Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 14 de Julio de 2017 - 198 DPR (2017)
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | AB-2012-46 |
| DTS | 2017 DTS 133 |
| TSPR | 2017 TSPR 133 |
| DPR | 198 DPR (2017) |
| Fecha de Resolución | 14 de Julio de 2017 |
2017 TSPR 133
198 DPR ___ (2017)
198 D.P.R. ___ (2017)
2017 DTS 133 (2017)
Número del Caso: AB-2012-46
Fecha: 14 de julio de 2017
Abogado de la promovida: Lcdo.
Guillermo Figueroa Prieto
Oficina del Procurador General: Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Conducta Profesional
Resolución de censura enérgicamente a la licenciada Vélez Colón y se archiva la queja presentada en su contra. Tiene Voto particular de conformidad y votos particulares disidentes.
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2017.
[D]ebemos recordar que el respeto hacia los tribunales y la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados contra los jueces no sólo están entre los pilares fundamentales sobre los que se erige nuestro código deontológico, sino que también sobre ellos descansa la buena marcha de los procedimientos judiciales y la confianza que el público deposita en ellos. In re Sánchez Ramos, 174 DPR 453, 469 (2008).
El deber que tenemos todos los miembros de la profesión jurídica de instituir y mantener un orden jurídico, íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía, nos impide avalar las actuaciones llevadas a cabo por la Lcda. Sonia I. Vélez Colón. Estas, las cuales se discutirán a continuación, constituyeron una violación al Código de Ética Profesional y, sin lugar a dudas, deben ser motivo de una sanción disciplinaria. Además, toda vez que las mismas no están en controversia, procedemos a resolver sin otro trámite ulterior. 1
I
En diciembre de 2011, surgieron unas denuncias relacionadas a la mala utilización de personal, propiedad y fondos públicos por parte del Ex Juez Presidente de este Tribunal, Hon. Federico Hernández Denton. Tanto la Rama Legislativa como la Ejecutiva iniciaron sendas investigaciones en cuanto a dichas denuncias.
Por su parte, la licenciada Vélez Colón, excediéndose de sus poderes y facultades como Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), el 13 de enero de 2012, contrató al Lcdo. Cesár López Cintrón para que iniciara una investigación.
Del contrato del licenciado López Cintrón surge una descripción sumamente laxa y escueta del tipo de investigación que este llevaría a cabo, a saber, "una investigación [...] a la luz de los señalamientos públicos que recientemente se han formulado sobre el uso de recursos y fondos públicos en la Rama Judicial". Además, del mismo documento se desprende que este cobraría doscientos (200) dólares por cada hora trabajada.
Es sumamente importante resaltar que dicho contrato se mantuvo a espaldas de la mayoría de los miembros de esta Curia. No fue hasta el 26 de enero de 2012 que dicha mayoría se enteró por El Nuevo Día, periódico que le realizó una entrevista a la licenciada Vélez Colón sobre el particular y cuya portada leía "Histórica Pesquisa al Supremo", que la licenciada Vélez Colón había contratado al licenciado López Cintrón para que realizara una investigación que incluiría aspectos de seguridad, y el uso de recursos y fondos públicos por parte de los Jueces y Juezas de este Tribunal. Ello, como secuela de las denuncias presentadas en contra del Hon. Federico Hernández Dentón.
Ante la sorpresiva e improcedente investigación, el mismo 26 de enero de 2012, seis (6) Jueces de este Tribunal emitieron una comunicación pública. Allí, expresaron su preocupación en cuanto al daño que la referida investigación podía causar a la Rama Judicial. Específicamente, señalaron, en lo pertinente, lo siguiente:
Desde que juramos a nuestros cargos hemos insistido en que los fondos y recursos de la Rama Judicial se utilicen adecuadamente y con transparencia. Velar por el buen uso de los recursos y fondos públicos es un fin legítimo y ha sido nuestra política que al pueblo se le rinda cuenta de ello. Sin embargo, ante las serias imputaciones que confronta el Juez Presidente Federico Hernández Denton, resulta altamente sospechosa e inoportuna la contratación de un ex fiscal especial independiente para realizar una investigación a razón de $200.00 por hora hasta un máximo de $100,000 en 6 meses. Esto, en momentos en que los empleados de la Rama Judicial le exigen justicia salarial y se alega de parte de la OAT falta de recursos.
Nuestro deber ministerial es velar por la transparencia y la corrección de todos los procesos administrativos en nuestra Rama. No es apropiado realizar transacciones con fondos públicos para interferir con procesos legítimos e investigativos de otras ramas de gobierno. Esto es de suma importancia ya que es de conocimiento general que varios alguaciles y otros funcionarios han testificado en dichos procesos los cuales están en curso al presente.
Iniciar una investigación en estas circunstancias no constituye un fin público y lesiona el buen nombre de los jueces y juezas de toda la Rama Judicial.
Un día después, el 27 de enero de 2012, el Periódico El Nuevo Día, en una noticia titulada "No se cruzará de brazos", reseñó lo acontecido en una entrevista que se le realizó al Hon. Federico Hernández Denton y a la licenciada Vélez Colón en relación a la llamada "pesquisa". De la noticia se desprende que, sobre el particular, la licenciada Vélez Colón expresó lo siguiente: "cuando uno se mete a la guerra quizás no recibe un tiro, pero un raspacito viene. Así que si hay raspazo, de eso se trata, de sanar y de curar". Dichas expresiones desafiantes e intimidantes que hacían referencia a un aparente estado de guerra dentro de la Rama Judicial eran indicativas de que la licenciada Vélez Colón olvidaba, entre otros asuntos, que uno de sus deberes como Directora de la OAT era propender a la administración óptima de la justicia y de la Rama Judicial.
Dado que este Tribunal siempre ha promulgado "un sistema judicial independiente con una administración efectiva e imparcial de la justicia cimentada en la confianza de la ciudadanía",2 no podíamos quedarnos inertes ante las circunstancias descritas. Así, el 1 de febrero de 2012, mediante Resolución, este Tribunal aprobó las Reglas para los Procedimientos de Investigaciones Especiales Independientes de la Rama Judicial. Ello, para proveer un mecanismo efectivo y transparente que rigiera todos los procedimientos investigativos realizados con fondos de la Rama Judicial y relacionados con el uso de su personal, asignación, fiscalización de fondos y de recursos judiciales. Es preciso destacar que, en la Resolución mencionada, este Tribunal expresó su completa desaprobación a las actuaciones de la licenciada Vélez Colón:
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no le reconoce a la Administración de Tribunales autoridad para realizar investigaciones disciplinarias sobre la conducta de los Jueces y Juezas del Tribunal Supremo. [...].
Más aun, resulta inapropiado que una funcionaria de confianza del Juez Presidente contrate servicios para realizar una investigación sobre el uso de los fondos de la Rama Judicial relacionada con los serios señalamientos contra el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, a quien ésta responde directamente. Lejos de fomentar la transparencia de los procedimientos e impulsar la confianza del Pueblo en nuestro sistema, estas actuaciones pueden constituir represalias e interferencias con testigos de las investigaciones realizadas por otras ramas de Gobierno. In re Aprobación de las Reglas para los Procedimientos de Investigaciones Especiales Independientes de la Rama Judicial, res. de 1 de febrero de 2012, 184 DPR 500, 501-502 (2012).
En conformidad con dicho sentir y las nuevas Reglas aprobadas, este Tribunal aprobó otra Resolución el 1 de febrero de 2012. Véase In re Designación de Miembros de la Comisión Especial Independiente y Adopción de Medidas Relacionadas, res.
de 1 de febrero de 2012, 184 DPR 507 (2012). Mediante esta, se constituyó una Comisión Especial Independiente para investigar el uso de fondos y recursos públicos de la Rama Judicial, así como los desembolsos por parte de la OAT y su Directora. Además, se le ordenó a la licenciada Vélez Colón que, de manera inmediata, dejara sin efecto el contrato otorgado al licenciado López Cintrón y cualquier otra contratación relacionada con la investigación. Ello, tras destacar que las actuaciones de esta levantaban "serias interrogantes de índole constitucional y legal".
El 2 de febrero de 2012, el licenciado López Cintrón le cursó una comunicación a la licenciada Vélez Colón en la que le informó que, de conformidad con la Resolución antes mencionada, renunciaría al contrato otorgado y no facturaría cantidad alguna por los servicios realizados hasta dicha fecha, los cuales incluyeron el examen de las imputaciones en contra del Hon. Federico Hernández Denton y la solicitud a este último de evidencia en cuanto a las referidas imputaciones.3
El 21 de febrero de 2012, seis (6) Jueces de este Tribunal emitieron un voto de conformidad en relación a las dos Resoluciones aprobadas. Entre otros asuntos, manifestaron lo siguiente:
En Noriega v.
Gobernador...
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