Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 16 de Marzo de 1999 - 147 DPR 692

EmisorTribunal Supremo
DTS1999 DTS 021
TSPR1999 TSPR 021
DPR147 DPR 692
Fecha de Resolución16 de Marzo de 1999

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--- HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">1999 DTS 021 PUEBLO V. GONZÁLEZ VEGA 1999TSPR021

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

V.

Víctor González Vega

Peticionario

Certiorari

1999TSPR21

Número del Caso: CC-97-126

147 DPR 692 (1999)

147 D.P.R. 692 (1999)

1999 JTS 27

Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. Luis A. Pérez Bonilla

Lic.

James Reyes Figueroa

(Sociedad Para Asistencia Legal)

Abogados de la Parte Recurrida: Hon. Carlos Lugo Fiol, Procurador General

Lic.

Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Caguas

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Carmen Vargas Medina

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI

Panel Integrado por: Pres. Juez Brau Ramírez, la Juez Pesante Martínez y el Juez Rivera Pérez

Juez Ponente: Hon. Brau Ramírez

Fecha: 3/16/1999

Penal, fuga y brazalete electrónico

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor ANDRÉU GARCÍA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 1999

Se impugna en el presente recurso una sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante la cual ese foro revocó una resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia que desestimó una acusación por el delito de fuga. Revocamos.

I

El 19 de octubre de 1994, el peticionario, Víctor González Vega, fue sentenciado por dos (2) cargos del delito de posesión de una sustancia controlada, tipificado en el inciso (a) del artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. §

2404 (Supl. 1997). El tribunal le impuso una pena de reclusión de tres (3) años por cada uno de los cargos y determinó que debía cumplirlas concurrentemente entre sí y consecutivamente con cualesquiera otras sentencias que estuviera cumpliendo.

Posteriormente, el peticionario fue excarcelado y referido al Programa de Supervisión Electrónica de la Administración de Corrección, permitiéndosele así continuar extinguiendo su condena desde su residencia, sujeto al uso de un brazalete electrónico1. Mientras disfrutaba de este privilegio fue evaluado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Esta agencia recomendó que se le internara en una institución para recibir tratamiento. El peticionario fue ingresado en una de las facilidades de Hogares CREA.

El 20 de marzo de 1996, el peticionario abandonó la facilidad, pero fue arrestado poco después. Por estos hechos fue acusado del delito de fuga. Véase, Cód. Penal de P.R., art.

232, 33 L.P.R.A. § 4428 (1983 y Supl. 1997). El peticionario solicitó la desestimación del pliego acusatorio bajo el inciso (a) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.64(a) (1991), alegando que los hechos que se le imputaban no eran constitutivos del delito de fuga. En una escueta resolución, el tribunal de instancia declaró con lugar la solicitud y desestimó la acusación. Concluyó que:

Según la prueba estipulada por las partes entendemos que el acusado no estaba sometido a reclusión según lo tipifica el Artículo 232[,] ya que no estaba bajo "custodia legal" al momento de abandonar el Hogar Crea al cual fue referido por recomendación de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. El acusado ... fue puesto en libertad por la Administración de Corrección mediante el Programa de Supervisión Electrónica para que continuara extinguiendo su condena. El hecho de que [...] haya sido referido a recibir tratamiento interno no significa que está bajo custodia legal; máxim[e] cuando la referida condición, o sea[,] el tratamiento interno, se cumplirá en una institución privada[2].

Pueblo

v. González Vega, Criminal Núm. EFJ96G0007, resolución de 28 de octubre de 1996, en las págs. 2-3.

De este dictamen recurrió el ministerio público ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ese foro revocó la resolución recurrida al concluir, luego de analizar las disposiciones del artículo 232 del Código Penal, según enmendado3, 33 L.P.R.A. § 4428 (Supl.

1997), que:

[S]i se considera constitutiva del delito de fuga la evasión de una persona sometida a tratamiento en los Hogares CREA mediante un programa de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal o el art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas, donde no ha mediado sentencia, a fortiori

ha de llegarse al mismo resultado, en cuanto a una persona, ya condenada a pena de cárcel, que ha sido referida a dicho Programa mediante una determinación administrativa de la Administración de Corrección, bajo el Programa de Supervisión Electrónica.

Pueblo

v. González Vega, Núm. KLCE9601186, sentencia de 30 de enero de 1997, en la pág. 10.

Inconforme, González Vega acudió ante esta Corte. El 20 de marzo de 1997, dictamos una resolución ordenándole al Pueblo mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar el dictamen recurrido. Así lo hizo. Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver según lo intimado.

II

Mediante el Memorando Normativo Núm. OA-PC-89-08 de 15 de abril de 1992, la Administración de Corrección (en lo sucesivo, la "Administración") estableció un programa voluntario para permitirles a ciertos confinados cumplir sus sentencias fuera de una institución penal, en sus residencias, bajo supervisión electrónica. La implantación de este programa formó parte de los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico por diseñar alternativas de tratamiento que ayuden a descongestionar las instituciones penales del país y, a la vez, contribuir a la rehabilitación de las personas convictas de delito. Véase, Memorando Normativo Núm. OA-PC-89-08, introducción, en las págs. 1-2. El programa se rige actualmente por el Reglamento para Establecer el Procedimiento para el Programa de Supervisión Electrónica, Reglamento Núm. 5065 de 4 de mayo de 1994 (en lo sucesivo, "REPPSE"), el cual derogó el Memorando Normativo Núm.

OA-PC-89-08. Véase, REPPSE, art. XIII. La supervisión electrónica de los participantes se realiza a través de un brazalete electrónico. Véase, REPPSE, art. V (monitoría electrónica).

El REPPSE establece, entre otras cosas, los criterios de selección (art. VI), las funciones del director del programa (art. VII) y los procedimientos para la selección de los candidatos, la orientación e integración de los participantes y la revocación del privilegio (art. VIII). Entre las disposiciones generales se establece que "[e]l Participante del Programa no podrá abandonar su hogar ni remover el Brazalete Electrónico bajo ninguna circunstancia, de así hacerlo será procesado por fuga e interrumpirá el término para continuar cumpliendo sentencia". REPPSE, art. X(A) (énfasis suplido). Al consignar que el participante será "procesado" por fuga, no obstante, esta disposición no tipifica delito alguno, sino que reitera lo establecido en el artículo VIII respecto al procedimiento a seguir cuando el participante abandona el programa. El artículo VIII establece que cuando un participante desaparezca, el superintendente de la institución penal de origen deberá radicar una acusación por el delito de fuga tipificado en el artículo 232 del Código Penal. Véase, REPPSE, art. V(D)(5). Nos corresponde determinar, por lo tanto, si el peticionario incurrió en el delito de fuga según establecido en el Código Penal.

III

De acuerdo con el artículo 232 del Código Penal, comete el delito de fuga "[t]oda persona sometida legalmente a detención preventiva, sometida a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una agencia del mismo conforme a un procedimiento especial de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal... o ... [el inciso (b) del artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas], sometida legalmente a reclusión o a medida de seguridad de internación, que se fugare...". 33 L.P.R.A. § 4428 (Supl. 1997).

En Rivera v. Delgado, 82 D.P.R. 692, 695 (1961), resolvimos, al interpretar el artículo 152 del Código Penal de 1937, vigente entonces, que "[l]a fuga de la custodia legal, mas bien que la fuga de un sitio de confinamiento, es lo que constituye la esencia del delito". Esta interpretación la reiteramos posteriormente en nuestras decisiones en Pueblo v. Ríos Dávila, op. de 30 de junio de 1997, 97 J.T.S. 108, en la pág. 1315, y Pueblo v. Figueroa Garriga, op. de 8 de marzo de 1996, 96 J.T.S. 31, en la pág. 772.

El alcance de nuestros pronunciamientos en Rivera v. Delgado, supra, sin embargo, se debe entender limitado por la figura del delito de fuga prevista en el artículo 232 del Código Penal vigente. La declaración en Rivera v. Delgado, supra, en la pág. 695, antes transcrita, estuvo basada en el texto del artículo 152 del Código Penal de 1937: "Toda persona bajo custodia legal que se fugare mientras estuviere en prisión preventiva, o en trámite de apelación, o cumpliendo sentencia será castigada por orden sumaria del Tribunal Superior de Puerto Rico..."4.

Sin embargo, el texto del artículo 232 del Código Penal vigente no justifica la interpretación de que "[l]a fuga de la custodia legal, mas bien que la fuga de un sitio de confinamiento, es lo que constituye la esencia del delito". Presumiendo la corrección del uso del término "custodia legal" al hacer referencia al artículo 232, el injusto penal no ocurre con la evasión de cualquier custodia legal, sino, conforme con el principio de legalidad5, con la evasión de la custodia legal prevista específicamente en la descripción literal del tipo establecido en el artículo 232.

Así pues, para que una conducta sea punible como fuga, se requiere que el sujeto activo se evada mientras se halla sometido legalmente...

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