Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 9 de Abril de 2014 - 190 DPR ____
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2013-889 |
| DTS | 2014 DTS 56 |
| TSPR | 2014 TSPR 056 |
| DPR | 190 DPR ____ |
| Fecha de Resolución | 9 de Abril de 2014 |
Certiorari
2014 TSPR 56
190 DPR ____ (2014)
190 D.P.R. ____ (2014)
2014 DTS 56 (2014)
Número del Caso: CC-2013-889
Fecha: 9 de abril de 2014
Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Ponce
Oficina de la Procuradora General: Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Mónica Cordero Vázquez
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Nicolás Rivera Pérez
Procedimiento Criminal, Reglas 68 y 72; Ley 54, Violencia Doméstica, Alegaciones preacordadas: Imposibilidad de rechazar acuerdo después de ser aprobado por el juez o jueza.
Un juez no puede, motu proprio, dejar sin efecto una alegación preacordada que ya fue aceptada por el tribunal por el cambio de posición de la víctima al respecto. El proceder menoscabó los derechos constitucionales del acusado.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2014.
En esta ocasión, debemos determinar si un juez puede, motu proprio, dejar sin efecto una alegación preacordada que ya fue aceptada por el tribunal por el cambio de posición de la víctima al respecto. Resolvemos que no. Por consiguiente, revocamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que resolvió lo contrario.
El Ministerio Público presentó una denuncia contra el Sr. Nataniel Acosta Pérez por infringir el Art. 2.8 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica", 8 L.P.R.A. secs. 601 et seq. (Ley Núm. 54). Particularmente, le imputó violar una orden de protección expedida a favor de su ex pareja consensual al comunicarse con ella en varias ocasiones por mensajes de texto. El Tribunal de Primera Instancia determinó causa para arresto. El señor Acosta Pérez renunció a la vista preliminar, se determinó causa para acusar y se presentó la acusación correspondiente por violación al Art. 2.8 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A. sec. 628, el cual dispone lo siguiente:
Cualquier violación a sabiendas de una orden de protección expedida de conformidad con este capítulo, será castigada como delito grave de tercer grado en su mitad inferior.
No obstante, lo dispuesto por la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendada, Ap. II del Título 34, aunque no mediare una orden a esos efectos, todo oficial del orden público deberá efectuar un arresto, si se le presenta una orden de protección expedida al amparo de este capítulo o de una ley similar, contra la persona a ser arrestada, o si determina que existe dicha orden mediante comunicación con las autoridades pertinentes y tienen motivos fundados para creer que se han violado las disposiciones del mismo. (Énfasis suplido).
El día de la vista sobre lectura de acusación, la defensa del señor Acosta Pérez y el Ministerio Público suscribieron un preacuerdo titulado "Recomendación de alegaciones preacordadas". Este consistía en reclasificar el Art. 2.8, supra, a Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A.
sec. 631, que establece que "[t]oda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual para causarle grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior". (Énfasis suplido). Según lo acordado, el Ministerio Público sugeriría una pena de 1 año, 9 meses y 1 día, y referiría a informe pre-sentencia para un posible programa de desvío. La Moción sobre Alegación Preacordada firmada por el acusado, su abogado y la Fiscal del caso- advertía que, si el Tribunal no aceptaba la recomendación del Ministerio Público, el acusado no tendría derecho a retirar la alegación de culpabilidad hecha. Apéndice, pág.
29. El acusado renunció a su derecho a juicio por jurado y se declaró culpable.
El Tribunal de Primera Instancia aceptó el preacuerdo.
Acto seguido, refirió el caso a informe pre-sentencia para evaluar si el acusado cualificaba o no para el programa de desvío establecido en el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A. sec. 636.
Sin embargo, en la vista de sentencia, la ex pareja consensual del acusado se opuso al programa de desvío y manifestó que temía por su seguridad, a pesar de que inicialmente había expresado su conformidad con dicho proceder. En vista de la oposición de la perjudicada, el Tribunal de Primera Instancia determinó que "el cambio de posición de la parte perjudicada afecta la alegación de culpabilidad y la Regla 72 alcanzada en este caso".
Apéndice, pág. 23. De esta forma, dejó sin efecto la alegación de culpabilidad y revirtió el caso a la etapa de vista preliminar, sin que la defensa o el Ministerio Público lo hubieran solicitado.
En desacuerdo, el Ministerio Público acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Ese foro denegó el recurso presentado, por entender que la oposición de la perjudicada a la concesión del programa de desvío constituye un incumplimiento del Ministerio Público con la alegación preacordada.
Todavía insatisfecho, el Ministerio Público representado por la Oficina de la Procuradora General acudió ante nos. Enfatizó que en este caso la defensa no solicitó retirar la alegación preacordada, sino que fue el foro primario quien motu proprio levantó el asunto. Esto, sin que estuviera presente alguna de las instancias que le permitirían así hacerlo, a saber, falta de voluntariedad de la alegación realizada, representación legal inadecuada o algún otro factor que afecte la conciencia que el señor Acosta Pérez tenía al acoger el preacuerdo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba