes del agente.

  11. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.--Causa Probable.

    Al revisarse una determinación judicial de causa probable para la expedición de una orden de allanamiento, el tribunal no tiene que hacer una determinación de novo de causa probable; sólo debe estimar si la evidencia considerada en su totalidad proveía un fundamento sustancial para la determinación de causa probable por el magistrado.

  12. Íd.--Íd.--Íd.--En General.

    El hecho de que una transacción de drogas haya ocurrido de día y en un negocio público no hace inverosímil o inherentemente irreal el testimonio a esos efectos.

    14.

    Íd.--Íd.--Íd.--Validez.

    La corroboración que se exige para validar una orden de registro fundamentada parcialmente en confidencias no debe limitarse a ver si la conducta observada es inocente o incriminatoria, sino a evaluar el grado de sospecha que conllevan todos los actos de la persona. La investigación policial no tiene que generar por sí misma evidencia suficiente para establecer causa probable. Es suficiente que indique la presencia de alguna actividad sospechosa del carácter sugerido en la confidencia que unido a ella, y a otras alegaciones en la declaración jurada, pueda razonablemente constituir causa probable.

  13. Íd.--Íd.--Íd.--Requisitos--Causa Probable.

    La experiencia de un agente especializado del orden público puede ser tomada en cuenta al determinar causa probable; así, el agente de drogas tiene destreza especial para reconocer transacciones del tráfico de sustancias controladas que el ciudadano común no posee.

  14. Registros e Incautaciones--Registros e Incautaciones Irrazonables o Ilegales--Personas o Bienes Protegidos Contra Registros e Incautaciones sin Mandamiento de Autoridad Competente--Doctrina sobre la Prueba a Plena Vista.

    Los requisitos para la aplicación de la doctrina de evidencia a plena vista son: (1) el artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un registro; (2) el agente que observa la prueba debe haber tenido derecho previo a estar en la posición desde la cual podía verse tal prueba; (3) debe descubrirse el objeto inadvertidamente, y (4) la naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple observación.

  15. Armas y Explosivos--Armas--Facultad para Reglamentar la Portación de Armas--Poder Legislativo Estatal.

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