Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 26 de Febrero de 2008 - 173 DPR 203

EmisorTribunal Supremo
Número del casoCC-2006-570
DTS2008 DTS 034
TSPR2008 TSPR 34
DPR173 DPR 203
Fecha de Resolución26 de Febrero de 2008

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Vs.

Noel Paonesa Arroyo

Recurrido

Certiorari

2008TSPR 34

173 DPR 203, (2008)

173 D.P.R. 203 (2008), Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173:203

2008 JTS 55 (2008)

2008 DTS 34 (2008)

Número del Caso: CC-2006-570

Fecha: 26 de febrero de 2008

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Caguas Panel XI

Juez Ponente: Hon. Carmen A. Pesante Martínez

Oficina del Procurador General: Lcda. Mariana D. Negrón Vargas

Subprocuradora General

Abogada de la Parte Recurrida: Lcda. Ana E. Andrade Rivera

Derecho Penal, Juicio rápido, Habeas Corpus. Regla 64(n) Procedimiento Criminal. Se confirmar la sentencia del tribunal apelativo en lo relativo a su determinación de que el juicio en el presente caso comenzó con la juramentación preliminar del jurado y revocar la orden del foro apelativo intermedio ordenando la excarcelación de Paonessa Arroyo. El juicio en el presente caso comenzó antes de que transcurriera el plazo de seis meses que dispone la cláusula constitucional de detención preventiva.

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2008

Noel Paonessa Arroyo y Sonia González Alejandro c/p Carmen González Alejandro c/p La Bella, fueron acusados por el delito de Asesinato en Primer Grado, Conspiración para cometer asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. En específico, se les imputó que de forma "ilegal, voluntaria, criminalmente, con alevos[í]a, malicia premeditada y deliberaci[ó]n, con el prop[ó]sito decidido y firme de matar, actuando en concierto y com[ú]n acuerdo entre s[í] dieron muerte al ser humano Edwin Vigo Aponte consistente dicho acto en que utilizan[d]o un arma de fuego le hizo [sic] varios disparos que le ocasionaron la muerte en el acto."

El 1 de diciembre de 2005, Paonessa fue ingresado en el Centro de Detención de Bayamón al no prestar la fianza, fijada de $1.5 millones. En la vista preliminar, celebrada el 14 de marzo de 2006 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, se encontró causa probable para acusar por los delitos de Asesinato en Primer Grado y violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas. El 28 de marzo de 2006, se llevó a cabo el acto de lectura de acusación.

El 11 mayo de 2006, el tribunal señaló el juicio por jurado para el 22 de mayo de 2006. En tal fecha, según surge de la Minuta, el tribunal le indicó a los allí presentes que debido a que el caso le había sido trasladado de otra Sala, y ya había comenzado unos casos de homicidio, asesinato y actos lascivos, era necesario integrar su caso a su Sala y ubicarlo en el calendario. El tribunal, en dicho día, procedió a tomarle el juramento preliminar a los potenciales candidatos a jurado y señaló la continuación del juicio para el 21 y 22 de junio de 2006.

El 1 de junio de 2006, Paonessa Arroyo presentó un recurso de habeas corpus ante el tribunal de instancia, planteando que procedía su excarcelación al amparo del Artículo II, Sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya que habían transcurrido más de seis meses desde su detención, sin la celebración del juicio correspondiente.

El 2 de junio de 2006, el tribunal de instancia emitió resolución denegando la solicitud de habeas corpus y reiterando el señalamiento de continuación del juicio para el 21 de junio de 2006. El foro primario expresó que el juicio comenzó el 22 de mayo de 2006 con la desinsaculación del jurado, cuando aún no había transcurrido el término constitucional de seis meses. Sobre el particular, señaló que se llevó a cabo la juramentación preliminar del jurado y se realizaron entrevistas individuales y generales de los posibles candidatos a servir como jurados. Además, destacó que distinto a la situación en casos donde se plantea la defensa de doble exposición, cuando se trata de detención preventiva y del derecho a juicio rápido, basta con el juramento preliminar del jurado bajo la Regla 119 de Procedimiento Criminal para que se entienda iniciado el juicio.

Inconforme, Paonessa Arroyo recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando su excarcelación. Argumentó que su detención era ilegal por ser violatoria de la disposición constitucional que proscribe las detenciones preventivas en exceso de seis meses sin haberse iniciado el juicio.

El 14 de junio de 2006, el tribunal de apelaciones emitió sentencia, revocando

la determinación del tribunal de instancia y ordenando la excarcelación de Paonessa Arroyo. El foro apelativo resolvió que, si bien para efectos de la detención preventiva, el juicio comienza con la juramentación preliminar del jurado, en éste caso "el Estado no hizo esfuerzos genuinos para preservarle el derecho al acusado de que se le celebrara juicio dentro de los seis meses de su detención preventiva." A su juicio, lo aquí ocurrido tomarle el juramento preliminar al jurado, hacer unas preguntas generales y, tras ello, posponer el caso

constituyeron "esfuerzos livianos conducentes a dar por comenzado el juicio y así circunvalar lo preceptuado en la Cláusula de Detención Preventiva."

De tal determinación recurrió ante este Tribunal el Pueblo de Puerto Rico, por conducto del Procurador General, mediante moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de certiorari. El 19 de junio de 2006, ordenamos la paralización de los procedimientos ante el tribunal de instancia hasta la resolución del recurso presentado ante nuestra consideración. El Procurador General presentó moción en reconsideración parcial, solicitando ordenáramos la re-encarcelación inmediata de Paonessa.

Alegó que el juicio comenzó el 22 de mayo de 2006 y por tanto, no cabe hablar de una violación a la cláusula constitucional de detención preventiva.

Denegamos tal solicitud.

Expedimos el recurso. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

I

El Artículo II, Sección 11 de nuestra Constitución, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo I, consagra los derechos que le asisten a un acusado en los procesos...

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