Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 14 de Julio de 2014 - 191 DPR ____

EmisorTribunal Supremo
Número del casoCT-2014-4
DTS2014 DTS 086
TSPR2014 TSPR 086
DPR191 DPR ____
Fecha de Resolución14 de Julio de 2014


2014 DTS 086 OBISPO DE LA IGLESIA CATOLICA V.

SECRETARIO DE JUSTICIA, 2014TSPR086


EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Obispo de la Iglesia Católica de Puerto Rico Diócesis de Arecibo, Daniel Fernández Torres y su Vicario General Luis Colón Rivera

Peticionarios

v.

Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. César Miranda

Recurrido

2014 TSPR 86

191 DPR ____ (2014)

191 D.P.R. ____ (2014)

2014 DTS 86 (2014)

2014 JTS ____ (2014)

Número del Caso: CT-2014-4

Fecha: 14 de julio de 2014

Vease Sentencia y Opinión de Conformidad.

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2014

"[C]on la iglesia hemos dado, Sancho".1

Disiento enérgicamente de la determinación que hoy emite una mayoría de este Tribunal por entender que procede la entrega de la información requerida por el Departamento de Justicia, tal y como ordenó el Tribunal de Primera Instancia. En cambio, hoy una mayoría de este Tribunal devuelve el caso al foro primario para que celebre una vista evidenciaria innecesaria, concediéndoles así a los peticionarios una segunda oportunidad para corregir las deficiencias de la prueba que presentaron. Todo esto a pesar que la Opinión de conformidad concluye que los peticionarios tenían el peso de probar que cumplieron con los requisitos de la Regla 511 de Evidencia y que la prueba que obra en el expediente es insuficiente para llegar a tal conclusión.

Luego, la mayoría trastoca el balance consagrado en nuestra Constitución para otorgarle a los peticionarios poderes que exceden lo contemplado en nuestro ordenamiento, permitiéndoles invocar su derecho a la intimidad y libertad de culto para coartar la responsabilidad del Estado de investigar y encausar la comisión de delitos sexuales contra los más vulnerables: menores de edad alegadamente víctimas de delitos sexuales. Así, a través de fundamentos jurídicos contradictorios y ordenando un proceder desacertado y oneroso — tanto para el Estado, como para las víctimas — la mayoría de este Tribunal evade su responsabilidad de lograr justicia y adjudicar las controversias ante su consideración. Tenemos entonces que plantearnos: ¿quiénes protegen a los menores?

Pasemos entonces a resumir los hechos que sirven de trasfondo a esta controversia.

I

A raíz de una investigación sobre la posible comisión de varios delitos sexuales por parte de sacerdotes adscritos a la Diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica ("Diócesis"), el Departamento de Justicia, por conducto del Fiscal de Distrito de la Fiscalía de Arecibo, emitió varios subpoenas contra el Obispo de la Diócesis, Monseñor Daniel Fernández Torres ("Obispo"), y su Vicario General, Rev. Luis Colón García ("Vicario").

La información solicitada por medio de los subpoenas

estaba relacionada a una investigación interna que realizó la Diócesis tras recibir varias querellas denunciando conducta sexual inapropiada por parte de sacerdotes bajo su supervisión. La investigación se realizó conforme al procedimiento uniforme establecido por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, organismo que reúne a todos los obispos de la Iglesia Católica en Puerto Rico, para atender alegaciones de conducta sexual impropia. En este caso, el Obispo encomendó la investigación a su Vicario, quien entrevistó y tomó declaraciones de las víctimas, querellantes y demás testigos en ausencia de terceros y garantizándoles que la Diócesis mantendría lo comunicado en confidencialidad.

Además del Vicario, en la investigación también intervinieron el Obispo, notarios, consultores y profesionales que aportaron pericia, por lo que solamente algunos de los que intervinieron lo hicieron en capacidad de sacerdotes o clérigos de la Iglesia. La investigación produjo un expediente que recogió los documentos utilizados y preparados durante ésta. Posteriormente, los hallazgos fueron referidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo de la Iglesia Católica responsable de juzgar las infracciones graves cometidas contra la doctrina católica. La investigación culminó en la expulsión de seis (6) sacerdotes de la Diócesis.

Los primeros dos subpoenas en controversia fueron emitidos el 30 de enero de 2014, uno dirigido al Obispo y otro al Vicario. Específicamente, ambos subpoenas solicitaban que comparecieran o suministraran los nombres, direcciones y toda información relacionada a los querellantes, tanto menores como adultos, que han alegado ser víctimas de delitos sexuales cometidos por sacerdotes adscritos a la Diócesis durante los últimos diez (10) años, y los querellados. Además, solicitaron información sobre cómo la Diócesis y las personas responsables de atender las querellas resolvieron las mismas. Para cumplir con los requerimientos, el 6 de febrero de 2014 la Diócesis presentó una certificación suscrita por su Canciller, la cual únicamente contenía los nombres de los sacerdotes contra quienes se presentaron las querellas.

Inconformes con la información suministrada, el Fiscal de Distrito emitió dos subpoenas adicionales contra el Obispo.

El primero, emitido el 6 de febrero de 2014, le requirió suministrar la misma información solicitada mediante el primer subpoena en su contra. El segundo, emitido el 7 de febrero de 2014, lo citó a comparecer para entregar información sobre la investigación relacionada a los alegados delitos sexuales cometidos para el año 2009 por un sacerdote en particular, el ex sacerdote Edwin Mercado Viera. Ambos subpoenas citaron al Obispo para que compareciera a la Fiscalía de Arecibo el 12 de febrero de 2014 y entregara la información requerida.

El 12 de febrero, fecha en que el Obispo debía comparecer ante la fiscalía, el Obispo y su Vicario presentaron una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia. En la misma solicitaron que el Tribunal dictara sentencia declaratoria decretando la nulidad de los subpoenas

emitidos en su contra. Además, solicitaron un injunction preliminar y permanente al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R.57, para que se ordenara la paralización de los procedimientos investigativos que realiza el Departamento de Justicia sobre aquellos asuntos internos de la Diócesis de Arecibo que incidan directa o indirectamente sobre los dogmas, creencias y doctrinas de su religión católica. Los peticionarios alegaron que al entregar la certificación suscrita por el Canciller de la Diócesis el 6 de febrero de 2014 cumplieron con los requerimientos del Departamento de Justicia.

También alegaron que los subpoenas son nulos por violentar la cláusula constitucional que instituye la separación entre iglesia y estado, pues éste garantiza la libertad de culto y prohíbe el establecimiento de religión alguna.

Además, sostuvieron que los subpoenas

sufren de amplitud excesiva y colocan a la Diócesis en riesgo de sufrir un daño irreparable, pues la información solicitada es confidencial y entregarla laceraría su libertad de culto, la cual incluye la potestad de manejar sus asuntos internos y disciplinarios. Finalmente, alegaron que entregar dicha información violentaría los derechos de intimidad y dignidad de las víctimas de abuso sexual que voluntariamente acudieron a la Iglesia en virtud de las garantías de intimidad y privacidad provistas en el procedimiento canónico. Todo esto, pues sostienen que la mayoría de los veinte (20) casos de abuso sexual ya han prescrito y algunos no constituyen conducta delictiva, sino meros actos consensuales entre mayores de edad que no están tipificados como delitos.

El 19 de febrero de 2014, una de las alegadas víctimas que denunció conducta impropia ante la Diócesis, el interventor D.J.M.G., presentó una moción solicitando intervenir en el pleito y una Demanda de intervención. Indicó que actualmente tiene 23 años de edad, que entre las edades de 12 y 15 años fue abusado sexualmente por un sacerdote de la Diócesis y que hace tres años presentó una querella ante la Iglesia por los hechos ocurridos. Alegó que si los peticionarios divulgan la información solicitada por el Departamento de Justicia se verían afectados sus derechos constitucionales a la protección de su intimidad y dignidad, y el libre ejercicio de su religión católica. Amparándose en la Regla 511 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R.511, y la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, 25 L.P.R.A. 973 et seq, sostuvo que si la Diócesis cumplía con el requerimiento violaría el privilegio evidenciario que le permite impedir que el sacerdote que realizó la investigación divulgue lo que le comunicó. Esto, pues presentó la querella y participó en la investigación de la Diócesis con la expectativa de que la Iglesia protegería la confidencialidad de la investigación.2

En cuanto a la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos, el interventor sostiene que ésta garantiza la confidencialidad de la información en posesión de la Diócesis que lo pueda identificar y prohíbe que se divulguen las comunicaciones confidenciales que realizó. Expone que utilizó el mecanismo confidencial que le proveyó la Diócesis, pues según sus creencias religiosas entiende que es un asunto a dilucidarse internamente, dentro de la Iglesia Católica, y no le interesa que el asunto sea investigado por el Estado. Por ser mayor de edad, razonó que tiene derecho a defender su intimidad y evitar que sus problemas personales se diluciden públicamente en un juicio criminal.

El 20 de febrero de 2014, el Estado compareció al pleito y solicitó la desestimación de la demanda por ésta no exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio y no cumplir con los requisitos para conceder un injunction preliminar o permanente.

Adicionalmente, alegó que el Secretario de Justicia tiene facultad en ley para investigar y procesar todos los casos de...

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