Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 7 de Febrero de 2002 - 156 DPR 181

EmisorTribunal Supremo
Número del casoCC-2000-540
TSPR2002 TSPR 015
DPR156 DPR 181
Fecha de Resolución 7 de Febrero de 2002

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Daisy Annette Santiago Rivera

Demandante-Recurrida

v.

Osvaldo Ríos Alonso

Demandado-Peticionario

Certiorari

2002 TSPR 15

156 DPR 181 (2002)

156 D.P.R. 181 (2002)

2002 JTS 21

Número del Caso: CC-2000-540

Fecha: 7/febrero/2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII

Juez Ponente: Hon. José L. Miranda de Hostos

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Roberto O.

Maldonado Nieves

Abogado de la Parte Recurida: Lcdo. Mark Anthony Bimbela

Daños y Perjuicios, Violencia Doméstica, Síndrome de mujer maltratada, Término de Prescripción

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2002

En o alrededor de mayo de 1995, la demandante-recurrida, la Sra. Daisy Annette Santiago, conoció al demandado-peticionario, el Sr. Osvaldo Ríos Alonso, comenzando una relación sentimental con éste que duró hasta el 24 de noviembre de 1996. Dicha relación consensual comprendía, además, una relación de trabajo puesto que la Sra. Santiago, durante dicho período de tiempo, fungía como asistente personal del Sr. Ríos, devengando un ingreso por dichas labores. Durante la referida relación, la Sra. Santiago alega que en varias ocasiones fue agredida, física y sicológicamente, por el Sr. Ríos como consecuencia de lo cual sufrió serios daños físicos y emocionales, recibiendo asistencia médica, sicológica y siquiátrica.

El 21 de noviembre de 1997, la Sra. Santiago entabló una reclamación de daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina1, en contra del Sr. Ríos, por los alegados actos de agresión, tanto físicos como emocionales, que, alegadamente, constituyeron un patrón de conducta

violenta que le causó graves daños y angustias mentales, estimados los mismos en una cantidad no menor de $1,000,000.00. Además del alegado "patrón de violencia psicológica", durante la relación sentimental y de trabajo, la demandante sostuvo que los actos de agresión física ocurrieron, específicamente, en las siguientes fechas: febrero de 1996; en o alrededor de mayo del 1996; en o alrededor de septiembre de 1996; y el último, el 24 de noviembre de 1996, el cual suscitó la ruptura definitiva de la relación que éstos sostenían.

Luego de que el Sr. Ríos contestara la demanda2 y las partes iniciaran el descubrimiento de prueba, el 16 de febrero de 1999, el Sr. Ríos solicitó la desestimación parcial de la demanda mediante el mecanismo procesal de la sentencia sumaria, sosteniendo que los alegados actos de agresión anteriores al 24 de noviembre de 1996 estaban prescritos. El 20 de abril de 1999, la Sra. Santiago se opuso a la moción alegando, en lo aquí pertinente, que existía una controversia sustancial en torno a los hechos y que existían elementos subjetivos, específicamente que ésta alegadamente sufría del síndrome de mujer maltratada, lo cual impedía dictar sentencia sumaria y disponer así de la reclamación. Adujo, además, como fundamento para la improcedencia de la solicitud de sentencia sumaria parcial, que no se había concluido el descubrimiento de prueba, pues no se había logrado deponer al Sr.

Ríos, colocándola en desventaja para oponerse a la moción.

El tribunal de instancia luego de señalar y celebrar una vista, en la que escuchó argumentos orales de las partes, emitió una sentencia sumaria parcial, en la cual acogió los planteamientos de la parte demandada, sosteniendo que procedía la emisión de la misma ya que los alegados actos de agresión, anteriores al 24 de noviembre de 1996, habían prescrito. Entendió que, bajo la teoría cognoscitiva del daño y en cuanto a los daños sucesivos, el término prescriptivo empezó a correr a partir del primer momento en que ésta conoció los daños y podía anticipar la certidumbre de su ocurrencia, lo cual determinó que fue a partir del primer incidente ocurrido en febrero de 19963.

El foro primario rechazó el argumento de la Sra. Santiago en cuanto a que los términos prescriptivos nunca comenzaron a decursar, por ésta alegadamente sufrir del síndrome de mujer maltratada, resolviendo que la jurisprudencia no reconoce este síndrome como una defensa independiente y absoluta, sino como parte de la prueba admisible para probar los elementos de defensa propia en casos criminales en donde la víctima de maltrato comete algún acto de agresión en contra de su cónyuge o compañero consensual.

Inconforme con la sentencia sumaria parcial, la Sra. Santiago acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante recurso de certiorari, alegando, en síntesis, que incidió el foro primario al emitir la sentencia sumaria sin considerar sus alegaciones sobre el síndrome de mujer maltratada. De la misma manera, sostuvo que ella tenía derecho a completar su descubrimiento de prueba; que existía una controversia real y sustancial que impedía dictar sentencia sumaria, aún sobre el aspecto de prescripción.

Mediante sentencia a esos efectos, el tribunal apelativo intermedio revocó el dictamen recurrido. Concluyó que cuando se alega que la agraviada fue víctima del síndrome de mujer maltratada se tiene, sin entrar en los méritos de la alegación, que pasar prueba sobre dicho síndrome ya que el punto de partida del término prescriptivo para estos casos es el momento en que la víctima rompe con el ciclo que provocó tal condición y conoce que ha sufrido daños por tal conducta.

Insatisfecho con esta determinación, Ríos Alonso acudió oportunamente ante este Tribunal vía certiorari. Sostuvo que incidió el Tribunal de Circuito de Apelaciones:

... al revocar al Tribunal de Instancia que desestimó parcialmente la demanda por estar prescrita ante admisiones de la propia demandante en su deposición[.]

... al tomar conocimiento de prueba sobre el alegado estado mental de (SIC) demandante a pesar de sus admisiones y de prueba considerada por el Tribunal de Primera Instancia[.]

... al concluir que la demandante tenía que completar un descubrimiento de prueba para determinar cuando tuvo conocimiento de los daños, al ser ese descubrimiento innecesario por sus admisiones[.]

Expedimos el recurso. En el día de hoy, y aun cuando por fundamentos un tanto distintos, confirmamos la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Somos del criterio que para arribar a la conclusión a la que llegamos, resulta innecesario resolver si la defensa del síndrome de mujer maltratada --usualmente utilizada en el ámbito penal-- es aplicable a la esfera civil.

I

Sabido es que la prescripción, institución de derecho sustantivo regulada por el Código Civil, constituye una forma de extinción de un derecho debido a la inercia en ejercer el mismo durante un tiempo determinado. Galib Frangie

v. El Vocero, 138 D.P.R. 560, 566 (1995). Es una manera de conservar el equilibrio entre las relaciones jurídicas de las partes ya que provee una garantía sobre los derechos que les cobija. Id.

Hemos descrito el propósito y los derechos amparados por la prescripción de la siguiente manera:

La institución de la prescripción extintiva aspira a asegurar la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás derechos. Su innegable necesidad y valor responden a una presunción legal de abandono, derivado del hecho del transcurso de un tiempo determinado sin reclamar un derecho. Sin embargo, ninguno de los intereses a los cuales responde es absoluto --de un lado salvaguardar un derecho y del otro, darle carácter definido a la incertidumbre de una posible reclamación-- sino que deben ser aquilatados en su justa proyección. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243 (1984). (Citas omitidas y énfasis suplido.)

Conforme lo dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 5298, que establece la teoría cognoscitiva del daño, el período prescriptivo de una acción de daños y perjuicios comienza de decursar desde que el agraviado conoció el daño. Por otra parte, el Artículo 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 5299, sostiene que: "El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieran ejercitarse". (Énfasis suplido.)

Atendiendo, y atemperando, estas disposiciones, hemos pautado una trayectoria flexible en cuanto al cómputo de dicho término. Para determinar cuándo comienza a decursar el término prescriptivo, hemos precisado que el momento que se toma como verdadero punto de partida en una acción de daños y perjuicios lo es la fecha en que el perjudicado conoció del daño; quién fue el autor del mismo; y, además, desde que éste conoce los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. Véase: Padín Espinosa v. Compañía de Fomento Industrial de PR, res. el 25 de febrero de 2000, 2000 TSPR 32. Martínez Rodríguez

v. Brystol Myers Barceloneta, Inc., res. el 26 de enero de 1999, 99 TSPR 6; Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., 135 D.P.R. 746 (1994); Toledo Maldonado v. Cartagena, D.P.R. (1992), Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1989); Riley v. Pacheco, 119 D.P.R.

762 (1987); Colón Prieto v. Géigel, ante.

No podemos perder de perspectiva, por otro lado, que la prescripción no es una figura rígida sino que la misma admite ajustes judiciales, según sea requerido por las circunstancias particulares de los casos y la noción sobre lo que es justo. Véase: Maldonado v. Russe, res el 8 de febrero de 2001, 2001 JTS 17; Padín Espinosa v. Compañía de Fomento Industrial de P.R., ante; Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., ante, 754. Es por ello que hemos establecido que aquella disposición sobre prescripción que exija a los demandantes instar su causa de acción antes de que éstos...

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