Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 31 de Marzo de 2011 - 181 DPR 426

EmisorTribunal Supremo
Número del casoCC-2008-8
DTS2011 DTS 049
TSPR2011 TSPR 49
DPR181 DPR 426
Fecha de Resolución31 de Marzo de 2011

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Luis P. Costas Elena y Hazell A. Russell McMillan

Peticionario

Certiorari

2011 TSPR 49

181 DPR 426, (2011)

181 D.P.R.

426 (2011), Pueblo v. Costas Elena, Rusell McMillan, 181:426

2011 JTS 54 (2011)

2011 DTS 49 (2011)

Número del Caso: CC-2008-8

Fecha: 31 de marzo de 2011

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan Panel IV

Jueza Ponente: Hon. Mildred Pabón Charneco

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. José A.

Andreu Fuentes

Oficina de la Procuradora General: Lcda. Maite D.

Oronoz Rodríguez

Procuradora General Interina

Lcda. Luana R. Ramos Carrión

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Ileana M. Oliver Falero

Procuradora General Auxiliar

Derecho Contributivo, Art. 6050 y 6054(b)(1)del Código de Rentas Internas, Supresión de Evidencia.

Los peticionarios no cuentan con legitimación activa para solicitar la supresión de la evidencia obtenida de las cuentas bancarias corporativas, ya que carecen de una expectativa legítima de intimidad sobre dichas cuentas. De igual forma, determinamos que el Secretario de Hacienda cuenta con la facultad de contratar servicios profesionales o consultivos para evaluar irregularidades en las planillas de los contribuyentes.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2011.

Como parte de una investigación sobre posible evasión contributiva, el Departamento de Hacienda le hizo varios requerimientos al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y a otras instituciones financieras, entre ellas Charles Schwab, para que le indicaran y le facilitaran los números de cuentas bancarias de los peticionarios Luis Costas Elena y Hazel Russell McMillan, así como de las corporaciones Demeter Internacional, Diógenes International Consulting Corp., P.R. Agro-Terra International Corp., Embryo Service Inc., y Limones Agro-P.R. Inc.

Asimismo, con el propósito de determinar si se habían cometido delitos contributivos, la División de Evasión Contributiva del Departamento de Hacienda, de forma ex parte, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que emitiera órdenes de registro de las cuentas bancarias de los peticionarios Costas Elena y Russell McMillan, y sus corporaciones. Para estas solicitudes, se invocó la facultad que le confiere al Secretario de Hacienda la Sección 6122(a) del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 8121, para hacer investigaciones y solicitar documentos con el propósito de establecer la responsabilidad tributaria de un contribuyente.

El Tribunal de Primera Instancia expidió las órdenes de registro de las cuentas bancarias. El Departamento de Hacienda contrató para investigar el caso a la Contadora Pública Autorizada con práctica privada, Lydia E. Márquez Vázquez. Del registro realizado por el Departamento de Hacienda de las cuentas bancarias de los acusados y sus corporaciones en el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) y la institución Charles Schawb, se obtuvo la información que dio base a las acusaciones criminales radicadas en contra del señor Costas Elena y la señora Russell McMillan. Las acusaciones les imputan cuatro infracciones a la Sección 6050 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico (evasión contributiva), 13 L.P.R.A. sec. 8055, y cuatro cargos por violación del Artículo 6054 (b)(1) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico (perjurio al firmar planillas), 13 L.P.R.A. sec. 8059.

Los peticionarios Costas Elena y Russell McMillan presentaron una moción de supresión del testimonio de la CPA Márquez Vázquez. Alegaron que como la testigo no era empleada o funcionaria del Departamento de Hacienda, ésta no tenía autoridad en ley para examinar e investigar las planillas de contribución sobre ingresos de los acusados y que, por el contrario, sus actuaciones constituían una violación expresa de la ley y la reglamentación aplicable. Los peticionarios adujeron que la ley y la reglamentación en cuestión sólo permite que sean ciertos empleados o funcionarios públicos los únicos que tienen facultad para examinar e investigar una planilla de contribución sobre ingresos de un contribuyente en Puerto Rico.

Por lo anterior, los peticionarios solicitaron la supresión del testimonio de la CPA Márquez Vázquez en el juicio en su fondo del presente caso ante el supuesto de que era el resultado de información obtenida ilegalmente.

Los peticionarios también solicitaron la supresión de la evidencia documental obtenida. Argumentaron que no fueron notificados del requerimiento de los documentos bancarios y que la información bancaria fue adquirida sin mediar una orden judicial.

El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la moción de supresión en cuanto a toda la evidencia obtenida por el Estado mediante el registro de las cuentas bancarias personales de los peticionarios. En cambio, el foro primario determinó que el requerimiento del número de las cuentas bancarias de los peticionarios y las corporaciones no fue irrazonable ni contrario a derecho, ya que éstos no albergaban una expectativa de intimidad sobre el número de las cuentas bancarias. Además, el tribunal resolvió que los peticionarios no contaban con legitimación activa para invocar la regla de exclusión en cuanto a las cuentas bancarias de las corporaciones, ya que ese es un derecho que únicamente puede ser invocado por las corporaciones, como únicas personas agraviadas. Por último, el tribunal no suprimió el testimonio de la CPA Márquez Vázquez porque entendió que el Secretario de Hacienda tiene autoridad en ley para otorgar contratos de servicios profesionales o consultivos a individuos y entidades privadas para que le asistan en su función investigativa, según la Ley Núm. 237 de 31 de agosto de 2004, 3 L.P.R.A. secs.

8611-8615.

Inconformes, los peticionarios acudieron mediante certiorari

al Tribunal de Apelaciones. Éste coincidió con el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia y denegó la expedición del auto solicitado.

Entonces, los peticionarios recurrieron ante nos de la resolución del foro apelativo intermedio y el 28 de abril de 2008 expedimos el auto de certiorari.

Con los alegatos de ambas partes, estamos en posición de resolver.

Como el Tribunal está igualmente dividido, se confirma la resolución del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo resuelto aquí.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emite una opinión de conformidad a la cual se unen los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Rivera García. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emite una opinión disidente a la cual se une el Juez Presidente señor Hernández Denton. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, a la que se unen los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2011.

Una vez más tenemos ante nuestra consideración la razonabilidad del requerimiento de documentos en manos de un tercero. Nos corresponde determinar quiénes tienen legitimación activa para solicitar la supresión de unos documentos obtenidos de las cuentas bancarias de unas corporaciones contra las que no hay acusación alguna. Los acusados son sus únicos accionistas, los peticionarios, en su carácter personal. Asimismo, nos corresponde determinar si dentro del amplio poder investigativo que ostenta el Secretario de Hacienda, éste puede subcontratar para la investigación de planillas de contribución sobre ingresos.

Evaluadas las controversias, concluimos que los peticionarios no cuentan con legitimación activa para solicitar la supresión de la evidencia obtenida de las cuentas bancarias corporativas, ya que carecen de una expectativa legítima de intimidad sobre dichas cuentas. De igual forma, determinamos que el Secretario de Hacienda cuenta con la facultad de contratar servicios profesionales o consultivos para evaluar irregularidades en las planillas de los contribuyentes. Por consiguiente, estamos conformes con la confirmación del dictamen del Tribunal de Apelaciones.

I

Las Comisiones de Hacienda y de Agricultura de la Cámara de Representantes, realizaron una investigación sobre alegadas irregularidades en la otorgación de créditos contributivos agrícolas. De dicha investigación legislativa, la Cámara de Representantes refirió un informe al Departamento de Justicia y al Departamento de Hacienda para la investigación de posibles delitos sobre evasión contributiva. En el referido informe legislativo, se estableció la posible comisión de delitos contributivos por parte de los acusados-peticionarios, Luis P. Costas Elena y Hazel A. Russell McMillan. La entonces Secretaria de Justicia, Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez refirió el asunto al Departamento de Hacienda para la investigación inicial de los posibles delitos contributivos. El Departamento de Hacienda le hizo varios requerimientos al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y a otras instituciones financieras, entre ellas Charles Schwab, para que le indicaran y le facilitaran los números de cuentas bancarias de los acusados-peticionarios Costas Elena y Russell McMillan, así como de las corporaciones Demeter Internacional, Diógenes International Consulting Corp., P.R. Agro-Terra International Corp., Embryo Service Inc., y Limones Agro-P.R. Inc.

Asimismo, con el propósito de determinar si los peticionarios Costas Elena y Russell McMillan, y sus...

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