Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Septiembre de 2002 - 157 DPR 150
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | AD-2001-1 |
| TSPR | 2002 TSPR 129 |
| DPR | 157 DPR 150 |
| Fecha de Resolución | 24 de Septiembre de 2002 |
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sala de Guayama
2002 TSPR 129
157 DPR 150 (2002)
157 D.P.R. 150 (2002)
2002 JTS 135
Número del Caso: AD-2001-1
Fecha: 24/septiembre/2002
Oficina de Administración de los Tribunales: Lcda. Ivonne Díaz Pérez, Directora
Lcda. Nilsa L. García Cabrera
Oficina de Asuntos Legales
Abogado de la Parte Querellada: Lcdo. Héctor M. Varela Riestra
Materia: Conducta Profesional, Juez, No entregar documentos de matrimonio celebrado al Registro Demográfico
PER
CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2002
No existe controversia sobre los hechos de este caso. Las partes sometieron un Informe de Conferencia Conjunto a la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en adelante la Comisión, en el cual estipularon los mismos. A su vez, mediante otro escrito, renunciaron a la vista evidenciaria.
El Honorable Ricardo J. González Porrata-Doria fue juramentado como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia el 2 de enero de 1996.
Posteriormente, el 19 de junio de 2000, recibió nombramiento de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.
Al momento de los hechos que originaron esta querella, el Juez querellado estaba asignado a la Sala del Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial de Guayama.
El Sr. Edward S. Mitchell contrató los servicios del Juez González Porrata-Doria para celebrar su matrimonio con la Sr. Leslie Renee Wallace. Se estipularon los honorarios a ser percibidos por el juez en la suma de ciento cincuenta (150) dólares.
El rito matrimonial se celebró en San Juan, el 9 de julio de 1999. Celebrado el acto, el juez indicó a los contrayentes que en cinco (5) días podían recoger en el Registro Demográfico de San Juan, en adelante el Registro, el Certificado de Matrimonio.
Así las cosas, en algún momento a finales del mes de julio, o principios del mes de agosto de 1999, el esposo acudió a las oficinas del Registro a recoger el Certificado de Matrimonio. Allí le indicaron que los documentos de inscripción para dicho matrimonio no habían sido presentados ni entregados.
Ante tal situación, el Sr. Mitchell se comunicó con el Juez querellado y le inquirió sobre la presentación de los documentos de inscripción del matrimonio ante el Registro. El juez respondió que los documentos habían sido devueltos por un error de su secretaria. El Juez querellado expidió una certificación dando fe de la celebración del matrimonio Mitchell-Wallace, con fecha de 1 de agosto de 1999.
En el transcurso de las siguientes tres (3) semanas, el Sr. Mitchell visitó nuevamente el Registro para obtener el certificado matrimonial. Una vez más le informaron que los documentos de inscripción no se habían presentado. Por segunda vez se comunicó con el Juez querellado. Éste le prometió enviar los documentos nuevamente, lo cual no ocurrió.
En definitiva, en un período de once (11) meses, el Sr. Mitchell se comunicó en cinco (5) oportunidades con la Oficina del mencionado Juez y le envió dos (2) facsímiles sin obtener respuestas a dichas comunicaciones, ni una solución al problema.
El 5 de enero de 2000, seis meses después de haber celebrado el matrimonio Mitchell-Wallace, el querellado rindió el Índice de Affidávits o Declaraciones Juradas por Jueces correspondientes a la semana del 4 al 10 de julio de 1999, haciendo constar el matrimonio celebrado el 9 de julio de 1999.
El 22 de junio de 2000, el Sr. Mitchell acudió a la Oficina de la Administracion de los Tribunales, (en adelante O.A.T.), en donde recibió orientación sobre el asunto. Allí se comunicaron con el querellado, quien se comprometió a someter los documentos ante el Registro ese mismo día.
El 6 de julio de 2000, los mencionados documentos fueron presentados al Registro.
El 10 de julio de 2000, el Sr. Mitchell presentó la queja, debidamente juramentada, que dio origen al presente procedimiento disciplinario.
En la correspondiente querella se le imputa al Juez González Porrata-Doria haber violado el Canon I de los de Ética Judicial, al dejar de someter los documentos del matrimonio Mitchell-Wallace a pesar de los múltiples requerimientos realizados por el Sr. Mitchell para lograr la inscripción de su matrimonio. En el segundo cargo, se le imputa violación al Canon V, al esperar hasta el 5 de enero de 2000 para remitir el informe semanal conteniendo la relación de ritos matrimoniales celebrados en la semana correspondiente del 4 a 10 de julio de 1999, incumpliendo sus deberes administrativos en el ejercicio de las funciones no judiciales en la celebración de matrimonios. En el tercer cargo, se le imputa al querellado haber incurrido en conducta contraria al Art. 24 de la Ley del Registro Demográfico, 24 L.P.R.A. § 1163, al no entregar al encargado del Registro los documentos para inscribir el matrimonio en el término de diez (10) días. Finalmente, como cuarto cargo, se le imputa incurrir en conducta impropia e ilegal al no enviar ni entregar en...
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...entre otras cosas, sus obligaciones administrativas. 4 LPRA Ap. IV-A C. V. Véase, In re Porrata Doria, res. 24 de septiembre de 2002; 2002 TSPR 129 (2002); 158 DPR _____ Deben, pues, cumplir con las obligaciones administrativas que le impone la reglamentación de la Rama Judicial, así como l......
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