Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Febrero de 1999 - 147 DPR 530
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DTS | 1999 DTS 015 |
| TSPR | 1999 TSPR 015 |
| DPR | 147 DPR 530 |
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 1999 |
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
V.
Raymond Zayas Rodríguez
Peticionario
Certiorari
1999TSPR15
Número del Caso: CE-93-0240
147 DPR 530 (1999)
147 D.P.R. 530 (1999)
1999 JTS 16
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. José Enrique Ayoroa Santaliz
Abogados de la Parte Recurrida: Hon. Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General
Lcda.
Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar
Tribunal de Instancia: Superior, Ponce
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Francisco Ortiz Rivera
Tribunal de Apelaciones, Sección Sur
Juez Ponente: Hon. López Vilanova
Panel Integrado Por: Presidente Juez Fiol Matta y los Jueces González Román y López Vilanova
Fecha: 2/17/1999
Penal, Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Naveira de Rodón
San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 1999
El sentido de injusticia
que inquieta a veces la conciencia en su busca de la verdad, y que como fuente espontánea de la formación del derecho contribuye con su corriente a la integración activa del acervo jurídico, marca una diferencia fundamental en la actitud práctica de los tribunales al convertirse en criterio adecuado para llegar a un verdadero sentido de justicia en las controversias judiciales.... Las leyes se hacen por los hombres y se interpretan para los hombres. Por eso, en su interpretación, debe ser factor preeminente la realidad humana de la vida, no la abstracción dogmática de reglas eternas e inmutables.... En esta época de justicia social debemos marchar hacia la humanización de la justicia y el derecho, dejando atrás en su decadencia rigorista el sentido dogmático del derecho y la justicia. (Énfasis nuestro y citas omitidas.) Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163, 175 (1953).
I
El 28 de agosto de 1992, el entonces Tribunal Superior, Sala de Ponce, dictó una sentencia mediante la cual le impuso al peticionario Raymond Zayas Rodríguez diez (10) años de reclusión por el delito de homicidio,1 y cinco (5) y tres (3) años de reclusión, respectivamente, por infracción a los Arts. 8 (portación sin licencia de armas cargadas o sus municiones a la vez) y 6 (posesión de revólver o arma de fuego sin licencia) de la Ley de Armas de Puerto Rico.2 El tribunal dispuso que las penas fueran cumplidas de manera concurrente y bajo el régimen de sentencia suspendida.
El Ministerio Público consignó su oposición a la suspensión de la sentencia impuesta por la infracción al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Adujo que, a tenor con el Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada por la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, 34 L.P.R.A.
sec. 1027 (en adelante, Ley de Sentencia Suspendida), las personas que resultaban convictas bajo el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, estaban excluidas del privilegio de la sentencia suspendida.
En atención a lo anterior, el tribunal de instancia emitió una resolución mediante la cual resolvió que la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, que a su vez enmendó la Ley de Sentencia Suspendida, supra, no excluyó de los beneficios de la libertad a prueba a las personas convictas por violación al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Según el tribunal, excluir a estas personas de los beneficios de la ley es actuar en contra de la intención legislativa consignada en la Exposición de Motivos de la misma. Señaló también que la inclusión de dicho Art. 8, supra, fue un acto "no contemplado en el propósito de la ley".
El Ministerio Público acudió al entonces Tribunal de Apelaciones, Sección Sur.
Mediante sentencia de 12 de mayo de 1992, dicho foro revocó la resolución recurrida y concluyó lo siguiente:
[C]ualquier duda sobre la intención legislativa de excluir o no los convictos por el artículo 8 [sic] de la Ley de Armas [de Puerto Rico] queda totalmente disipada al examinar conjuntamente ambos informes. El sexto párrafo del informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado-idéntico al tercer párrafo de la exposición de motivos de la Ley, antes transcrito- no es un error de la Legislatura ni se refiere a la portación de ametralladoras [,] escopetas o rifles, sino que se refiere específicamente a la posesión o venta de artefactos que reducen el ruido del disparo de un arma de fuego, artículo 10 de la Ley de Armas y a la portación de armas de fuego cargadas o sus municiones, artículo 8 de la Ley. No se trata pues de un error non sequitur o de una inadvertencia. La exposición de motivos contiene específicamente la descripción de los artículos de la Ley de Armas que el legislador entendió necesario excluir del beneficio de la sentencia suspendida. La exclusión del artículo 8 no fue un acto "no contemplado" sino por el contrario[,] respondió a la intención del legislador. Intención que no solo pretendía establecer un castigo más severo a los infractores al artículo 5 de la Ley de Armas, sino así hacerlo respecto a los artículos 6A, 8 y 10 de la referida Ley.
Inconforme, el peticionario Zayas Rodríguez acudió ante nos y alegó el siguiente error:
El Honorable Tribunal de Apelaciones cometió error de Derecho al determinar que fue clara y explícita la intención del legislador el excluir específicamente el Art. 8 de la Ley de Armas [de Puerto Rico] de los beneficios de una sentencia suspendida.
II
La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 del 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A.
sec. 1026 et seq. (en adelante Ley de Sentencia Suspendida), estableció en nuestra jurisdicción un sistema mediante el cual se le confiere a un convicto la oportunidad de cumplir su sentencia o parte de ésta fuera de las instituciones carcelarias, siempre y cuando éste observe buena conducta y cumpla con todas las restricciones que el tribunal le imponga. Véanse, Pueblo
v. Molina Virola, Op. de 22 de octubre de 1996, 141 D.P.R.___(1996), 96 JTS 133, pág. 201 Pueblo v. Pacheco Torres, 128 D.P.R. 586, 589 (1991); Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272, 275 (1983). El disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio y no un derecho. Pueblo
v. Molina Virola, supra. La concesión de tal privilegio a un convicto que cualifica prima facie descansa en la sana discreción del tribunal. Pueblo
v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990).
La legislación tiene el propósito de hacer viable la política pública de rehabilitación enunciada en la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los efectos de "'propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los clientes para hacer posible su rehabilitación moral y social'". Pueblo v. Vega Vélez, 125 D.P.R. 188, 200 (1990).
Así pues, el objetivo del estatuto es precisamente mitigar, conforme a las circunstancias particulares del convicto, las consecuencias de la imposición de una pena. En este aspecto, evita los efectos negativos en el individuo que la reclusión produce, reduce el impacto de la reclusión sobre dependientes y familiares. También promueve el interés social en la prevención y corrección del crimen, minimiza los costos sociales y económicos de la reclusión. Además, propende a que el convicto se convierta en un miembro útil de la sociedad. Vázquez v. Caraballo, supra. El logro de ese objetivo depende en gran medida de la facultad del tribunal sentenciador de poder individualizar cada caso, imponiendo las condiciones pertinentes y necesarias que en su opinión la situación particular ante su consideración requiera. Pueblo v. Vega Vélez, supra, a la pág. 201.
Es dentro de este marco conceptual que examinaremos la controversia que hoy nos ocupa. En particular debemos auscultar, a la luz de su historial legislativo, cuál es el fin último de la Ley Núm. 8, supra, que enmendó la Ley de Sentencia Suspendida. Comenzaremos nuestro análisis examinando los principios de hermenéutica legal.
III
Sabido es que los tribunales, a fin de resolver las controversias ante su consideración y adjudicar los derechos de las partes, deben interpretar las leyes aplicables a la situación de hechos que tienen ante sí, de forma tal que se cumpla cabalmente con la intención legislativa. R. E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., Publicaciones JTS, 1987, Vol. 1, pág. 241.
El legislador, en su misión de aprobar leyes que fomenten el bienestar del país, [t]rata de corregir un mal, alterar una situación existente, completar una reglamentación vigente, fomentar algún bien específico o el bienestar general, reconocer o proteger un derecho, crear una política pública o formular un plan de gobierno. Bernier y Cuevas Segarra, supra, págs. 245-246.
Reiteradamente hemos resuelto que las leyes hay que interpretarlas y aplicarlas en comunión con el propósito social que las inspira, sin desvincularlas de la realidad y del problema humano que persiguen resolver. Col. Ing. Agrim.
P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 756 (1992). Véase, además, Pueblo v. Pizarro Solís, 129 D.P.R. 911, 918 (1992).
El proceso de interpretar las leyes, la hermenéutica jurídica, consiste en auscultar, averiguar, precisar, determinar, cuál ha sido la voluntad legislativa, o sea, qué es lo que ha querido decir el legislador. Bernier y Cuevas Segarra, supra, pág. 241. "Las reglas de hermenéutica legal no son arbitrarias o caprichosas. Todas descansan en sanos principios de lógica".
Central Boca Chica, Inc. v. Tesorero de P.R., 54 D.P.R. 424, 432 (1939). Desde temprano en este siglo expresamos que, en cuanto a la interpretación de las leyes, sólo existe...
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