Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 27 de Diciembre de 2017 - 198 DPR (2017)
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | AC-2016-106 |
| DTS | 2017 DTS 204 |
| TSPR | 2017 TSPR 204 |
| DPR | 198 DPR (2017) |
| Fecha de Resolución | 27 de Diciembre de 2017 |
Hon.
María E. Meléndez Altieri, Alcaldesa de Ponce, y Municipio Autónomo de Ponce
Certiorari
2017 TSPR 204
198 DPR ___ (2017)
198 D.P.R. ___ (2017)
2017 DTS 204 (2017)
Número del Caso: AC-2016-106
Fecha: 27 de diciembre de 2017
Región Judicial de Ponce
Abogado de la parte Peticionaria: Lcdo. Héctor Méndez Loucil
Abogado de la parte Recurrida: Lcdo. Marieli Paradizo Pérez
Expropiación Forzosa
No es prematura una acción de expropiación forzosa a la inversa presentada luego de que ocurre una incautación física y permanente de la propiedad pero antes de que transcurra el período de ocho años de reserva de la Ley de Expropiación Forzosa. Se revoca al TA.
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 2017.
¿Resulta prematura una acción de expropiación forzosa a la inversa presentada luego de que ocurre una incautación física y permanente de la propiedad pero antes de que transcurra el período de ocho años de reserva de la Ley de Expropiación Forzosa? Por los fundamentos a continuación, respondemos que no.
A.Trasfondo
El caso ante nuestra consideración tiene su génesis en una serie de deslizamientos de terrenos en la Comunidad Reparto Cerca del Cielo del Barrio Canas de Ponce. La situación se recrudeció en el 2007, cuando varios terrenos, caminos y estructuras del área se agrietaron a causa de los deslizamientos. Esto colocó en riesgo la seguridad de los residentes del área, a tal punto que el Gobierno de Puerto Rico y el Municipio de Ponce encaminaron medidas de emergencia para desalojar a los residentes del área y expropiar sus residencias. La Sra.Frances I. Torres Marrero (peticionaria), estuvo entre las personas desalojadas de su residencia a raíz de los deslizamientos.1
El 26 de octubre de 2007, el Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz, entonces Gobernador Interino de Puerto Rico, emitió la Orden Ejecutiva Núm.
2007-43. Mediante esta orden, declaró un estado de emergencia en la Comunidad Reparto Cerca del Cielo y autorizó el desembolso de fondos para realizar un estudio geotécnico de la comunidad, diseñar y construir un acceso alterno a la comunidad, atender a las familias afectadas por los deslizamientos y cubrir los gastos extraordinarios en los que incurriera el Municipio de Ponce al atender la situación. Así también, se le asignaron fondos al Departamento de la Vivienda para cubrir por un año el alquiler de una vivienda para las familias de ingresos bajos o moderados cuyas residencias ubicaran en el área de riesgo.
El 10 de octubre de 2008, la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias declaró en estado de ruina varias propiedades mediante la Certificación de Recomendación de Desalojo de Residencias en Comunidad Reparto Cerca del Cielo. Esta certificación recomendó el desalojo permanente de varias familias ubicadas en áreas que constituían un "potencial peligro a la vida debido a la inestabilidad del terreno y daños a las estructuras".2
Entre las propiedades en estado de ruina, la certificación incluía la propiedad de la peticionaria.3
Posteriormente, el 31 de octubre de 2008, el Hon. Aníbal Acevedo Vilá, entonces Gobernador de Puerto Rico, emitió la Orden Ejecutiva Núm.
2008-56, la cual enmendó la Orden Ejecutiva Núm. 2007-43. Esta a su vez reconoció la continuación de los deslizamientos y la necesidad de establecer medidas de mitigación en la zona para estabilizar el terreno. Por esta razón, la orden asignó fondos para desarrollar las medidas de mitigación, lo cual incluiría "la adquisición del terreno para realizar la mitigación y, a su vez, la expropiación de las propiedades allí comprendidas y la demolición de las mismas".4 La orden además asignó fondos adicionales para la construcción del acceso alterno que se había ordenado previamente, así como para la instalación de una tubería que reestablecería el servicio de agua en el área.
El 19 de febrero de 2009, el Senado aprobó una Resolución Conjunta para asignar $8.3 millones para el desarrollo del plan de mitigación en la Comunidad Reparto Cerca del Cielo, la construcción del nuevo acceso a la comunidad y la expropiación de veinte propiedades que la propia resolución identifica por dirección y nombre del residente.5
Nuevamente, una de las propiedades incluidas en esa resolución constituye la residencia de la peticionaria, ubicada en la Calle Apóstoles, B-4.6
No obstante, la medida no se aprobó por la Cámara de Representantes.7
El 4 de septiembre de 2009, el Hon. Luis G. Fortuño Burset, entonces Gobernador de Puerto Rico, emitió la Orden Ejecutiva Núm. 2009-27. Entre otras cosas, esta orden autorizó el desembolso de fondos que antes habían sido presupuestados pero no asignados propiamente a las agencias que sufragarían los costos de las medidas establecidas, así como al Municipio de Ponce. En cuanto a este último, la orden le asignó $7.8 millones para "atender las necesidades de la Comunidad mediante medidas de asistencia social que pueden incluir, sin limitación, la adquisición de terrenos para realizar mitigación, la expropiación y demolición de propiedades para salvaguardar la seguridad pública, el diseño y construcción de nuevas vías de acceso a la Comunidad, y apoyo y asistencia a los residentes de la Comunidad".8
Durante este tiempo, el Municipio de Ponce adquirió diecinueve propiedades que la certificación de la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias (OEME) recomendó para desalojo permanente.9 Sin embargo, a pesar de figurar entre las residentes recomendadas para desalojo permanente y hacer múltiples gestiones al respecto, la peticionaria no ha recibido oferta de parte del Municipio para compensarle por su propiedad.
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Procedimiento judicial
El 9 de septiembre de 2010, la señora Torres Marrero presentó una demanda de expropiación a la inversa contra el Municipio Autónomo de Ponce y su alcaldesa, la Hon. María Meléndez Altieri. La señora Torres Marrero solicitó que se le pagara una justa compensación por la pérdida de su propiedad, tras habérsele desalojado debido a los desplazamientos de terreno. Sostuvo que, al igual que otros residentes, se le debía compensar por el valor de su propiedad, que al momento del desalojo tasaba $302,000. Señaló que el Gobierno había presupuestado fondos a esos efectos y sin embargo el Municipio no le había compensado.
El Municipio contestó la demanda y planteó que la demanda era prematura debido a que el trámite administrativo para la adquisición de la propiedad estaba en proceso. También levantó las defensas de prescripción y enriquecimiento injusto. Luego de algunos trámites procesales, el Municipio presentó una Moción de Desestimación en la que alegó que la demanda no exponía una reclamación que justificara la concesión de un remedio. En esencia, negó que de la reclamación de la señora Torres Marrero se desprendiera una incautación que hiciera aplicable la figura da la expropiación a la inversa.
Además, negó que las órdenes ejecutivas aprobadas le obligaran a adquirir la propiedad de la demandante, pues a su juicio sus acciones iban dirigidas a evitar riesgos y no a apropiarse del inmueble en cuestión.
La señora Torres Marrero replicó la Moción de Desestimación y a su vez presentó una Moción de Sentencia Sumaria. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria luego de examinar las estipulaciones de las partes en el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados. Según el foro primario, de las estipulaciones surgía que el Municipio de Ponce había incautado la propiedad de la demandante, por lo que procedía la justa compensación que esta última solicitaba. Para llegar a esta conclusión, se dejó llevar por la certificación de la OEME, las órdenes ejecutivas aprobadas por el Gobernador y las estipulaciones de las partes de que la demandante había sido desalojada de su propiedad desde el 2007 y que su residencia se encontraba entre las que la OEME recomendó para desalojo permanente.
El Municipio de Ponce recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Ese foro revocó al foro primario y sostuvo que el caso no era propicio para disposición sumaria, pues ameritaba que se celebrara una vista para dilucidar todas las alegaciones y defensas en un caso complejo que a la vez involucraba cuestiones de interés público.
Devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia, ese foro celebró un juicio, desfiló prueba e incluso llevó a cabo una inspección ocular.
Entre las estipulaciones de las partes y sus propios hallazgos fácticos, el foro primario realizó varias determinaciones de hechos resumidas a continuación:
(1) al amparo de una orden ejecutiva, el 7 de noviembre de2008 el personal del Municipio de Ponce desalojó a la demandante de su propiedad debido a la inestabilidad del terreno de Reparto Cerca del Cielo y los deslizamientos que ocurrieron en el 2007;
(2) la demandante recibió asistencia económica del Municipio de Ponce hasta diciembre de 2012 para el pago de cánones de arrendamiento tras ser desalojada;
(3) varios propietarios recibieron ofertas para ser compensados por un setenta u ochenta por ciento del valor de las propiedades de acuerdo a una opinión de valor que recibió el Municipio de Ponce;
(4) el Municipio de Ponce adquirió varias propiedades inmuebles que la certificación de la OEME declaró en estado de ruina;
(5) la demandante hizo gestiones con el Municipio para que se le pagara por su propiedad;
(6) el...
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