Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 3 de Agosto de 1911 - 18 D.P.R. 484

EmisorTribunal Supremo
DPR18 D.P.R. 484
Fecha de Resolución 3 de Agosto de 1911

18 D.P.R. 484 (1912) PUEBLO V. VALCOURT EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO El Pueblo v. Valcourt.

Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2 a.

No. 419.-Resuelto en junio 10, 1912.

Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado del apelante: Sr. Cayetano Coll Cuchí.

Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso fué declarado culpable en 14 de agosto último por la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2 a., de un delito de desacato cometido mediante perjurio por dicho acusado, en 18 del mes de julio anterior, en un caso de divorcio que entonces se encontraba pendiente ante dicha corte y en el que Valcourt era demandante y declaró como testigo en su propia defensa, por cuyo delito fué condenado a la pena de tres meses de cárcel y pago de las costas procesales.

Considerando la corte sentenciadora que la declaración prestada por el demandante era falsa, libró una orden en 3 de agosto de 1911 contra dicho apelante, para que compareciera a mostrar las razones si algunas tenía, por las cuales no debía ser castigado por desacato. Se celebró el juicio en el que declararon varios testigos, habiendo sido el acusado declarado culpable y condenado a prisión como queda dicho. Se interpuso debidamente apelación contra dicha sentencia y aparece en los autos un pliego de excepciones y una exposición del caso en donde está contenida la prueba que se presentó en el juicio. Después de algunas demoras, ambas partes formularon sus respectivos alegatos escritos e hicieron informes orales en el acto de la vista.

La cuestión preliminar promovida en este caso es la de que según aparece de los autos no hay sentencia por la que se condene al apelante a ninguna pena, y que por tal razón el acusado debe ser absuelto por esta corte. La sentencia condenatoria parece haber sido dictada en debida forma y sólo se nota en ella que falta la firma del juez sentenciador. El apelante se funda en el Capítulo I del título 8ø. del Código de Enjuiciamiento Criminal en apoyo de esta proposición.

No existe en dicho capítulo así como tampoco en ningún otro estatuto de esta Isla, precepto alguno que exija que la sentencia sea firmada por el juez sentenciador. Esta es la práctica corriente en nuestras cortes que debe recomendarse y merece seguirse; pero la ley no la exige. Por el contrario, cuando se dicta una sentencia condenatoria el secretario tiene el deber de registrarla en las minutas de la corte, expresando brevemente el delito por el cual fué declarado culpable el acusado, debiendo dentro...

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