Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 5 de Octubre de 2000 - 152 DPR 226

Certiorari

2000 TSPR 147

152 DPR 226

Número del Caso: CC-1999-0372

Fecha: 05/octubre/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV

Juez Ponente: Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogado de la Parte Demandante-Peticionaria: Lcdo.

Osvaldo Ortiz Medina

Abogado de la Parte Demandada-Recurrida: Lcdo. Harry N. Padilla Martínez

Materia: Reclamación Laboral, Procedimiento sumario

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 5 de octubre de 2000

El 27 de febrero de 1998, el recurrente, Adolfo Ruiz Rivas, presentó querella ante el Tribunal de Primera Instancia, Subsección de Distrito, Sala de Cabo Rojo, contra su patrono, el Colegio San Agustín, al amparo de la Ley Núm.

80, de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq (Ley Núm. 80), y la Ley Núm. 100 de 29 de junio de 1969, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq (Ley Núm.

100), acogiéndose al procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq (Ley Núm. 2).

A base de las alegaciones, el querellante reclamó que se ordenara al Colegio San Agustín satisfacerle una suma ascendente a $44,222.96, más la cantidad de $14,000 en concepto de honorarios de abogado. El Colegio fue notificado por conducto de su directora, la Sra. Elba Santana, el 10 de marzo de 1998. La notificación indicaba que la reclamación había sido presentada al amparo de la Ley Núm. 2 y que debía ser contestada dentro de diez (10) días a partir de la notificación.

El 24 de marzo de 1998, catorce (14) días después de haber sido emplazado, el querellado presentó su contestación a la querella, sin haber solicitado prórroga alguna respecto al término para contestar ni haber demostrado, bajo juramento, motivos justificativos de su tardanza, elementos ambos requeridos por la Sección 3 de la citada Ley Núm. 2. En esencia, en dicha contestación el querellado negó que hubiese discriminado contra el señor Ruiz, y alegó que éste fue cesanteado por razones estrictamente económicas. Además, alegó que el querellante no podía realizar eficientemente las funciones de su puesto.

Así las cosas, el 24 de abril de 1998, el querellante presentó moción solicitando que se anotara la rebeldía del querellado y se dictara sentencia en su contra, por haber éste contestado fuera del término establecido en la Ley Núm. 2. El 11 de mayo de 1998, el foro de instancia mediante resolución denegó la solicitud de rebeldía y señaló fecha para una conferencia con antelación al juicio.

Inconforme con dicha resolución, el 12 de junio de 1998, el querellante presentó recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 31 de agosto de 1998, y por razón de no surgir de los autos copia del diligenciamiento de notificación de la querella a la parte querellada, el foro apelativo intermedio denegó la expedición del recurso. Posteriormente, el 27 de octubre de 1998, el querellante presentó ante el foro de instancia el diligenciamiento de la notificación. Del mismo se desprende que, efectivamente, el querellado fue emplazado el 10 de marzo de 1998, a las 10:30am, por conducto de su directora, señora Elba Santana.

Nuevamente, el 16 de noviembre de 1998, el querellante presentó moción ante el tribunal de instancia solicitando que se anotara la rebeldía del querellado y se dictara sentencia en rebeldía. El 1 de diciembre de 1998, por segunda vez, el foro de instancia se negó a anotar la rebeldía del querellado y dictar sentencia en su contra. De esta segunda denegatoria, el querellante acudió al foro intermedio apelativo mediante recurso de certiorari. En esta ocasión, el 14 de abril de 1999, el Tribunal de Circuito de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción; apoyó su determinación desestimatoria en la decisión que emitiéramos en Dávila

v. Antilles Shipping, Inc., res. el 12 de febrero de 1999, 99 TSPR 12, al efecto de que las resoluciones interlocutorias emitidas bajo el procedimiento sumario de reclamaciones laborales no son revisables excepto cuando se dicten sin jurisdicción o cuando los fines de la justicia requieran la intervención del foro apelativo.

Inconforme, el 17 de mayo de 1999, el querellante acudió ante nos mediante petición de certiorari. Planteó que el foro intermedio apelativo había errado:

"...al determinar que no tenía jurisdicción para revisar la resolución interlocutoria dictada por el Tribunal de Primera Instancia en donde se niega a anotar la rebeldía y a dictar sentencia contra el querellado cuando éste no contestó la querella dentro del término fatal de 10 días ni solicitó prorroga bajo juramento conforme lo dispone 32 L.P.R.A. sec. 3120 ni existen circunstancias de tal naturaleza que le permitan al juzgador apartarse del mandato legislativo".

El 9 de julio de 1999, expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver el mismo.

La Ley Núm. 2 provee un mecanismo procesal sumario mediante el cual se persigue lograr la rápida consideración y adjudicación de querellas presentadas por empleados u obreros contra sus patronos. La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en su trámite para así alcanzar los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero así despedido recursos económicos entre un empleo y otro. Rivera Rivera v. Insular Wire Products, Corp., res. el 24 de mayo de 1996, 140 D.P.R.___ (1996). En vista de su carácter reparador, esta ley debe ser interpretada liberalmente a favor del empleado. Piñero González v. A.A.A., res. el 23 de octubre de 1998, 98 TSPR 141.

Para lograr sus propósitos legislativos, la Ley Núm. 2 dispone un trámite procesal que, permitiéndole al patrono vindicar sus derechos, es más oneroso para éste. Rivera Rivera, ante. Por ejemplo, dicha ley dispone términos cortos para contestar la querella, criterios estrictos para conceder una...