Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 9 de Marzo de 2015
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DTS | 2015 DTS 022 |
| TSPR | 2015 TSPR 022 |
| Fecha de Resolución | 9 de Marzo de 2015 |
Aprobación de los Derechos Arancelarios pagaderos a los(as)
Secretarios(as), los(as) Alguaciles(as) y
Véase Resolución del Tribunal Supremo.
Voto Particular de Conformidad emitido por la Jueza Asociada ORONOZ RODRÍGUEZ, al cual se une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2015
La difícil situación económica que aqueja al País y de la cual la Rama Judicial no está exenta, exige que tomemos medidas urgentes para evitar el colapso operacional de nuestro sistema de justicia. Esta coyuntura requiere sopesar diversas alternativas y tomar las decisiones responsables para minimizar el traslado de más tribunales y evitar el despido de empleados. Por ello estoy conforme con la Resolución que antecede.
En el último año, el presupuesto de la Rama Judicial sufrió un recorte significativo. Como consecuencia se han tomado decisiones responsables para reducir gastos y viabilizar la administración de la justicia. Por ejemplo, se tomaron medidas administrativas para disminuir costos operacionales, se redujeron significativamente los contratos por servicios, se cancelaron y renegociaron contratos de arrendamiento, se concretó la mudanza de la Oficina de Administración de los Tribunales y del Tribunal de Apelaciones, así como el traslado de las operaciones de algunos tribunales a otros.1 Lo anterior, sin embargo, no es suficiente para contrarrestar el impacto ocasionado por la reducción presupuestaria. Nos corresponde hacer mucho más, actuando valientemente, con sensibilidad y a tono con nuestra ineludible realidad fiscal.
Un análisis desapasionado y objetivo del problema revela que no hay una solución perfecta; sino que estamos obligados a mirar el macro de nuestros gastos e ingresos para tomar las decisiones responsables que tenemos que tomar. Estas decisiones no se toman a la ligera ni mucho menos con indiferencia hacia los distintos sectores de nuestra sociedad y sus particulares reclamos. Todo lo contrario. Precisamente porque somos conscientes de los problemas económicos que a todas y todos nos han afectado es que actuamos responsablemente para atajar a tiempo el déficit presupuestario. Nuestras actuaciones van dirigidas a mantener abierto el mayor número de tribunales, garantizar el acceso a la justicia -que nunca dejará de ser una prioridad de este Tribunal- y salvaguardar a toda costa el empleo de nuestros funcionarios.
Estoy convencida que ante la complejidad de los problemas que tenemos que enfrentar, la mera retórica no es una herramienta práctica. Le hacemos un flaco servicio al País si ignoramos las decisiones forzosas que se tienen...
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