Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 19 de Marzo de 1999 - 147 DPR 824

EmisorTribunal Supremo
DTS1999 DTS 029
TSPR1999 TSPR 026
DPR147 DPR 824
Fecha de Resolución19 de Marzo de 1999

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

--- HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">1999 DTS 026 FERNÁNDEZ & GUTIÉRREZ V. MUNICIPIO DE SAN JUAN 1999TSPR026

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

FERNANDEZ & GUTIERREZ, INC.

Demandante-recurrido

V.

MUNICIPIO DE SAN JUAN

Demandado-peticionario

Certiorari

1999TSPR26

Número del Caso: CC-98-119

147 DPR 824 (1999)

147 D.P.R. 824 (1999)

1999 JTS 31

Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. Teresa García Dávila

Abogados de la Parte Recurrida: Lic. Juan Antonio Ortiz

(Bufete Rivera & Ortiz)

Lic.

Hermenegildo Colón Vázquez

Tribunal de Instancia: Superior, San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Angel M. Almodóvar

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional de San Juan

Juez Ponente: Hon. Córdova Arone

Panel integrado por: Pres. la Juez Ramos Buonomo y los Jueces González Román y Córdova Arone

Fecha: 3/19/1999

Contrato de Arrendamiento Municipales, Sentencia, Requisitos y Validez.

1.

PUERTO RICO--ESTADO LIBRE ASOCIADO--BIENES, CONTRATOS Y RESPONSABILIDADES--AUTORIDAD O PODER DEL E.L.A. PARA CONTRATAR.

La normativa, que aplica especialmente a los contratos municipales, resalta la rigurosidad de los preceptos legales que rigen las relaciones comerciales entre los entes privados y los municipios. Estos preceptos aspiran a promover una sana y recta administración pública, asunto que está revestido del más alto interés público. (Hatton v. Mun. de Ponce, 134:1001, seguido.)

2. ID.--ID.--ID.--AUTORIDAD O PODER DEL E.L.A. PARA COMPRAR--EN GENERAL.

La buena administración de un Gobierno es una virtud de la democracia. Parte de esa buena administración implica llevar a cabo las funciones de comprador con eficacia, honestidad y corrección, para proteger los intereses y dineros del pueblo al cual dicho Gobierno representa. (Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126:864, seguido.)

3. MUNICIPIOS--GOBIERNOS MUNICIPALES--CONTRATOS--REQUISITOS Y VALIDEZ DE LOS CONTRATOS--EN GENERAL.

La Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975 (2 L.P.R.A. secs. 9798), según enmendada, dispone acerca de los contratos otorgados por los municipios. El texto de la sección se expone en la opinión.

4. ID.--ID.--ADMINISTRACION FISCAL, DEUDA PUBLICA, GARANTIAS Y CONTRIBUCIONES--PODER PARA INCURRIR EN DEUDAS Y GASTOS--PRECEPTOS ESTATUTARIOS.

Los preceptos de una sana política administrativa pública reflejan la intención legislativa de crear un mecanismo de cotejo y publicidad de los contratos otorgados por los municipios, que tiene carácter constitutivo con respecto a la eficacia de éstos. Por tal motivo, la jurisprudencia ha recogido dicha política pública, estableciendo unos requisitos formales que deberán seguirse rigurosamente al momento de pactarse acuerdos con los municipios. Estos requisitos se enumeran en la opinión. (Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121:37, seguido.)

5. ID.--ID.--FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS--FUNCIONARIOS MUNICIPALES--PRECEPTOS ESTATUTARIOS--ALCALDES.

La persona que ostenta por ley la autoridad ejecutiva del Municipio es el Alcalde.

Los directores de las unidades administrativas municipales no tienen actualmente la facultad propia para hacer compromisos que obliguen al Municipio, excepto si ostentan una delegación de autoridad del Alcalde, que le dé la facultad de obligar al Municipio mediante un compromiso.

La facultad aludida puede delegarse, si se hace formalmente por escrito.

6. ID.--ID.--CONTRATOS--REQUISITOS Y VALIDEZ DE LOS CONTRATOS--EN GENERAL.

Para que exista un compromiso de extender la duración de un contrato por parte de las autoridades municipales con facultad para hacerlo, dicho compromiso debe hacerse en conformidad con las normas aplicables, para así generar una obligación jurídica para el Municipio. El compromiso debe constar de un contrato por escrito. El requisito de formular lo acordado mediante un contrato escrito, es indispensable y hay que cumplirlo sin excepción alguna, para que lo convenido sea vinculante. (Hatton v. Mun. de Ponce, 134:1001, seguido.)

7. ID.--ID.--ID.--PRECEPTOS ESTATUTARIOS.

Las normas estatutarias aplicables persiguen proteger al interés público y no a las partes contratantes. Morales v. Municipio de Toa Baja, 119:682. El contratante sabe o debe saber que un acuerdo en contravención a las normas aplicables es ineficaz. El interés público así lo requiere.

8. REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL--PROCEDIMIENTOS ANTERIORES AL JUICIO-- SENTENCIA DICTADA SUMARIAMENTE--MOCION Y PROCEDIMIENTO--EN GENERAL.

El propósito principal de la moción de sentencia sumaria, según dispone la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, es propiciar la resolución justa, rápida y económica de los litigios que no presentan controversias genuinas de hechos materiales por lo que no ameritan la celebración de un juicio en su fondo.

9. ID.--ID.--ID.--EN GENERAL.

La sentencia sumaria procede cuando no existe una controversia real. No existe la controversia real, si no hay una sobre el hecho de que no se suscribe el indispensable contrato escrito para extender la duración luego de haber vencido el contrato. Los directores de unidades administrativas municipales no pueden realizar acuerdos para extender el vencimiento de un contrato; de hacerlo no genera una obligación vinculante para el Municipio, pues debe existir un contrato válido.

PETICION DE CERTIORARI para revisar una SENTENCIA de Jeannette Ramos Buonomo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
206 temas prácticos
204 sentencias
1 artículos doctrinales
  • S. Salario-Sustitución de Partes en un Pleito
    • Puerto Rico
    • Diccionario de términos y frases derecho puertorriqueño 2019
    • 28 Febrero 2019
    ...que haya favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los contratos”. Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 1999, 147 D.P.R. 824. De igual forma, las agencias gozan de discreción en la evaluación de las distintas propuestas sometidas. Por ejemplo, cuando se trata de la a......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR