Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 9 de Marzo de 2015

EmisorTribunal Supremo
DTS2015 DTS 021
TSPR2015 TSPR 021
Fecha de Resolución 9 de Marzo de 2015


2015 DTS 021 IN RE: APROBACION DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS 2015TSPR021


EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

-Resolución del Tribunal Supremo

Aprobación de los Derechos Arancelarios pagaderos a los(as) Secretarios(as), los(as) Alguaciles(as) y a otro personal de la Rama Judicial que ejerce funciones de recaudación Para eliminar el inciso (d) del Artículo 10.9; enmendar los Artículos 18.1, 19.1, 19.9 y 19.10 del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, según enmendado.
ER-2015-1
ER-2015-2

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2015

La difícil situación económica que aqueja al País y de la cual la Rama Judicial no está exenta, exige que tomemos medidas urgentes para evitar el colapso operacional de nuestro sistema de justicia. Esta coyuntura requiere sopesar diversas alternativas y tomar las decisiones responsables para minimizar el traslado de más tribunales y evitar el despido de empleados. Por ello estoy conforme con la Resolución que antecede.

En el último año, el presupuesto de la Rama Judicial sufrió un recorte significativo. Como consecuencia se han tomado decisiones responsables para reducir gastos y viabilizar la administración de la justicia.

Por ejemplo, se tomaron medidas administrativas para disminuir costos operacionales, se redujeron significativamente los contratos por servicios, se cancelaron y renegociaron contratos de arrendamiento, se concretó la mudanza de la Oficina de Administración de los Tribunales y del Tribunal de Apelaciones, así como el traslado de las operaciones de algunos tribunales a otros.1 Lo anterior, sin embargo, no es suficiente para contrarrestar el impacto ocasionado por la reducción presupuestaria. Nos corresponde hacer mucho más, actuando valientemente, con sensibilidad y a tono con nuestra ineludible realidad fiscal.

Un análisis desapasionado y objetivo del problema revela que no hay una solución perfecta; sino que estamos obligados a mirar el macro de nuestros gastos e ingresos para tomar las decisiones responsables que tenemos que tomar. Estas decisiones no se toman a la ligera ni mucho menos con indiferencia hacia los distintos sectores de nuestra sociedad y sus particulares reclamos. Todo lo contrario. Precisamente porque somos conscientes de los problemas económicos que a todas y todos nos han afectado es que actuamos responsablemente para atajar a tiempo el déficit presupuestario. Nuestras actuaciones van dirigidas a mantener abierto el mayor número de tribunales, garantizar el acceso a la justicia -que nunca dejará de ser una prioridad de este Tribunal- y salvaguardar a toda costa el empleo de nuestros funcionarios.

Estoy convencida que ante la complejidad de los problemas que tenemos que enfrentar, la mera retórica no es una herramienta práctica. Le hacemos un flaco servicio al País si ignoramos las decisiones forzosas que se tienen que tomar en pro de la ciudadanía y de los empleados de la Rama Judicial.

Estoy igualmente convencida que la decisión que hoy toma una mayoría de este Tribunal no es arbitraria, sino...

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