Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 10 de Febrero de 2000 - 150 DPR 238
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-1999-0196 |
| DTS | 2000 DTS 020 |
| TSPR | 2000 TSPR 020 |
| DPR | 150 DPR 238 |
| Fecha de Resolución | 10 de Febrero de 2000 |
2000 TSPR 20
150 DPR 238
Número del Caso: CC-1999-0196
Fecha: 10/02/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Juez Ponente: Hon. Frank Rodríguez García
Abogados de la Parte Recurrente: Lcdo. Israel Roldán González
Abogados de la Parte Recurrida: Oficina del Procurador General
Lcda. Grisel Hernández Esteves, Procuradora General Auxiliar
Materia: Sustancias Controladas
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ
En San Juan, Puerto Rico, 10 febrero de 2000
Luego de celebrado juicio por tribunal de derecho, Ferdinand Martínez Lugo fue hallado culpable, por infringir el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas y el Artículo 4 de la Ley de Armas, por el antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayaguez.
El 7 de marzo de 1988, luego del informe socio-penal correspondiente, el tribunal de instancia entendió que Martínez Lugo, en cuanto al cargo de poseer sustancias controladas, cualificaba para el procedimiento esbozado en el Artículo 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas. En virtud de dicha determinación, se suspendió todo procedimiento --entiéndase la imposición de sentencia contra Martínez Lugo-- y éste fue sometidó a un período probatorio de dos años. Martínez Lugo tendría que cumplir con dos condiciones: someterse a un tratamiento ambulatorio en cierto programa de rehabilitación y poner al día los pagos de dos pensiones alimentarias1.
El 17 de septiembre de 1990, habiendo expirado el término original de dos años impuestos por el tribunal, la Administración de Corrección envió una misiva al Fiscal de Distrito de Mayagüez en la cual informaba que el probando había sido evaluado, en febrero de 1988, por el programa D.S.C.A. y que éste no necesitaba tratamiento alguno pues las pruebas arrojaron un resultado negativo en cuanto al uso de drogas. Ello no obstante, en la misma carta se solicitó al fiscal que acudiera al tribunal en busca de una extensión de un año al período de libertad; ello debido a que, alegadamente, Martínez Lugo adeudaba novecientos dólares de pensión alimentaria, lo cual contravenía una de las condiciones de su libertad a prueba.
De acuerdo a las recomendaciones de Corrección, el fiscal presentó, el 26 de octubre de 1990, una moción mediante la cual solicitó que se extendiera el período por un año más en vista de que Martínez Lugo había incumplido con una de las condiciones impuestas. Esta solicitud, se presentó habiendo transcurrido en exceso de siete meses luego de concluido el término original de dos años impuesto por el tribunal.
Celebrada la vista para atender la solicitud del Ministerio Público, la defensa alegó que el período probatorio había vencido el 7 de marzo de 1990, por lo que tanto el informe del oficial probatorio como la solicitud del Ministerio Público, fueron presentadas fuera de término. El tribunal determinó, el 22 de noviembre de 1990, que: "[e]n cuanto a la extensión del período probatorio, radicada por el fiscal Velázquez el día 26 de octubre de 1990, el Tribunal la declara Sin Lugar. En cuanto a la exoneración del acusado, no hay nada que disponer por cuanto no está planteada."2
En el mes de enero de 1991, la representación legal de Martínez Lugo solicitó del tribunal que emitiese una orden para que se devolvieran las fotos y huellas tomadas al acusado. Al enterarse de dicha solicitud, el Ministerio Público solicitó reconsideración de la denegatoria del tribunal a extender el período por un año. Celebrada la vista, el 29 de enero de 1991, en la cual estuvo presente Martínez Lugo, el tribunal reconsideró su dictamen y ordenó la extensión del término por el plazo de un año. Nada se dispuso en cuanto a desde cuándo comenzaba a decursar ese "nuevo" año.
Durante el mes de abril de 1991, según alega el peticionario, éste consultó con su entonces representante legal en torno a la posibilidad de trasladarse a los Estados Unidos toda vez que tenía una oferta de empleo. Supuestamente, su abogado le indicó que podía hacerlo "porque ya había cumplido su probatoria".
Por ello, Martínez Lugo se trasladó a vivir en los Estados Unidos, residiendo allí desde entonces.3
El 23 de septiembre de 1991, la Administración de Corrección cursó una misiva al Fiscal de Distrito alegando que Martínez Lugo había violado las condiciones impuestas para su libertad. El 4 de octubre de 1991, el fiscal solicitó del tribunal que se revocara la libertad a prueba concedida a Martínez Lugo; ello en virtud de las siguientes razones: no satisfacer una deuda por pensión alimentaria; ausentarse de la jurisdicción sin permiso; no comparecer ante el oficial probatorio; usar drogas narcóticas y no recibir tratamiento del D.S.C.A.
La vista sumaria inicial se pautó para el 12 de diciembre de 1991. Llegado el día de la vista, Martínez Lugo no se presentó y, por desconocer su paradero, el tribunal ordenó su arresto y fijó una fianza de diez mil dólares. Se reseñaló el asunto para el 17 de enero de 1992. Finalmente, el tribunal, en la fecha antes mencionada, revocó la libertad a prueba...
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Introducción
...733. [13] P.I.P. v. E.L.A., 1980, 109 D.P.R. 685. [14] Ortiz v. Burgos, 1962, 85 D.P.R. 42, 44- 45. [15] Pueblo v. Martínez Lugo, 2000, 150 D.P.R. 238. [16] Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 1974, 101 D.P.R. 859. Véase: Municipio de San Sebastián v. QMC, Telecom, 2014 T.S.P.R. [17] Rive......