Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Agosto de 2011 - 182 DPR 824

EmisorTribunal Supremo
Número del casoAC-2009-58
DTS2011 DTS 134
TSPR2011 TSPR 134
DPR182 DPR 824
Fecha de Resolución15 de Agosto de 2011

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ismael Serrano Rivera, Mayda

Enid Báez Lugo, ambos por sí

y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

Peticionarios

v.

Foot Locker Retail, Inc.

Recurrido

Certiorari

2011 TSPR 134

182 DPR 824, (2011)

182 D.P.R. 824 (2011), S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182:824

2011 JTS 140 (2011)

2011 DTS 134 (2011)

Número del Caso: AC-2009-58

Fecha: 15 de agosto de 2011

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Ponce Panel VIII

Juez Ponente: Hon. Sixto Hernández Serrano

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Miguel A. Arroyo Díaz

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo.

Luis D. Ortiz Abreu

Lcda.

Michelle L. Holley-Vázquez

Derecho Laboral, Discrimen en el empleo, Ley 100 de 1959 al amparo del Art. 1802 Código Civil, Cobro de Dinero. Para computar el término prescriptivo de un año para que una persona presente una causa de acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, comienza desde el instante en que el titular de la acción conoce que su consorte fue discriminado en su empleo.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2011.

En esta ocasión debemos expresarnos acerca de cuándo comienza el término prescriptivo que tiene una persona para reclamar al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, de manera contingente a la reclamación que haga su consorte por discrimen en el empleo al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como Ley contra el discrimen en el empleo, 29 L.P.R.A.

sec. 146 et seq.

Concluimos que en esas circunstancias el punto de partida para computar el término prescriptivo de un año para que una persona presente una causa de acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, comienza desde el instante en que el titular de la acción conoce que su consorte fue discriminado en su empleo.

I

El señor Serrano Rivera trabajó para Foot Locker Retail, Inc. (Foot Locker) desde agosto de 1978 hasta el 15 de octubre de 2002, fecha en que fue despedido de su empleo. Por lo anterior, el 22 de octubre de 2002 el señor Serrano Rivera presentó una reclamación contra Foot Locker por despido injustificado ante el Negociado de Normas del Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Negociado de Normas), conforme a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de indemnización por despido sin justa causa, 29 L.P.R.A.

sec. 185 et seq.1

No obstante lo anterior, el 13 de marzo de 2003 el señor Serrano Rivera desistió de la querella presentada ante el Negociado de Normas por la alegada tardanza de estos en la tramitación de la querella.2 Ese mismo día, el señor Serrano Rivera y la señora Báez Lugo (los peticionarios) remitieron una carta a Foot Locker por medio de su representación legal con el propósito expreso de interrumpir "cualquier término prescriptivo a favor de los reclamantes o sus familiares". En dicha carta, los peticionarios hicieron referencia a la querella presentada ante el Negociado de Normas, de la cual habían desistido.

Así las cosas, el 28 de agosto de 2003 el señor Serrano Rivera presentó otra querella contra Foot Locker, esta vez ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Unidad Antidiscrimen) por alegado discrimen por edad, conforme a la Ley Núm.

100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como Ley contra el discrimen en el empleo, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq. Así, el 9 de marzo de 2004 los peticionarios remitieron una segunda carta a Foot Locker por medio de su representación legal con la intención de interrumpir nuevamente el término prescriptivo de cualquier reclamación que resultara del despido del señor Serrano Rivera.

Según surge del expediente, posterior a la fecha del 9 de marzo de 2004 los peticionarios no cursaron a Foot Locker ninguna otra carta relacionada a sus reclamaciones, ni hicieron requerimiento extrajudicial sobre el alegado despido injustificado del señor Serrano Rivera conforme a la Ley Núm. 80, supra. Tampoco surge que Foot Locker haya admitido responsabilidad alguna por las alegaciones hechas por los peticionarios en sus reclamaciones.

Entretanto, el 14 de septiembre de 2006 la Unidad Antidiscrimen notificó al señor Serrano Rivera, con copia a Foot Locker, el cierre del caso ante ellos al amparo de la Ley Núm. 100, supra, dado al desistimiento del primero. Además, la Unidad Antidiscrimen informó al señor Serrano Rivera sobre la concesión del permiso que solicitó el 6 de septiembre de 2006 para litigar su caso al amparo de la Ley Núm. 100, supra.

Así, pues, el 15 de agosto de 2007 los peticionarios presentaron una demanda contra Foot Locker ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Por un lado, el señor Serrano Rivera reclamó indemnización al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 100, supra, por despido injustificado y discrimen por edad, respectivamente. También, el señor Serrano Rivera exigió el pago de beneficios marginales de empleados gerenciales conforme a una alegada "política de compensación de gastos de millaje por relocalización". De la misma forma, la señora Báez Lugo co-demandó a Foot Locker al amparo del Art. 1802 del Código Civil por daños y perjuicios como consecuencia del alegado discrimen contra el señor Serrano Rivera, su esposo.

Luego de varios trámites procesales, el 31 de julio de 2008 Foot Locker presentó una Moción de Sentencia Sumaria parcial en la que solicitó la desestimación de las reclamaciones del señor Serrano Rivera contra ellos por despido injustificado al amparo de la Ley Núm.

80, supra, y la reclamación de la señora Báez Lugo por daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, pues según alegaron, ambas causas de acción estaban prescritas al momento de presentar la demanda.3

Una vez evaluados los hechos materiales del caso que no estaban en controversia, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que tanto la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 80, supra, que presentó el señor Serrano Rivera, y la que presentó la señora Báez Lugo al amparo del Art. 1802 del Código Civil, habían prescrito.

Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjuicio ambas reclamaciones.4

Inconforme con la determinación del foro primario, el 18 de diciembre de 2008 los peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el que solicitaron la revocación de la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Por entender que la determinación recurrida era correcta, el 18 de junio de 2009 el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia mediante la cual confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. En desacuerdo con tal decisión, el 21 de julio de 2009 los peticionarios recurrieron ante este Tribunal, mediante recurso de apelación,5 señalando los siguientes errores:

  1. Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al sostener y confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia al resolver que la acción al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, de Mayda Enid Báez Lugo estaba prescrita.

  2. Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al sostener y confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia al resolver que la acción al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, de Ismael Serrano Rivera estaba prescrita.

Tras varios incidentes procesales, el 11 de junio de 2010 el caso de referencia quedó sometido en sus méritos para su adjudicación ante este Tribunal. Veamos la normativa aplicable a las controversias que hoy atendemos.

II

La prescripción extintiva es una institución de derecho sustantivo regulada por el Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1 et seq.

que constituye una forma de extinción de un derecho debido a la inercia en ejercer el mismo durante un tiempo determinado.6 De la misma forma, Castán define la prescripción extintiva como "un modo de extinción de los derechos por la inacción del titular de los mismos durante el tiempo determinado por la ley".7 En reiteradas ocasiones hemos expresado que con la prescripción extintiva lo que se busca es castigar la dejadez en el ejercicio de los derechos, así como los litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones, y así evitar que una de las partes quede en estado de indefensión.8 Conforme al Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303, la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

En el caso particular de la acción por daños y perjuicios establecida en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 5141, el término prescriptivo para entablar una reclamación al amparo de dicho estatuto es de un año desde que el agraviado supo del daño, según dispone el Art. 1868 del mismo Código, 31 L.P.R.A. sec. 5298.9 Acerca de lo anterior, hemos expresado que el término prescriptivo para entablar una acción al amparo del Art.

1802 del Código Civil, supra, comienza no sólo cuando el perjudicado conoció del daño, sino además, desde que conoció quién fue el autor del mismo, y los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción.10

Por otro lado, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de indemnización por despido sin justa causa, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq. establece en su sección 185(L) que "la acción para reclamar indemnización por un despido sin justa causa prescribirá por el...

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