Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 19 de Febrero de 2002 - 156 DPR 234

EmisorTribunal Supremo
Número del casoCC-2000-259
TSPR2002 TSPR 023
DPR156 DPR 234
Fecha de Resolución19 de Febrero de 2002

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mayagüez Hilton Corporation

Peticionario

v.

Humberto Betancourt, et al.

Recurridos

Certiorari

2002 TSPR 23

156 DPR 234 (2002)

156 D.P.R. 234 (2002)

2002 JTS 29

Número del Caso: CC-2000-259

Fecha: 19/febrero/2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV

Juez Ponente: Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcda. Anabelle Rodríguez, Lcdo. Juan A. Frau Escudero

Abogados de la Parte Recurida: Lcdo. Eugenio C. Romero, Lcdo. Rolando Anglada Gil

Acción Civil, solicita declaren nulo Contrato de consultoría por violación a la Ley de Juegos de Azar, opción de renovar.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2002.

I.

En 1990 el hotel Mayagüez Hilton (en adelante "Hilton") demandó a International Casino Management Inc. (I.C.M) y a Humberto Betancourt (en adelante "Sr. Betancourt"), su accionista principal, solicitando una sentencia declaratoria que decretara inválido un acuerdo otorgado entre éstos el 20 de marzo de 1986, denominado "Casino Management Agreement".1 Solicitó, además, que el tribunal autorizara la consignación de la suma de $511,501.00 a favor del Sr. Betancourt por concepto de la deuda vigente para los años 1987 a 1989, en virtud del acuerdo en cuestión.

El 18 de diciembre de 1987 Hilton y el Sr. Betancourt habían otorgado un segundo acuerdo titulado "Casino Consultant Agreement" (en adelante, "contrato de consultoría"). El acuerdo disponía para que, comenzando el 1 de enero de 1988, el Sr. Betancourt fungiera como consultor para el hotel en todo aquello que se relacionara con la operación del casino del Hilton. La segunda cláusula del contrato, disponía de la siguiente manera en su traducción al idioma español:

Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 1993. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá resolver el mismo si el casino incurre en pérdidas operacionales por dos años consecutivos. Disponiéndose, sin embargo, que el Sr. Betancourt tiene la opción de renovar este contrato por un término adicional de cinco (5) años si los primeros cinco años de operación producen una ganancia neta de operación de $2,500,000 antes del pago de impuestos. Durante el período de renovación, la operación (del casino) tendrá que producir ganancias netas de $500,000 antes de impuestos. Si el casino no produce un margen de ganancias netas de $500,000 para cualquiera de esos cinco años, el contrato podrá resolverse a petición de Hilton. Este acuerdo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes en la eventualidad de que la licencia de Hilton terminara por cualquier razón. (Traducción y énfasis nuestro.)2

Ante la demanda de Hilton, el Sr. Betancourt presentó una reconvención y demanda contra los terceros Hilton International, Hilton International of Puerto Rico Inc., Rupert E. Hubert, Mehdi Naqvi, Moises Rivas y Dieter Huckestein, oficiales de las empresas mencionadas, sus respectivas esposas y las sociedades legales de gananciales por ellos compuestas.3 En la reconvención, el Sr.

Betancourt hizo referencia a la cláusula antes citada, como un derecho de opción que tenía este último para renovar el contrato de consultoría por cinco (5) años adicionales, de cumplirse la condición expresada.

El 30 de octubre de 1992, mediante sentencia parcial, el Tribunal de Primera Instancia (en adelante "TPI") declaró ha lugar la demanda presentada por Hilton y decretó la nulidad del "Casino Management Agreement", por éste violentar las disposiciones de la Ley de Juegos de Azar.

El 31 de enero de 1993, once (11) meses antes de la fecha pactada para su vencimiento, Hilton dio por terminado el contrato de consultoría. Las partes intentaron negociar la compensación del Sr. Betancourt para los años 1989 a 1992, durante los cuales estuvo vigente el acuerdo. Ante la complejidad de las partidas reclamadas, el TPI nombró un comisionado especial.

A raíz de la cancelación prematura del contrato, el 11 de julio de 1995, el Sr. Betancourt sometió una moción solicitando enmendar las alegaciones de su reconvención y demanda contra terceros. Ello, con el propósito de particularizar su reclamación por incumplimiento de contrato y solicitar indemnización por los honorarios durante los años 1994 a 1998, bajo la opción otorgada en el contrato de consultoría, de renovar el mismo por cinco años.4

El 31 de octubre de 1996, el Sr.

Betancourt presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial solicitándole al TPI que adoptara el Informe presentado por el Comisionado Especial designado y que ordenase el pago de las partidas allí detalladas.5 Solicitó, además, que adjudicara una compensación para el período comprendido desde la cancelación prematura del contrato de consultoría y el vencimiento del contrato en cuestión, según lo originalmente pactado, entiéndase desde el 31 de enero al 31 de diciembre de 1993. Posteriormente, el 14 de noviembre de 1996, presentó otra Moción de Sentencia Sumaria Parcial en la cual adujo que la actuación unilateral de Hilton de dar por terminado prematuramente el contrato, impidió que éste pudiese ejercer su opción de renovar el mismo por cinco años adicionales.6 Alegó que la opción de renovar el contrato estaba sujeta a la condición de que la operación del casino durante los primeros cinco años produjera un ingreso neto operacional mayor de $2,500,000.00, condición que para fines del segundo año de operaciones se había cumplido. Añadió que Hilton, al cancelar el contrato, impidió que se cumpliera el término de cinco años previsto para el contrato de consultoría, pretendiendo con ello evadir su obligación de renovar el contrato a opción del Sr. Betancourt. En consecuencia, solicitó que, mediante sentencia sumaria, el TPI determinara que tenía derecho a renovar el contrato por cinco años adicionales.

El TPI, mediante sentencia parcial de 31 de enero de 1997, dispuso la retribución a la cual tenía derecho el Sr.

Betancourt desde 1989 a 1993 inclusive, de acuerdo a las sumas que recomendó el informe del Comisionado Especial y adjudicó la controversia referente a la cancelación prematura del contrato de consultoría.7 No obstante, mediante resolución emitida en igual fecha, el TPI dejó expresamente pendiente la existencia o inexistencia de justa causa para la cancelación prematura de dicho contrato.8 También, dejó pendiente la controversia relativa al derecho del Sr. Betancourt a ejercitar la opción contractual que hubiera extendido el contrato por un segundo término de cinco años, reclamación aducida por éste en su segunda moción de sentencia sumaria, y la cuantía a pagar por dichos daños adicionales.

El 19 de junio de 1997, Hilton presentó moción de reconsideración la cual fue denegada mediante resolución de 25 junio de 1997. El TPI concluyó que sólo quedaba pendiente de resolver la controversia en torno al derecho del Sr. Betancourt a que se extendiera el contrato de consultoría por cinco años adicionales.9

Hilton, oportunamente, presentó ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante "TCA") un escrito titulado "Petición de Certiorari y/o Escrito de Apelación" mediante el cual solicitó la revisión de la sentencia parcial dictada por el TPI el 31 de enero de 1997. El foro apelativo rechazó los planteamientos de Hilton referentes a que la cancelación prematura del contrato se debía al incumplimiento del Sr. Betancourt con sus cláusulas, por éstos haber sido formulados tardíamente. Procedió a confirmar la sentencia sumaria parcial dictada por TPI.

Mientras tanto, luego de varios incidentes procesales, el 13 de septiembre de 1999, el TPI declaró ha lugar la segunda moción de sentencia sumaria parcial presentada por el Sr.

Betancourt el 14 de noviembre de 1996.10 Resolvió que el acuerdo de consultoría era un contrato de arrendamiento de servicios profesionales y que la segunda cláusula del acuerdo en cuestión no era una opción sino una cláusula de renovación por un período adicional de cinco años.11 Concluyó, además, que la renovación era una obligación sujeta a la condición suspensiva de que durante los primeros cinco (5) años del contrato original el casino obtuviera una ganancia neta de más de $2,500,000. Sostuvo que Hilton, al cancelar injustamente el contrato de consultoría antes de su vencimiento, impidió que se cumplieran las condiciones que hubieran dado lugar al segundo contrato, aunque a la fecha de la cancelación del contrato, entiéndase el 31 de enero de 1993, ya se había cumplido la condición que requería la ganancia de $2,500,000.

Aplicando el artículo 1072 del Código Civil, concluyó que ello tuvo el efecto de que las condiciones se entendieran por cumplidas, o sea, como si el derecho se hubiera ejercido.12

Finalmente, puntualizó que Hilton dolosamente provocó la imposibilidad del cumplimiento de la obligación al dar por terminado el contrato original antes de su fecha de vencimiento. En consecuencia, ordenó a Hilton indemnizar al Sr. Betancourt por la suma correspondiente al sueldo dejado de devengar durante el tiempo que hubiese estado vigente el nuevo contrato.13 Sostuvo, además, que procedía indemnizar al Sr. Betancourt por las angustias mentales que hubieran podido preverse al tiempo de constituirse la obligación, y que fueran consecuencia necesaria de su incumplimiento.14

Hilton acudió al TCA aduciendo que la cláusula en controversia era una de opción cuyo término para ejercitarla había caducado una vez se cumplió con el margen de ganancias de $2,500,000.15 Cuestionó, a su vez, la determinación del TPI, referente a que había mediado dolo en la cancelación del contrato. Señaló que la controversia relativa a la...

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