Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Abril de 1998 - 147 DPR 1
Emisor | Tribunal Supremo |
DTS | 1998 DTS 146 |
TSPR | 1998 TSPR 146 |
DPR | 147 DPR 1 |
Fecha de Resolución | 11 de Abril de 1998 |
1998 DTS 146 IGARAVIDEZ V. RICCI ASENCIO 1998TSPR146
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Carmen M. Igaravidez López
Peticionaria
V.
Lester Iván Ricci Asencio
Recurrido
Certiorari
98TSPR146
Número del Caso: CC-97-610
147 DPR 1 (1998)
147 D.P.R. 1 (1998)
1998 JTS 143
Abogada de la Parte Peticionaria: Lcda. Olga García Vincenty
Abogada de la Parte Recurrida: Lcda.
Frances Caraballo Pietri
Tribunal de Instancia: Superior de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon.
Sonia Ivette Vélez Colón
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Miranda de Hostos
Fecha: 11/4/1998
Divorcio
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 1998.
La controversia que hoy tenemos ante nuestra consideración es la siguiente: ¿Cuál es el mecanismo para hacer valer una estipulación referente a la liquidación de bienes que suscribió una persona en un divorcio por consentimiento mutuo? Por entender que dicho mecanismo es el de ejecución de sentencia y no una acción independiente, revocamos la determinación del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
I.
En el año 1994 la Sra. Igaravidez López y el Sr. Ricci Asencio se divorciaron por la causal de consentimiento mutuo. Estipularon, entre otras cosas, que un bien que poseían sería vendido y una vez cubierta la hipoteca que recaía sobre dicho inmueble, el sobrante le correspondería a la Sra. Igaravidez López.
Posteriormente, la Sra. Igaravidez López alegó que a pesar de que el inmueble había sido vendido, el señor Ricci había incumplido con lo estipulado ya que no le había pagado la totalidad del sobrante de la venta del inmueble. Por tal razón, luego de varios incidentes procesales, solicitó dentro del pleito original de divorcio la ejecución de la sentencia.
Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia procedió a dictar una orden para embargar bienes del señor Ricci. El señor Ricci solicitó que se dejara sin efecto la orden de embargo trabada, ya que alegadamente tenía varias defensas y consignó en el tribunal lo que adeudaba, hasta tanto se resolviera la controversia.
El tribunal de instancia celebró una vista y resolvió que no procedía la ejecución de la sentencia dentro del pleito de divorcio que se llevó a cabo ante la sala de relaciones de familia por tratarse de una controversia de "interés privado de las partes". Entendió el foro a quo que la controversia no podía ser objeto de disposición final dentro del pleito original ni ante la consideración de la sala de relaciones de familia. Por tal razón, dejó sin efecto la orden de embargo y ordenó la devolución del dinero que el señor Ricci había consignado en el tribunal.
Inconforme, la señora Igaravidez recurrió al Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual denegó el recurso de certiorari presentado por entender que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al dejar sin efecto la orden de embargo que había emitido y ordenar que la reclamación se tramitara por la vía ordinaria ante la sala civil correspondiente.
No conforme con la determinación del Tribunal de Circuito de Apelaciones, la Sra. Igaravidez recurre ante nos. Con el beneficio de las posiciones de ambas partes, procedemos a resolver la controversia.
II.
En el año 1978, este Tribunal en Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), reconoció el consentimiento mutuo de los cónyuges como causa legítima para el divorcio. Allí, esbozamos unas normas generales para la tramitación de la acción de divorcio por consentimiento mutuo. En ese sentido señalamos que la acción habría de tramitarse mediante una petición conjunta, la que había de venir acompañada de estipulaciones referentes...
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