Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 16 de Octubre de 2012 - 186 DPR 1019
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CP-2010-11 |
| DTS | 2012 DTS 153 |
| TSPR | 2012 TSPR 153 |
| DPR | 186 DPR 1019 |
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2012 |
In re: José
Francois Soto Charraire
2012 TSPR 153
186 DPR 1019, (2012)
186 D.P.R. 1019 (2012), In re Soto Charraire, 186:1019
2012 JTS 166 (2012)
2012 DTS 153 (2012)
Número del Caso: CP-2010-11
Fecha: 16 de octubre de 2012
Abogado de la Parte Peticionaria: Por derecho propio
Oficina del Procurador General: Lcda. Zaira Girón Anadón
Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Conducta Profesional Se ordena el archivo por falta de prueba, clara, robusta y convincente en cuanto a violación del Canon 18 de Ética Profesional. Se ordena investigar si procede querella por violación al Canon 20
San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2012.
Tenemos ante nuestra consideración una querella presentada contra un abogado en la que se alega que su falta de diligencia ocasionó que no se consumara un divorcio por la causal de consentimiento mutuo entre la querellante, la Sra. Martha E. Baker Ruiz, y el Sr. Rubén O. Ferrero Bravo.
En ese caso, el ex cónyuge de la querellante se retractó de lo acordado y solicitó el desistimiento de la petición de divorcio, para luego solicitar el divorcio por la causal de separación. Por entender que lo alegado no se demostró mediante prueba clara, robusta y convincente, ordenamos el archivo de la querella presentada contra el Lcdo. José Francois Soto Charraire.
El licenciado Soto Charraire fue admitido al ejercicio de la abogacía y de la notaría en 1970. En 2008 la señora Baker Ruiz presentó una queja en su contra. En esencia, alegó que lo contrató para que la representara en un caso de divorcio por la causal de consentimiento mutuo, pero que este no se consumó debido a la falta de diligencia del abogado.
Especificó que el licenciado Soto Charraire desatendió su caso por un período de cinco meses, mientras representaba por cuenta propia al entonces esposo de la querellante y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, en un pleito civil incoado contra ellos. Al respecto, aseguró que ese caso competía únicamente al señor Ferrero Bravo y que este ya tenía representación legal.
Además, añadió que el abogado no presentó a tiempo la Petición de Divorcio ante el Tribunal y que no cumplimentó correctamente la Planilla de Información Personal y Económica (PIPE) requerida para ello. Finalmente, adujo que solicitó al abogado su renuncia, así como la devolución de los honorarios pagados y su expediente, pero que él no cumplió con lo solicitado.
La queja fue notificada al licenciado Soto Charraire y él la contestó dentro del término concedido. Según le fue ordenado, la Oficina del Procurador General presentó un informe de violaciones, al cual el abogado reaccionó oportunamente. En sus comparecencias, el licenciado Soto Charraire negó lo alegado por la querellante. Adujo que las partes lo autorizaron a intervenir en el pleito civil mencionado y acordaron que el abogado del señor Ferrero Bravo, el Lcdo. Catalino Soto Hestres, fuera el encargado de presentar la Petición de Divorcio ante el Tribunal. Respecto a la renuncia solicitada por la señora Baker Ruiz, alegó que la invitó a su oficina para retomar el caso o, de ello no ser posible, entregarle su expediente, pero ella no aceptó su invitación. Además, sostuvo que los honorarios cobrados estaban debidamente justificados, por lo que no procedía su devolución. Para apoyar su alegación, presentó un desglose de las gestiones realizadas y el tiempo invertido en cada una.
Luego de estudiar el informe y las reacciones de ambas partes, ordenamos al Procurador General formular cargos contra el licenciado Soto Charraire por violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Según lo ordenado, el Procurador General presentó la querella e imputó al abogado lo siguiente:
El Lic. José Francois Soto violó las disposiciones del Canon 18 [del Código] de Ética Profesional el cual, entre otras cosas, obliga a todo abogado a defender diligentemente los intereses de su cliente desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma en que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
En su explicación del cargo imputado, el Procurador General también concluyó que el abogado violó el Canon 18 de Ética Profesional, supra, "toda vez que no rembolsó a la querellante los honorarios cobrados por este al no haber trabajado diligentemente el caso, ni tampoco solicitó la renuncia al tribunal de su representación legal tal y como ésta se lo ha solicitado en varias ocasiones".1
Luego de que el licenciado Soto Charraire contestara la querella, nombramos como Comisionado Especial al Lcdo. Rubén Torres Dávila, quien celebró una vista en su fondo y emitió un informe. Durante la vista, solo testificó la señora Baker Ruiz. El Comisionado Especial encontró que, para noviembre de 2007, la Petición de Divorcio estaba debidamente juramentada. Sin embargo, existía un impedimento en cuanto a la división de los bienes gananciales: el único bien inmueble del matrimonio estaba a punto de venderse en ejecución en pública subasta como consecuencia de una sentencia recaída en su contra en un caso civil de daños. El monto debido alcanzaba los doscientos cinco mil dólares ($205,000). El licenciado Soto Charraire intervino en el caso civil mencionado y negoció con los abogados de la parte demandante para transigir el pleito por sesenta mil dólares ($60,000) y liberar el bien inmueble. Por estas gestiones, el querellado no cobró honorario alguno.
En cuanto al caso de...
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