Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 6 de Junio de 2012 - 185 DPR 789
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2012-239 |
| DTS | 2012 DTS 097 |
| TSPR | 2012 TSPR 097 |
| DPR | 185 DPR 789 |
| Fecha de Resolución | 6 de Junio de 2012 |
Certiorari
2012 TSPR 97
185 DPR 789, (2012)
185 D.P.R. 789 (2012), Pueblo v. Rodríguez Traverzo, 185:789
2012 JTS 110 (2012)
2012 DTS 97 (2012)
Número del Caso: CC-2012-239
Fecha: 6 de junio de 2012
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan
Abogados de la Parte Peticionaria: Oficina del FEI
Lcda. Zulma Fuster Troche
Lcdo. Manuel Nuñez Corrada
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Hilton J. García
Procedimiento Criminal, Regla 29, Jurisdicción y Competencia del Tribunal Tribunal con competencia para atender el caso según el lugar donde se cometió el delito. Para efectos de resolver cuál tribunal tiene competencia para atender los cargos que pesan sobre el señor Rodríguez, son de aplicación las disposiciones de la Regla 29 de Procedimiento Criminal, supra, que contempla situaciones que envuelven eventos delictivos perpetrados en más de un distrito. El Tribunal de Primera Instancia tiene competencia. Revocada.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de junio de 2012.
La controversia que se plantea a través del presente recurso se reduce a determinar los momentos y lugares en que se alega que fueron cometidos los delitos imputados al recurrido, con el propósito de resolver si más de una sala del Tribunal de Primera Instancia tiene competencia para atender el caso.
El 27 de enero de 2012 la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (FEI) presentó ocho (8) denuncias contra el ex representante a la Cámara de Representantes por el Distrito de Isabela, Sr.
Iván Rodríguez Traverzo (señor Rodríguez o el recurrido), ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Todas las denuncias son idénticas. Lo único que cambia es el nombre del empleado público que realizó los servicios alegadamente ilícitos para beneficio del recurrido.
En cuatro (4) de ellas se imputó violación al Artículo 255 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4883 (2010) (Artículo 255 del Código Penal), correspondiente al aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos. Las cuatro (4) denuncias restantes le atribuyen al señor Rodríguez haber infringido el Artículo 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Ley Núm. 12-1985, 3 L.P.R.A. secs. 1801-1853 (2011) (Artículo 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental). En síntesis, se alega que mientras el recurrido ocupaba el cargo de Representante a la Cámara, utilizó empleados públicos asignados a su oficina para limpiar y acondicionar un potrero en Quebradillas durante horas laborables, donde estaba programada la celebración de una actividad de recaudación de fondos para su campaña política. Se alega que la Oficina de Finanzas de la Cámara de Representantes en San Juan, Puerto Rico, efectuó el pago correspondiente a dichos empleados.
Luego de sometidas las denuncias, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes mostrar causa por la cual no debía ordenar el traslado del caso a la Región Judicial de Arecibo ya que, según la juez asignada al caso, la conducta delictiva había ocurrido en Quebradillas.
En respuesta, el señor Rodríguez sometió una Moción solicitando traslado de la causa criminal. De este modo coincidió con el enfoque del tribunal primario, a los efectos de que los delitos imputados se consumaron en Quebradillas, habida cuenta de que los trabajos alegadamente efectuados por los empleados públicos en cuestión se habían realizado en dicho lugar.
A pesar de la oposición del FEI, el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud del señor Rodríguez fundamentando su decisión como sigue:
[E]ntendemos que, al ser el momento y el lugar en que se consumó el delito ambos en el municipio de Quebradillas, esta Sala no cuenta con la competencia territorial para atender la acción penal. De conformidad, debemos ordenar el traslado del caso de epígrafe a la Región Judicial de Arecibo, por ser ésta la que ostenta la competencia .
Inconforme, el FEI acudió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual denegó expedir el auto de certiorari
solicitado mediante Sentencia de 29 de febrero de 2012.
En vista de ello, el FEI presentó ante nos una petición de certiorari, conjuntamente con una Moción Urgente en Auxilio de...
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