Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 19 de Octubre de 2000 - 152 DPR 257
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-1999-0933 |
| DTS | 2000 DTS 151 |
| TSPR | 2000 TSPR 151 |
| DPR | 152 DPR 257 |
| Fecha de Resolución | 19 de Octubre de 2000 |
Carmen Esquilín Maldonado
Peticionaria
Certiorari
2000 TSPR 151
152 DPR 257
Número del Caso: CC-1999-0933
Fecha: 19/octubre/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII
Juez Ponente: Hon. Efraín E. Rivera Pérez
Oficina del Procurador General: Hon. Gustavo A.
Gelpí, Procurador General
Abogada de la Parte Recurrida: Lcda. Carmen A.
Rodríguez Maldonado
Materia: Art. 83 Código Penal, Asesinato, Debido Procedimiento de ley
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2000
Por entender que la negligencia inexcusable del Estado menoscabó indebidamente el debido procedimiento de ley de la peticionaria al ponerla en un estado de indefensión, revocamos la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El 2 de julio de 1996, la Sra. Carmen Esquilín Maldonado (en adelante Esquilín o peticionaria) fue denunciada en ausencia por el delito de asesinato en primer grado, Art. 83 del Código Penal, 33 L.P.R.A. § 4002, por hechos alegadamente ocurridos el 30 de diciembre de 1989. La razón por la cual el Estado tardó seis años y medio para denunciar a la peticionaria fue la colocación equívoca del expediente en los archivos de casos terminados. No fue hasta que una agente preguntó por el caso que el Estado se preocupó por conseguir el expediente.
Una vez radicada la denuncia y pautada para celebrarse la vista preliminar, la peticionaria presentó una moción de desestimación basándose en que le habían violado su derecho a un debido proceso de ley. En ésta se alegó que la dilación provocada por la negligencia del Estado le produjo a la peticionaria un estado de indefensión.
El 8 de octubre de 1996, el tribunal de instancia celebró una vista evidenciara para determinar la procedencia de la desestimación solicitada. Denegó la petición el 12 de diciembre de 1996. Inconforme, la peticionaria acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito) para revisar la resolución del tribunal de instancia y, a través de una solicitud de auxilio de jurisdicción, para que se paralice la celebración de una vista preliminar. El Tribunal de Circuito denegó el recurso solicitado en aquella etapa del procedimiento.1
Dos semanas antes del día señalado para el juicio, Esquilín presentó ante el tribunal de instancia otra moción de desestimación aludiendo nuevamente a una violación al debido procedimiento de ley. Ésta fue declarada con lugar, y se desestimó el caso.
El Ministerio Público acudió al Tribunal de Circuito y éste revocó el dictamen. Resolvió que la dilación por parte del Estado para presentar la acusación contra Esquilín no fue una que provocara a ésta un estado de indefensión, ni perjudicara la preparación de la defensa. Inconforme, Esquilín acudió ante nos señalando el siguiente error:
Erró el Tribunal de Circuito al determinar que la peticionaria no presentó prueba que estableciera que la demora del Estado en someter el caso en su contra la situó en un estado de indefensión, ni que la preparación de la defensa se haya visto perjudicada por ello.
El error señalado se cometió. Veamos.
Para que se active la protección que ofrece el debido proceso de ley en su vertiente procesal, tiene que existir un interés individual de libertad o propiedad. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R.
265 (1987); U. Ind. Emp. v. A.E.P., res. el 13 de agosto de 1998, 98 T.S.P.R. 117, 98 J.T.S. 111, pág. 51. Una vez se cumpla con la existencia de un interés propietario o de libertad es preciso determinar cuál es el procedimiento exigido. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra; U. Ind. E.
v. A.E.P., supra. Si bien la característica...
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