Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 16 de Abril de 1999 - 148 DPR 118

EmisorTribunal Supremo
DTS1999 DTS 057
TSPR1999 TSPR 057
DPR148 DPR 118
Fecha de Resolución16 de Abril de 1999

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--- HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">1999 DTS 057 RAMOS V. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R. 1999TSPR057

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ANDRES RAMOS RIVERA

Peticionario

V.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE

P.R. Y OTROS

Recurridos

Certiorari

1999TSPR57

Número del Caso: CC-96-318

148 DPR 118 (1999)

148 D.P.R. 118 (1999)

1999 JTS 63

Abogados de la Parte Peticionaria: LCDO. SIGFRIDO A. IRIZARRY SEMIDEI

Abogados de la Parte Recurrida:

LCDA.

EDDA SERRANO BLASINI

SUBPROCURADORA GENERAL

ROSANA MARQUEZ VALENCIA

PROCURADORA GENERAL AUXILIAR

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Salim Chaar Padin

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional de San Juan

Juez Ponente: Hon. Rossy García

Panel Integrado por: Pres. Juez Rossy García y los Jueces Aponte Jiménez y Negroni Cintrón

Fecha: 4/16/1999

Pensión, Retiro, Servicio Militar crédito para retiro

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 1999.

El 31 de mayo de 1984 el Sr. Andrés Ramos Rivera, demandante peticionario, solicitó una licencia militar sin sueldo a su patrono, la Comisión de Servicio Público (en adelante, Comisión) para prestar servicios militares en la Guardia Nacional de Puerto Rico, luego de ser activado conforme a las órdenes militares emitidas al efecto en mayo de 1984.

La Comisión concedió la licencia solicitada el 22 de junio de 1984. La misma se extendió desde el 1ro de julio de 1984 hasta el 6 de mayo de 1987. Expirada la licencia, el señor Ramos Rivera se reintegró a su puesto de Auditor en la Comisión.

El 30 de octubre de 1987 el señor Ramos Rivera solicitó a la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura (en adelante, la Administración) que le acreditara el periodo que estuvo en el servicio militar, tres (3) años y tres (3) meses, para efectos de retiro del Gobierno del Estado Libre Asociado (en adelante E.L.A.).

El señor Ramos Rivera deseaba jubilarse el 30 de diciembre de 1987.

El 11 de agosto de 1987, la Administración le informó al señor Ramos Rivera que los servicios militares por él prestados entre 1984 y 1987 no eran acreditables para propósitos de retiro.

Razonó que, de acuerdo con las disposiciones de la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño, Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, 29 L.P.R.A sec.

811 y ss, los servicios prestados por el señor Ramos Rivera en la Reserva de la Guardia Nacional no constituían servicio activo en las Fuerzas Armadas.1

Inconforme, el señor Ramos Rivera solicitó la reconsideración de dicho dictamen el 24 de mayo de 1989.2 La Administración acogió el escrito y el 10 de octubre de 1990 emitió una resolución mediante la cual confirmó su decisión previa. El 9 de noviembre de 1990, el señor Ramos Rivera presentó una apelación ante la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro (en adelante, Junta de Síndicos).

Luego de celebrada la vista, la Junta de Síndicos, mediante resolución emitida el 25 de marzo de 1992 y archivada el 9 de abril de 1992, resolvió que la reclamación del señor Ramos Rivera era académica pues él estaba recibiendo su pensión por retiro desde el 31 de enero de 1991. Indicó, además, que le correspondía a los tribunales adjudicar y pasar juicio sobre la reclamación de los alegados daños que sufrió el señor Ramos Rivera como consecuencia de la no acreditación de los servicios militares. En reconsideración, la Junta de Síndicos confirmó su determinación original y apercibió al señor Ramos Rivera de su derecho a solicitar la revisión de la misma ante los tribunales.

De otra parte, el 29 de enero de 1992, esto es, alrededor de dos (2) meses antes de que la Junta de Síndicos emitiera su determinación, el señor Ramos Rivera presentó una acción sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan contra el E.L.A., el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades (Sistema) y la Administración. Alegó que entre él y los demandados existía una relación contractual mediante la cual él se obligó a aportar periódicamente al Sistema ciertas cantidades de dinero. Los demandados, por su parte, se obligaron a pagarle una pensión por retiro. En virtud de dicha relación contractual, el señor Ramos Rivera reclamó los alegados daños y perjuicios que le ocasionaron los demandados al no acreditarle para fines de retiro el periodo que estuvo en la Guardia Nacional.

El 23 de marzo de 1995, día de la vista en el caso de daños y perjuicios, los demandados y el señor Ramos Rivera estipularon que el periodo de tiempo que éste sirvió en la Guardia Nacional constituía servicio activo en las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, era acreditable para fines de la pensión por retiro. Las partes limitaron la controversia a si el señor Ramos Rivera sufrió daños como consecuencia de la negativa de la Administración a computarle dicho periodo y la cuantía de los mismos.

El 16 de octubre de 1995, el foro de instancia desestimó la demanda. Expresó que, aunque el señor Ramos Rivera tuviese una relación contractual con el E.L.A., no tenía legitimación activa para reclamar daños. Razonó que la Junta de Síndicos había interpretado correctamente el derecho vigente al no computarle el periodo que estuvo en la Guardia Nacional para efectos de su retiro. En consecuencia, la estipulación realizada por las partes era contraria a derecho y no era necesario hacer una determinación en cuanto a los daños.

Oportunamente, el señor Ramos Rivera presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San Juan (en adelante, Tribunal de Circuito).3 Dicho tribunal confirmó la sentencia desestimatoria del foro de instancia, aunque por el fundamento de que el apelante no agotó los remedios administrativos.

Inconforme, el señor Ramos Rivera acudió ante nos con los siguientes señalamientos de error:

Primer error: Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver que procedía la desestimación de la demanda presentada por el peticionario [señor Ramos Rivera]

por no agotar los remedios administrativos.

Segundo error: Erró el Tribunal de Circuito al confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Procederemos a discutir, en primera instancia, el segundo señalamiento de error. El señor Ramos Rivera alegó, en síntesis, que de acuerdo con las disposiciones del Art. 4 de la Carta de Derechos del Veterano, supra, el periodo de tiempo que estuvo en la Guardia Nacional constituía servicio activo en las Fuerzas Armadas y, por ende, era acreditable para propósitos de su jubilación del E.L.A. Señaló, además, que la discusión minuciosa ante el foro de instancia de las disposiciones de ley aplicables se hizo innecesaria puesto que ambas partes habían estipulado que los años de servicio en controversia eran acreditables, sin que el tribunal expresara reparo alguno.

II

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 3 L.P.R.A. sec. 761 y ss, creó un sistema de retiro y beneficios denominado Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades. Los beneficios establecidos por la referida ley están disponibles para los funcionarios y empleados del E.L.A., los funcionarios y empleados de las empresas públicas, los miembros de la Asamblea Legislativa y los Alcaldes, entre otros.

La Ley Núm. 447, supra, establece las condiciones que los participantes del Sistema tienen que cumplir para tener derecho a percibir una anualidad por retiro. Ley Núm. 447, supra, 3 L.P.R.A. sec. 766. Dispone, además, los servicios que son acreditables para efectos de retiro, entre éstos, los prestados en la Asociación de Maestros, los prestados por Alcaldes y los prestados en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.4

En relación con el aspecto organizacional y administrativo del Sistema, éste se considera un fideicomiso.

La responsabilidad de poner en vigor las disposiciones de la Ley Núm. 447, supra, corresponde a la Junta de Síndicos. Para poder realizar dicha...

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